Abogados hacen sugerencias al Ministerio Público para retomar procesos judiciales
Asociación Internacional de Derecho Penal depositó un documento con varios puntos a considerar
Wander Santana
Los miembros del Ministerio Público debe ir gestionando desde ahora con los jueces de los diferentes tribunales la reprogramación de las fechas de las audiencias suspendidas como consecuencia del estado de emergencia, sugiere un grupo de abogados que forman parte de la Asociación Internacional de Derecho Penal.
En la comunicación enviada a la Procuraduría General de la República (PGR) estos abogados justifican que estas acciones deben hacerse a fin de evitar posibles aplazamientos como consecuencia de superposición en las agendas de los fiscales, producto de fijaciones simultáneas de audiencias en diferentes tribunales.
La asociación también entiende que es recomendable contar con el consenso previo de las otras partes que intervienen en los procesos. Recomienda que las primeras audiencias que deben retomarse son las de los imputados privados de libertad.
Otra de la recomendación que hace el grupo de abogados y catedráticos universitarios tiene que ver con propiciar métodos alternativos de solución de conflictos.
Sugieren que los fiscales encargados de las investigaciones se empeñen en promover espacios de conciliación y mediación entre las partes, sobre todo de conflictos que envuelvan delitos económicos y criminalidad bagatela, siempre que no estén acompañados de violencia de ningún tipo, así como otros delitos menores.
Delitos en tiempo de pandemia
El grupo de abogados reconoce que una gran mayoría de dominicanos ha experimentado una importante disminución en su ritmo de trabajo, pero que contrario a esto, los delincuentes buscan la manera de adaptar sus modus operandi a las circunstancias. Consideran que muchos, incluso, ven las crisis que viven sus víctimas como el momento ideal para “dar el golpe”.
En ese sentido, entienden que el Ministerio Público debe enfocar la atención en conductas que se han intensificado a raíz de la pandemia, como la falsificación de medicamentos, alcohol y otros insumos considerados como útiles para curar o prevenir el virus.
“La gravedad de esos delitos cobra relevancia porque en su comisión se ven involucrados fabricantes, suplidores intermediarios y algunas farmacias, lo que sugiere la existencia de estructuras societarias dedicadas al delito contra la salud”, establecen los juristas.
Consideran que los ciudadanos necesitan que al mismo tiempo se les asegure que encontrarán abiertas la puertas de las fiscalías y que el Ministerio Público, como órgano clave del sistema, hará lo necesario para garantizar el acceso a la solución de sus casos.
El documento fue elaborado por un grupo de juristas bajo la coordinación de Manuel Ulises Bonnelly Vega, presidente de la AIDP-RD (Coordinador). Lo integran José Ricardo Rojas León, José Lorenzo Fermín Mejía, Luz Díaz Rodríguez, Pedro Virginio Balbuena Batista, Ramón Emilio Núñez Núñez, Miguel Ernesto Valerio Jiminián, Juan Hiroito Reyes Cruz, Félix Damián Olivares Grullón, Michel Camacho Gómez, Emery Colomby Rodríguez Mateo, Héctor Iván Tejada y Laura Yisell Rodríguez Cuevas.
Wander SantanaPeriodista en ejercicio desde el 2014. Ha ejercido la profesión en los principales medios impresos de la República Dominicana. Escribe sobre casos judiciales, derechos humanos, criminalidad y otras problemáticas sociales.
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