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Apresan prófugo imputado de matar a un puertorriqueño en Santiago

Las autoridades señalan al detenido de perpetrar un asalto en un car wash y disparar contra el extranjero

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Apresan prófugo imputado de matar a un puertorriqueño en Santiago

El Ministerio Público ejecutó el apresamiento de un hombre que se encontraba prófugo tras ser señalado de la muerte de un puertorriqueño durante un asalto en el mes de abril en un car wash en la provincia Santiago.

Saúl Hernández, de 28 años de edad, se entregó a las autoridades el pasado viernes, en compañía de un familiar, para responder a la imputación de provocar la muerte, por heridas de arma de fuego, del boricua Raymond Clemente Navarro.

El fallecimiento de Clemente Navarro se produjo luego de que presuntamente Hernández se presentara armado al negocio de lavado de vehículos, junto al nombrado Willi José León García (Willito), apresado y sometido a la justicia, así como otro hombre que se encuentra prófugo. 

El órgano acusador afirma que tras disparar a la víctima los asaltantes lo despojaron de sus pertenencias.

La fiscal Andry De Los Santos, directora de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), ejecutó el arresto mediante la orden judicial número 2026-AJ0030953-2, emitida el pasado 19 de abril, por la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.

Saúl Hernández se entregó en el parqueo del Centro de Intervención Conductual para Hombres de Santiago, agrega un comunicado de prensa de la Procuraduría General.

La instancia con la solicitud de orden de arresto fue suscrita por Pedro L. Martínez Roque, procurador fiscal adscrito a la Fiscalía de Santiago, miembro del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas (Homicidio).

Se someterá a la justicia en las próximas horas

El Ministerio Público procederá en las próximas horas con el sometimiento a la justicia de Hernández ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago para conocerle medidas de coerción.

El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 302, 304, 379 y 384 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la asociación de malhechores, el asesinato y robo.

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