Cirugía para extraer cordales termina en proceso judicial por presuntas lesiones permanentes
El Ministerio Público de La Vega investiga el caso por presuntas malas prácticas e intrusismo profesional
Edward Fernández
Lo que comenzó como un procedimiento odontológico de rutina terminó, según la denuncia de una familia vegana, en un proceso judicial que mantiene bajo investigación a dos hermanos por presuntas lesiones permanentes ocasionadas a una paciente durante una cirugía realizada el 17 de enero de 2026.
La afectada es Milka Eunice Mercedes, de 45 años, empleada del Ministerio de Educación desde hace 11 años.
La víctima acudió al consultorio del odontólogo William Almánzar, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en La Vega, para la extracción de varias cordales. Sin embargo, de acuerdo con el expediente del Ministerio Público, quien habría realizado la intervención fue Franklin José Almánzar, hermano del odontólogo, quien presuntamente ejercía la odontología sin exequátur.
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Según las certificaciones médicas incorporadas a la investigación, tras la cirugía la paciente presentó daños en el nervio trigémino, edema facial y otras complicaciones que le provocan dolor constante, pérdida de sensibilidad y dificultades para hablar y alimentarse.
Norberto Luna, esposo de la paciente, aseguró que la intervención no solo no resolvió el problema por el que acudieron al consultorio, sino que dejó a su esposa con secuelas que le han impedido retomar su vida con normalidad.
"Desde enero ella no ha podido volver a su trabajo. Vive con dolor, no puede comer ni hablar bien", expresó Luna, quien además afirmó que, cuando regresaron al consultorio en busca de una solución, les propusieron una nueva intervención quirúrgica.
El denunciante sostuvo que fue un especialista consultado posteriormente quien, tras realizar estudios más profundos, confirmó el daño al nervio trigémino. También denunció que otras personas se han acercado a su familia para denunciar situaciones similares ocurridas en el mismo consultorio, por lo que considera que no se trata de un hecho aislado.
- El Ministerio Público investiga el caso por presuntas malas prácticas e intrusismo profesional.
Medidas de coerción
Como parte del proceso, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega impuso presentación periódica y garantía económica como medidas de coerción contra los imputados.
El tribunal fijó una garantía de 75,000 pesos para Franklin José Almánzar y de 20,000 pesos para William Almánzar, ambas mediante depósito en el Banco Agrícola, además de la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
Edward FernándezEgresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.