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Diputada Leivy Bautista y su esposo demandan a comentarista radial y a empresas de Alofoke

La legisladora y el empresario acusan a Eduardo Saint-Hilaire y a empresas vinculadas a Alofoke de difundir señalamientos "falsos"

Reclaman RD$100 millones en indemnización

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Diputada Leivy Bautista y su esposo demandan a comentarista radial y a empresas de Alofoke
La diputada Leivy Bautista. (FUENTE EXTERNA)

La diputada Leivy Bautista y su esposo, el empresario Lugel Gasilie (Jean Claude), interpusieron ayer una querella penal con constitución en actor civil, ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en contra del comentarista Eduardo Saint-Hilaire Ramírez, panelista del programa "Esto no es Radio Show", y Alofoke Media Group y Alofoke Music como terceros civilmente responsables.

Según el documento de la demanda, la acción judicial se fundamenta en presuntos delitos de difamación e injuria cometidos a través de medios electrónicos, tipificados en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Código Penal Dominicano.

De acuerdo con la querella, Saint-Hilaire realizó de forma pública reiteradas acusaciones consideradas falsas y difamatorias, al vincular al empresario Jean Claude con supuestas actividades delictivas como narcotráfico, contrabando, tráfico de armas y crimen organizado.

La demanda incluye a las empresas Alofoke Media Group y Alofoke Music por su vinculación con la producción y difusión del programa.

Acusaciones y daños reclamados

El documento indica que las declaraciones del comentarista afectaron la dignidad de la diputada Bautista y causaron perjuicios morales a sus hijos menores.

Sostiene que estas implicaron indirectamente a otros miembros del entorno familiar, incluida la propia Bautista, a quien se le habría vinculado de manera implícita con la supuesta estructura criminal, ampliando el alcance del descrédito.

La querella sostiene que el comentarista también insinuó que la posición política de Batista había sido obtenida con "dinero del contrabando", lo que, según el documento, la vincula indirectamente con recursos ilícitos y afecta su honor y trayectoria.

Los denunciantes califican estas expresiones como una campaña de descrédito y reclaman una indemnización de 100 millones de pesos por concepto de daños morales, personales y reputacionales.

  • La defensa legal de los querellantes está a cargo del abogado Miguel Valerio.
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