Defensa Pública lleva a los tribunales hacinamiento en destacamento de Alma Rosa
El director de la entidad, Rodolfo Valentín Santos, señala que la situación de hacinamiento no es exclusiva de este destacamento, sino que se extiende a otras dependencias policiales
Diario Libre
La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) interpuso una acción constitucional de amparo contra la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este, tras denunciar graves condiciones de hacinamiento e insalubridad en el área de detención del destacamento ubicado en el sector Alma Rosa, en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.
La acción fue presentada luego de una inspección realizada el 8 de junio de 2026 por las defensoras públicas Nelsa Almánzar y Winie Adames, quienes comprobaron que 85 personas permanecían recluidas en un espacio destinado únicamente para detenciones temporales.
De los detenidos, 27 esperaban el conocimiento de medidas de coerción o diligencias procesales ante el Ministerio Público, mientras que otros 58 ya contaban con medidas de coerción impuestas por los tribunales, pero seguían en el destacamento debido a retrasos en su traslado hacia los centros penitenciarios correspondientes.
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La Defensa Pública sostuvo que esta situación refleja deficiencias en el sistema de traslados penitenciarios, lo que provoca que personas permanezcan durante días o semanas en instalaciones policiales que no están diseñadas para albergar internos de manera prolongada.
Según la institución, las condiciones observadas afectan derechos fundamentales como la dignidad humana, la integridad física y moral, el derecho a la salud, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, protegidos por la Constitución y por tratados internacionales suscritos por la República Dominicana.
Situación en destacamentos
El director nacional de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, afirmó que el problema no se limita a este destacamento, sino que se ha extendido a otras dependencias policiales de Santo Domingo Este.
"No podemos normalizar que personas permanezcan durante días o semanas en destacamentos policiales que fueron concebidos para detenciones transitorias. Esta situación vulnera la dignidad humana, afecta el debido proceso y compromete seriamente el funcionamiento del sistema de justicia. El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de detención acordes con la Constitución y asegurar el traslado oportuno de quienes ya cuentan con una medida de coerción hacia los centros penitenciarios correspondientes", expresó.
La primera audiencia del recurso fue conocida por la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo. Sin embargo, el conocimiento del fondo fue aplazado luego de que la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), la Fiscalía de Santo Domingo y la Dirección Regional de la Policía Nacional presentaran incidentes procesales.
- El tribunal fijó una nueva audiencia para el próximo 10 de julio, fecha en la que las instituciones accionadas deberán depositar sus escritos de defensa.
Audiencia y seguimiento
La ONDP recordó que en 2019 presentó una acción similar por las condiciones de la denominada "carcelita" del Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle. Ese recurso fue acogido por los tribunales y posteriormente confirmado por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0501/20, que estableció un precedente sobre la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas de detención.
La institución informó que continuará realizando inspecciones en destacamentos y centros de detención y ejercerá las acciones legales que considere necesarias para procurar el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
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