Defensa Pública responde a tribunal: no asignará defensor a empresa del caso Intrant
Rodolfo Valentín enfatizó que la defensa pública está destinada a personas individuales y no a entidades jurídicas

La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) informó este viernes que no asignará defensores públicos para representar a empresas ni organizaciones privadas, luego de que el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la intimara a designar un abogado para la empresa Inprosol SRL, acusada en el proceso judicial relacionado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la presunta estafa contra el Estado.
La posición fue fijada por el director de la entidad, Rodolfo Valentín, mediante un comunicado de prensa, un día después de que el tribunal reiterara el requerimiento a la Defensa Pública para que asuma la representación de la compañía.
La falta de un abogado para Inprosol SRL fue una de las razones por las que el juicio de fondo contra el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y otros nueve acusados de presunta estafa contra el Estado y sabotaje a la red semafórica fue aplazado este jueves.
Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado intimaron a la ONDP para que cumpla con la decisión que le fue notificada de asignar un defensor a Inprosol SRL, que no ha apoderado a un profesional del derecho para que la represente.
En su decisión, adoptada por mayoría, el tribunal advirtió que el Ministerio Público ha indicado que, de no cumplirse el requerimiento, "pudiera ejercer las vías correspondientes para que pueda ser sometida por desacato".
Defensa Pública mantiene su posición
Ante el requerimiento del tribunal, Valentín sostuvo que la decisión de no representar empresas responde a lo establecido en la Constitución de la República y en la Ley de la Defensa Pública.
Explicó que el servicio de asistencia legal gratuita que brinda la institución está concebido esencialmente para personas físicas y no para personas jurídicas.
"Algunos tribunales del Distrito Nacional se han empecinados en requerir defensores públicos para defender empresas y organizaciones privadas, sin advertir que están cayendo en trampas estratégicas interpartes", señaló el funcionario.
El director de la Defensa Pública afirmó que en ningún país de Iberoamérica la defensa pública brinda asistencia a empresas privadas.
Valentín indicó que el único caso con un modelo distinto es España, pero que este se limita a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios sociales y humanitarios, como ONG y fundaciones.
Asimismo, señaló que no existe una defensoría pública en la región que brinde asistencia a empresas y organizaciones privadas.
Cuestiona interpretación de los jueces
Valentín aseguró que la interpretación de algunos jueces para justificar la asistencia de la Defensa Pública a empresas privadas es errónea porque, a su juicio, cuando la Constitución y la ley utilizan el término "persona" no hacen referencia a las personas jurídicas.
Agregó que los derechos fundamentales de las empresas y organizaciones privadas son distintos de los que corresponden a los individuos.
"La Defensa Pública es respetuosa de las decisiones de los tribunales del país, pero no va a caer en esa trampa mal intencionada de parte de jueces, fiscales y abogados privados", precisó.
El funcionario informó que ante el Tribunal Constitucional reposan varios recursos de revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales relacionadas con este tipo de requerimientos, los cuales están a la espera de ser conocidos.
También señaló que otros tribunales, frente al mismo tema, han decidido declarar en rebeldía a las empresas y continuar los procesos respecto de los imputados, personas físicas, a quienes, aseguró, nunca se les ha negado el derecho a recibir asistencia técnica para ejercer sus medios de defensa.
Valentín reafirmó el compromiso de la Oficina Nacional de la Defensa Pública de garantizar el derecho a la defensa de las personas que no cuenten con recursos para pagar un abogado privado, con prioridad para los sectores más vulnerables del país.

