Condenan a la Junta Distrital de Cumayasa por negar certificación a empleado desvinculado
Se le impuso a la entidad municipal una penalidad de RD$500.00 por cada día sin ejecutar la decisión judicial
Diario Libre
La Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de La Romana condenó a la Junta del Distrito Municipal de Cumayasa por mantener en un "limbo administrativo" e incertidumbre laboral a un ciudadano tras la retención de sus salarios y la negativa de expedir la certificación de su estatus de empleo.
La ordenanza fue emitida por el juez Abrahán Nicolás Severino Saldívar en atribuciones de referimiento, al acoger las pretensiones de la demanda incoada por el ciudadano Gabriel Elías Santana a través de su abogado Wanchy Medina.
La decisión judicial ordena a la Junta Distrital del 10 de Cumayasa la entrega formal en un plazo no mayor a 48 horas laborables de la carta de cancelación o desvinculación que establezca formalmente la situación laboral del demandante.
También la certificación laboral y de nómina donde consten el cargo desempeñado como supervisor de área, su estatus administrativo y los salarios devengados.
El abogado Medina explica que el juzgador igualmente impuso a la entidad municipal una astreinte de RD$500.00 por cada día de retardo e inercia en el cumplimiento de la decisión judicial.
Durante el proceso se comprobó que el accionante contaba con más de dos años de servicio continuo en la entidad municipal como supervisor de área, al momento de suspendérsele el pago de sus salarios sin la correspondiente notificación formal de despido.
Medina agregó que al no notificársele a Santana se violó el debido proceso administrativo y los reglamentos de gestión de la función pública.
No pueden actuar al margen de la ley
Calificó como un "precedente judicial" la decisión en la que se recuerda a las autoridades edilicias que no pueden actuar al margen de la ley ni mantener a los servidores públicos bajo prácticas arbitrarias de desvinculación.
En ese sentido, Medina afirma que el artículo 12 del Reglamento 523-09 sobre Relaciones Laborales en la Administración Pública impone un mandato imperativo ineludible a las Oficinas de Recursos Humanos, las cuales "están en la obligación de expedir certificaciones y copias de los documentos que reposen en el expediente de los servidores públicos a requerimiento del interesado.
"Negar o retener esta información constituye una clara ilegalidad que la justicia no puede tolerar.
La ordenanza judicial fue declarada ejecutable de pleno derecho y de forma provisional, sin fianza y no obstante cualquier recurso que pudiera interponer la administración edilicia, agregó.
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