La justicia a prueba con el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez
Tribunal que conoce juicio de fondo dará a conocer este lunes su decisión de si acoge la solicitud del exfuncionario de declarar la extinción de la acción penal a su favor
Marisol Aquino
El caso por presunta corrupción administrativa contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez (2016-2020) pone a prueba a la justicia dominicana. Este lunes, el Segundo Tribunal Colegiado dará a conocer su decisión de si acoge la solicitud del exfuncionario de declarar la extinción de la acción penal a su favor.
Rodríguez Sánchez sostiene que, al tener más de cinco años conociéndose el caso en los diferentes tribunales, el expediente ha superado el plazo máximo de cuatro años establecido por el Código Procesal Penal sin que se haya dictado una sentencia en primera instancia.
A la presunta red vinculada al exprocurador se le acusa de defraudar al Estado con más de seis mil millones de pesos mediante procesos de compras irregulares, extorsión y el uso de recursos públicos para fines personales y políticos.
En un inicio, el Ministerio Público acusó a más de 60 personas físicas y empresas, de los que casi 30 admitieron su responsabilidad penal y fueron condenados en procesos abreviados en la etapa preliminar.
Actualmente, el exprocurador, allegados y otros 14 exfuncionarios de la Procuraduría enfrentan el juicio de fondo. Como contraste, esa fase en el proceso contra los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, que involucró a 21 acusados, la sentencia se dictó tres meses antes de que el caso cumpliera los cinco años en los tribunales.
Por su parte, el expediente que encabeza el mayor general Adán Cáceres, con casi 30 imputados, recibió veredicto cinco años y un mes después de ser sometido a la justicia.
El Ministerio Público solicitó al Segundo Tribunal Colegiado rechazar la solicitud de extinción de la acción penal y mantener su propio criterio cuando denegó la misma petición en el caso de los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, así como a Cáceres y compartes.
Seis meses leyéndose el expediente
La persecución penal contra Rodríguez Sánchez ha estado plagada de incidentes que ha incluido recusaciones de dos tribunales, uno de ellos apartado del proceso, y de quejas de las juezas que conocen el juicio de fondo por las reiteraciones de peticiones por parte de las diferentes defensas que han hecho esa fase "interminable".
El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien conoció el juicio preliminar del caso, rechazó la solicitud del Ministerio Público de dar lectura parcial al voluminoso expediente de 12,274 páginas de la acusación y ordenó que se leyera en su totalidad.
La lectura de la acusación por parte de los fiscales se prolongó durante casi seis meses, en extensas audiencias y, en ocasiones, de forma ininteligible, al punto de que abogados, periodistas y acusados llegaron a quedarse dormidos durante las vistas.
Al juez Amauri rechazar la petición del Ministerio Público de que se leyera de manera abreviada la acusación, la entonces directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso afirmó en la audiencia del caso, celebrada en septiembre del 2023, que "cuando se quiera deducir de este proceso, una duración máxima y una extinción no será atribuible al órgano acusador".
Días antes de esas declaraciones de Reynoso, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional había declarado extinguida la acción penal a los exfuncionarios acusados de soborno en el caso de los aviones Super Tucano, pero una corte revocó esa decisión meses después y el expediente del delito de cohecho para adquirir ocho aviones para combatir el narcotráfico todavía continúa en los tribunales diez años después de someterse a la justicia.
Recusación de dos tribunales
El juez del Juzgado de Instrucción, Amauri Martínez, fue recusado en dos ocasiones por algunas defensas, que incluso impugnaron a todas las salas de la Corte de Apelación que lo ratificó en el caso. El magistrado fue también quien atribuyó al Estado y, su formato digital para presentar las pruebas contra los imputados, la responsabilidad de las dilaciones en los primeros 18 meses de la causa.
Una de las dos recusaciones contra Martínez se extendió por más de un mes y obligó a recesar el caso durante ese periodo.
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Con casi 100 audiencias aplazadas, según recuentos de un informe de Participación Ciudadana, el juez Martínez finalmente dictó apertura a juicio de fondo contra Rodríguez Sánchez y los otros 14 acusados el 28 de junio del 2024.
El 7 de agosto del 2024, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ya estaba apoderado del caso y una semana después convocó a la primera audiencia para el 23 de septiembre de ese mismo año.
Sin embargo, a pesar de que fueron citados un mes antes, dos acusados se presentaron sin abogados y otro estaba fuera del país.
La tercera audiencia fallida del juicio de fondo, el 5 de noviembre de 2024, se aplazó para el 8 de enero por un "error" en la convocatoria que provocó la inasistencia de las defensas y de algunos acusados.
En enero del 2025, la defensa de Jean Alain Rodríguez Sánchez recusó a los cuatro jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, Keyla Pérez Santana, Elías Santini Pereira y Arisleyda Méndez Bautista, a los que imputó de arbitrarios y de prevaricación.
Esta recusación retrasó el caso de presunta corrupción por cuatro meses, debido a que, al ser acogida, se asignó por sorteo a otro tribunal, que resultó el ser el Segundo Tribunal Colegiado, que fijó su primera audiencia para el 1 de mayo del 2025.
Esta primera vista igualmente se prorrogó para el 23 de junio porque el imputado Alfredo Alexander Solano no asistió por un "error" en la convocatoria. También retardó por 90 días consecutivos el caso, un recurso sometido por el imputado Juan Asael Martínez ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) con el cual buscaba anular su envío a juicio de fondo por la corte de apelación.
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Juristas a favor de Jean Alain
La pasada semana, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), a través de su presidente Trajano Vidal Potentini, afirmó que los incidentes procesales o cualquier otra actuación prevista dentro del sistema no pueden interpretarse como maniobras dilatorias de los acusados.
En ese sentido, Potentini expresó su preocupación por lo que calificó como "una creciente inobservancia de las garantías vinculadas al debido proceso de ley, particularmente en lo relativo a la duración razonable de los procesos penales". Según advirtió, esta situación ha permitido que casos permanezcan abiertos "durante períodos considerablemente superiores a los límites previstos por el ordenamiento jurídico".
También, en una comunicación de prensa compartida por la defensa de Jean Alain Rodríguez se informó de la advertencia del Instituto de Derechos Humanos de la World Jurist Association, conocida en español como la Asociación Mundial de Juristas, sobre "la obligación ineludible" de declarar extinguida la acción penal contra el ex máximo representante del Ministerio Público durante el periodo 2016-2020.
En cambio, la organización no partidista Participación Ciudadana (PC) advirtió a los tribunales que enfrentan una prueba decisiva, pues los constantes aplazamientos y maniobras dilatorias amenazan con afectar la confianza ciudadana y abrir la puerta a que el proceso termine en impunidad.
Además de Rodríguez Sánchez, figuran en el expediente el exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.
También la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio Público, Rafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni.
Asimismo están señalados por el Ministerio Público, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Marisol AquinoPeriodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.