Presidente del TC: "Defender el debido proceso no significa defender la impunidad"
Advierte que la gravedad de una acusación no reduce derechos del imputado
Balbiery Rosario
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón R. Estévez Lavandier, advirtió este lunes que defender las garantías del debido proceso no significa favorecer la impunidad y sostuvo que una persona no pierde sus derechos constitucionales por la gravedad de los hechos que se le atribuyan.
El planteamiento se produce en momentos en que la persecución penal ocupa un lugar central en el debate público, tanto por los procesos de presunta corrupción impulsados por el Ministerio Público, con una nueva fase del caso Senasa actualmente en los tribunales, como por el aumento de las muertes durante intervenciones de la Policía Nacional.
"Defender el debido proceso no significa defender la impunidad, sino que significa defender la Constitución, significa defender la dignidad humana como valor supremo. Significa defender, sobre todo, el sentido mismo de la justicia", afirmó Estévez Lavandier.
El magistrado sostuvo que la persecución del delito es necesaria, al igual que la seguridad ciudadana y la eficacia de la justicia, pero advirtió que ninguno de esos objetivos puede alcanzarse sacrificando los principios fundamentales sobre los cuales se sostiene el Estado constitucional.
"El hecho de que una persona sea objeto de una investigación o de una acusación penal, por más grave que sea el hecho investigado, no la despoja de su condición de titular de derechos, ni reduce su protección dispuesta por el orden constitucional", expresó.
Estévez Lavandier no hizo referencia directa al caso Senasa, a otros expedientes de corrupción ni a las recientes actuaciones policiales, pero dedicó parte de su discurso a los límites que una sociedad democrática debe imponer al ejercicio del poder y, particularmente, a la potestad punitiva del Estado.
Recordó que el artículo 69 de la Constitución reconoce garantías como la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el acceso a un juez competente e imparcial y la exclusión de pruebas obtenidas al margen de la ley.
También citó el artículo 40, relativo a la libertad y seguridad personal, para señalar que toda privación de libertad debe producirse con apego a la ley y bajo control judicial.
Senasa y los procesos de corrupción
Las declaraciones coinciden con una nueva etapa de uno de los principales procesos de presunta corrupción actualmente bajo investigación del Ministerio Público.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sometió este fin de semana a 25 personas en la Operación Cobra 2.0-A, una nueva línea de investigación sobre el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa). El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo.
Esta fase surgió de 37 allanamientos realizados el viernes y se concentra principalmente en médicos, prestadores de servicios de salud y otras personas relacionadas con el sector. La Pepca les atribuye un esquema que habría generado 4,363 autorizaciones fraudulentas por más de RD$41 millones mediante servicios médicos que, según la acusación, no fueron prestados a los afiliados.
180 muertos en intervenciones policiales
El pronunciamiento del presidente del TC también coincide con un aumento de las muertes registradas durante actuaciones de la Policía Nacional.
En apenas diez días, 21 personas han muerto en acontecimientos en los que han participado agentes policiales, según un levantamiento de Diario Libre.
Septiembre acumula 23 fallecidos en intervenciones policiales y el total registrado durante 2026 asciende a 180 personas.
La Policía ha presentado gran parte de estos hechos como enfrentamientos con personas perseguidas por distintos delitos.
En su discurso, Estévez Lavandier sostuvo que el Estado de derecho impide concebir el debido proceso como una barrera para la justicia penal o como un obstáculo para los órganos persecutores.
Aclaró también que las garantías procesales no corresponden exclusivamente a los imputados, sino que deben proteger en igual medida los derechos de las víctimas y de la sociedad, representada en el proceso penal por el Ministerio Público.
Un congreso dedicado al debido proceso
El presidente del TC hizo los planteamientos durante la apertura del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, que se desarrolla durante tres días y que este año está dedicado al debido proceso en materia penal.
El encuentro reúne a más de 45 expertos nacionales e internacionales en derecho penal, procesal penal y constitucional procedentes de Alemania, Estados Unidos, España, Costa Rica, Puerto Rico, Argentina, Colombia, Perú y República Dominicana.
Estévez Lavandier planteó que el congreso servirá para discutir problemas que actualmente enfrenta la justicia penal, entre ellos la mora judicial, la duración excesiva de los procesos, el populismo penal, la presión de la opinión pública, el avance de la criminalidad organizada, los delitos informáticos y los desafíos derivados de la inteligencia artificial.
También destacó la jurisprudencia desarrollada por el TC en materia penal, incluyendo decisiones sobre el habeas corpus, los límites a la reserva de la carpeta fiscal del Ministerio Público, la notificación de sentencias a imputados privados de libertad y los límites temporales del archivo provisional y definitivo.
El magistrado sostuvo que varios de esos criterios fueron posteriormente incorporados a la reforma del Código Procesal Penal mediante la Ley 97-25 y consideró que ese proceso evidencia la influencia de los precedentes constitucionales sobre la legislación.
Para Estévez Lavandier, el desafío consiste en lograr eficacia en la persecución del delito sin renunciar a las garantías constitucionales que limitan el ejercicio del poder estatal.
Balbiery RosarioPeriodista y escritor. Egresado de la UASD, con una trayectoria en prensa televisiva y varios medios impresos.