Encuesta ACD Media: amplio respaldo ciudadano al nuevo Código Penal
La encuesta muestra que el 85.2 % de los ciudadanos apoya el reconocimiento del feminicidio como delito
Diario Libre
El nuevo Código Penal recibe un amplio respaldo ciudadano, especialmente por el endurecimiento de las sanciones y la incorporación de delitos vinculados a nuevas formas de criminalidad. El 72.2 % de los dominicanos considera positivos los cambios introducidos, frente a 24.1 % que los valora negativamente, según la última encuesta nacional de ACD Media. Además, 75.6 % considera muy importante que el país disponga de un Código Penal actualizado.
La Encuesta Nacional de Opinión Pública fue levantada entre el 8 y el 11 de agosto de 2026, mediante 1,200 entrevistas distribuidas a nivel nacional y con un nivel de confianza de 95 %. El estudio revela también un elevado conocimiento de la reforma penal, pues 69.3 % afirmó saber que desde el 5 de agosto comenzó a aplicarse el nuevo Código, mientras 30.5 % dijo desconocerlo.
Apoyo a disposiciones clave
El mayor respaldo se concentra en disposiciones relacionadas con delitos que provocan especial preocupación social. El 85.2 % considera muy importante reconocer como delito el feminicidio y la violencia contra las mujeres, mientras 82.6 % concede la misma importancia al castigo del sicariato y del reclutamiento de menores para delinquir. El aumento de las penas por corrupción y mal uso de fondos públicos recibe 82.2 % de valoración como muy importante y el incremento de las sanciones por asesinato, 78.1 %.
- La encuesta muestra igualmente aceptación de respuestas penales frente a conductas surgidas o multiplicadas con la tecnología. El 73.8 % atribuye mucha importancia al reconocimiento de delitos cometidos por internet, como acoso y estafas, y 75.4 % al castigo de la difusión de fotografías o videos privados sin autorización.
Demandas ciudadanas claras
Los resultados reflejan una demanda ciudadana bastante definida. Más que una valoración jurídica de un texto complejo, expresan respaldo a una respuesta penal más severa frente a delitos violentos, corrupción y nuevas modalidades delictivas, áreas donde la población parece reclamar mayor protección y consecuencias más contundentes.
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