Abogados cuestionan falta de independencia del Ministerio Público en caso de “sabotaje”
Cuestionan que el órgano acusador detenga una investigación por solicitud del Poder Ejecutivo
Wander Santana
La acción del Gobierno de solicitar al Ministerio Público detener la investigación sobre el fallo en los equipos del voto automatizado, pone en evidencia el control político de las decisiones del Poder Ejecutivo en el accionar de la Procuraduría General y deja en entredicho la independencia del órgano persecutor.
En ese parecer coinciden varios juristas consultados sobre la situación del supuesto “sabotaje” ocurrido en las elecciones municipales que llevaron a que las mismas fueran suspendidas.
De acuerdo con el abogado Thiaggo Marrero Peralta, es la Constitución la que establece en su artículo 170 que el Ministerio Público es un órgano del sistema de justicia dotado de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. “Esto significa que el Ministerio Público, como tal, es un órgano descentralizado y autónomo en sus actuaciones respecto del resto de los poderes del Estado”.
Para el jurista Yurosky Mazara, “es un precedente muy delicado que el Gobierno le diga al Ministerio Público que pare una investigación, ya que la independencia funcional del Ministerio Público nunca debe estar en juego”.
Mazara dijo que de acuerdo con la ley, la competencia en la investigación penal por parte del Ministerio Público es indelegable e irrenunciable, según está establecido en el Código Procesal Penal, en su artículo 58.
El artículo expresa que la jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable, excepto en los casos en los cuales el ejercicio de la acción pública esté sujeto a la presentación de querella o instancia previa, o que la ley permita de modo expreso, el desistimiento del ejercicio de la acción pública en cualquier fase del procedimiento.
En tanto que el abogado Burner Ramírez expresó: “con esa alocución pública el Poder Ejecutivo ha violado lo que establece la Constitución. No está dentro de las atribuciones del presidente el suspender una investigación, sobre todo cuando esa investigación afecta los intereses fundamentales de la nación. Lo que se puede permitir es que el Ministerio Público se haga acompañar de organismos internacionales durante una investigación”.
Ramírez dijo que está analizando la posibilidad de ir al Tribunal Superior Administrativo (TSA) para solicitar una medida cautelar que suspenda ese acto de la Presidencia por ser ilegal e inconstitucional.
Para la abogada y docente universitaria Patricia Santana Nina, con lo ocurrido el Gobierno reconoció “de manera implícita” que el Ministerio Público carece de credibilidad, por eso entiende que es acertada la propuesta de dejar que OEA y organismos internacionales investiguen los hechos.
Valoración positiva
Mediante un comunicado de prensa, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), que dirige el abogado Trajano Vidal Potentini, consideró que resulta positivo el hecho de que la Procuraduría General de la República, por efecto del llamado del Gobierno, haya suspendido las investigaciones del sabotaje electoral, a los fines de esperar que la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instituciones de prestigio internacional, investiguen de forma independiente lo acontecido el pasado 16 de febrero, con las fallidas elecciones municipales.
Wander SantanaPeriodista en ejercicio desde el 2014. Ha ejercido la profesión en los principales medios impresos de la República Dominicana. Escribe sobre casos judiciales, derechos humanos, criminalidad y otras problemáticas sociales.
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