Ratifican prisión preventiva a imputado en Operación Cobra 2.0
El tribunal consideró que persisten las condiciones que justificaron la medida de coerción contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado por su vinculación con autorizaciones médicas irregulares en Senasa
Diario Libre
El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó nuevamente la prisión preventiva contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, imputado de formar parte de la red de corrupción que habría sustraído miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (Senasa), mediante autorizaciones irregulares de servicios médicos.
La decisión fue adoptada el viernes por el juez Raymundo Mejía, a solicitud del Ministerio Público, al considerar que no han variado los presupuestos que motivaron la imposición de la medida de coerción.
El fiscal litigante Emmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, explicó que la ratificación responde a la gravedad de los hechos investigados y a la permanencia de las condiciones que justifican que el imputado continúe privado de libertad.
"Esta decisión es importante porque se considera que el caso todavía guarda una gravedad y todavía se mantienen las condiciones que dieron lugar a que este imputado se encuentre en prisión preventiva", expresó Ramírez a los periodistas a la salida del tribunal.
El magistrado fijó para dentro de tres meses la próxima revisión obligatoria de la medida.
Vinculación con autorizaciones médicas irregulares
Guzmán Vásquez fue arrestado a finales de abril por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Se desempeñó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa desde el 8 de marzo de 2021 hasta el 1 de noviembre de 2022, fecha en que intentó salir del país con destino a Boston, Estados Unidos, sin boleto de retorno.
Al imputado se le atribuye participación en autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas especializadas, como parte de un esquema que, según las investigaciones, utilizaba distintas modalidades fraudulentas para obtener pagos por encima de los montos legalmente establecidos.
Por este caso se le impuso inicialmente prisión preventiva por 18 meses, decisión que posteriormente fue confirmada en julio.
Como parte de la Operación Cobra, el Ministerio Público investiga solicitudes fraudulentas de servicios médicos realizadas entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025.
De acuerdo con el expediente, las irregularidades incluyen 4,363 solicitudes correspondientes a cirugía menor ambulatoria y consultas especializadas, con un monto acumulado de RD$41,125,551.02.
Otros imputados bajo medidas de coerción
La investigación se amplió en septiembre pasado con la puesta en marcha de la Operación Cobra 2.0, mediante la cual las autoridades judicializaron a otros implicados, entre ellos personal médico y personas vinculadas a la estructura investigada.
En ese proceso, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva a varios imputados, mientras que otros recibieron arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Entre quienes cumplen prisión preventiva figuran Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
También fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista.
A otros procesados se les impusieron medidas menos gravosas, como arresto domiciliario, presentación periódica, garantías económicas de entre uno y tres millones de pesos e impedimento de salida del territorio nacional.
Investigación por desfalco y lavado de activos
El expediente de la Operación Cobra incluye al exdirector ejecutivo de Senasa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez, entre otros.
El Ministerio Público atribuye a los imputados presuntos delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos y lavado de activos.
Según el órgano acusador, las investigaciones han permitido reunir evidencias de presuntos sobornos a gran escala, alteraciones de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico que habrían sido utilizados para desviar recursos públicos.
La acusación sostiene que el esquema operaba mediante la colaboración de funcionarios de Senasa y prestadores de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Con la judicialización del caso, el Ministerio Público procura que los responsables sean sancionados penalmente y que se disponga el decomiso de los recursos que, según la investigación, fueron sustraídos al Estado.
Operación Onco14 amplía las investigaciones
Dentro de las líneas de investigación relacionadas con el presunto entramado de corrupción, el Ministerio Público también ejecutó en junio la Operación Onco14, que derivó en el arresto de tres personas señaladas por supuestas maniobras fraudulentas contra el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Entre los detenidos figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del patronato y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Las autoridades sostienen que la estructura habría utilizado el patronato para obtener beneficios económicos irregulares, afectando tanto a la institución como a pacientes con cáncer y al Senasa.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez tiene arresto domiciliario.
Ambas investigaciones forman parte de las acciones del Ministerio Público para perseguir presuntas estructuras de corrupción que habrían desviado fondos públicos destinados a servicios de salud.
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