Abogado: “Designación de Ortega Polanco crea un incidente innecesario”
Se preparan para una recusación en contra del magistrado designado por la Suprema Corte de Justicia
Diario Libre
SANTO DOMINGO. Como un incidente innecesario ha sido calificada la decisión de la Suprema Corte de Justicia de mantener al magistrado Francisco Ortega Polanco como el juzgador en el proceso contra los siete imputados por los sobornos de Odebrecht en el país.
Los abogados en el proceso en el que están imputados Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón, Andrés Bautista, Tommy Galán, Conrado Pittaluga, Juan Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez, habían manifestado de manera previa que objetarían al magistrado si este era designado nueva vez, tal como ha ocurrido.
“Creo que la designación del juez Ortega por parte de la Suprema Corte para conocer sobre la audiencia preliminar constituye un incidente innecesario en este proceso, que de por sí es complejo”, expresó Antoliano Peralta, uno de los abogados de Andrés Bautista.
Continuó justificando que “esta acción de la Suprema contradice lo dispuesto por el párrafo 6 del artículo 78 del Código Procesal Penal que establece como motivo de inhibición o recusación el hecho de un juez haber participado en otra instancia del mismo caso”.
Expresó que no tienen motivos para dudar de la integridad del magistrado de la alta corte y que tampoco duda de su capacidad, pero a la vez, entiende que “esta designación complica más el caso”.
Por ejemplo, Francisco Campos, quien defiende a Roberto Rodríguez, estableció que: “nosotros no queremos que ese vicio que ha habido desde un principio llegué también a la preliminar, porque sabríamos, a priori, cuál sería la sentencia de cada uno de los implicados en el caso, lo cual vulneraría los derechos de cada uno de los acusados en el proceso”.
Al depositar ayer sus escritos de defensa, los abogados de Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa y Andrés Bautista García dijeron que llamarán como testigos en el caso a embajadores, ministros, legisladores, alcaldes, exconsultores jurídicos del Poder Ejecutivo de las entidades gubernamentales con las que Odebrecht firmó contrato, empresarios, técnicos y contratistas que de una manera u otra tuvieron vínculos con las 16 obras construidas por la empresa.
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