Ministerio Público solicita rechazar devolución de celular a exfuncionario imputado en caso Intrant
El órgano acusador afirmó que el teléfono móvil constituye una prueba importante dentro del proceso judicial
Diario Libre
El Ministerio Público (MP) solicitó que se declare inadmisible la petición del exfuncionario del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para que se le devuelva un celular Samsung S3 aportado como prueba en el proceso judicial por presunta corrupción administrativa en esa institución.
Se trata de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, quien fue enviado a juicio el pasado 5 de junio, junto a Hugo Beras, exdirector del Intrant y el empresario Jochi Gómez.
El imputado presentó la solicitud ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, pidiendo la devolución de su teléfono móvil o, en caso contrario, que se condene al Estado al pago de siete millones de pesos.
El fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, quien representó al Ministerio Público durante la audiencia, explicó que el aparato forma parte de las evidencias obtenidas mediante las extracciones realizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), por lo que constituye una prueba importante dentro del proceso.
"Él pide la devolución de un equipo que está en la acusación del Ministerio Público, y en caso de que no, que condenen al Estado por siete millones de pesos por la devolución de ese equipo", detalló.
El órgano acusador afirmó que actualmente el valor del celular en el mercado ronda los 3,000 pesos.
La jueza Patricia Padilla se reservó el fallo de la solicitud para el próximo 23 de julio.
El caso
Álvarez Carbuccia forma parte del expediente sobre la presunta red de corrupción que operó en el Intrant bajo la administración de Hugo Beras.
Según la acusación, Beras habría facilitado adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participado en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.
En tanto, José Ángel Gómez Canaán es señalado como beneficiario de contratos presuntamente fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, además de ser acusado de controlar sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, así como del presunto sabotaje que afectó la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El expediente establece que Juan Francisco Álvarez Carbuccia habría emitido certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.
Los demás implicados son procesados por lavado de activos, testaferrato y sabotaje de la red semafórica, delitos de manipulación de licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del esquema de corrupción, así como por facilitar el control técnico de la red semafórica y la falsificación de certificaciones.
El grupo fue enviado a juicio el pasado 5 de junio, acusado de incurrir en lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores y de cometer estafa en perjuicio del Estado, además de sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos de alta tecnología, uso de documentos privados, contrabando y violación a la Ley de Armas.
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