Argumentos del Ministerio Público para pedir prisión preventiva en Operación Coral

Este miércoles el Ministerio Público solicitó medidas de coerción, consistente en 18 meses de prisión preventiva, y que el caso sea declarado complejo, contra los encartados de formar parte de la Operación Coral, a los que imputa formar una red de corrupción que distrajo alegamente más de tres mil millones de pesos en perjuicio del Estado.

Durante la audiencia, que conoció el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso explicó a la jueza Kenia Romero las razones por las que el Ministerio Público entendía que los imputados no debían ser liberados y ser enviados a prisión, así como declarar el caso complejo

Entre los motivos, citó la supuesta distracción de pruebas, amenazas a testigos en que habrían incurrido los imputados, además del peligro de sustraerse del proceso, entre otros.

Señaló que el Ministerio Público, a pesar de los obstáculos de los propios imputados, ha realizado una sólida investigación, acorde al derecho y esa misma “es una de las causales por las que se debe dar prisión preventiva”.

“Aquí se han distraídos pruebas, se han hecho operaciones tendentes a ocultar, en plena investigación se hace una asamblea para tratar de justificar la adquisición del apartamento de Balcones del Atlántico, y están documentadas esas evidencias, tratando de poner que había una deuda y eso es mentira”, le dijo a la magistrada al concluir su acusación y solicitar la medida de coerción.

Señaló también que la presunta red de corrupción también se dedicaba a la “destrucción de pruebas” y a la fabricación de elementos para justificar la adquisición de bienes adquiridos ilícitamente.

“Es por la gravedad de los hechos, es por la posibilidad de sustraerse del proceso que están dadas las condiciones para imponer medidas de coerción”, indicó la representante del Ministerio Público.

Además, citó la amenazas a testigos, los cuales dijo que sienten “temor de testificar contra altos mandos”.

Por el caso, están acusados el mayor general Adán Benoni Cáceres, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); la pastora Rossy Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, supuesto cerebro financiero del grupo; el teniente coronel Raúl Alejandro Girón; el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa); y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Palabras textuales de Yeni Berenice

“Hemos hecho una investigación conforme al derecho y esos hechos y esta investigación es una de las causales por las que se debe dar prisión preventiva, porque el legislador la estableció en el 234, aquí se han distraído pruebas, se han hecho operaciones tendentes a ocultar, en plena investigación se hace una asamblea para tratar de justificar la adquisición del apartamento de Balcones del Atlántico y están documentadas esas evidencias, tratando de poner que había una deuda y eso es mentira. Honorable magistrada, esta es una de las investigaciones más complejas que tiene el Ministerio Público, donde los testigos, con razones, dicen tenemos temor, nosotros tenemos temor de testificar contra altos mandos militares, que no están todos los que son aquí, tenemos temor porque nos han estado llamando, nos han estado amenazando y es por esa destrucción de pruebas y es por esa fabricación de elementos para distraer bienes adquiridos ilícitamente, es por la gravedad de los hechos, es por la posibilidad de sustraerse del proceso que están dadas las condiciones para imponer medidas de coerción.

“Esto es tan grave, señoría, que en plena investigación el Ministerio Público pide información y quienes deciden que se nos responde son los imputados Núñez de Aza y Adán Cáceres, quienes decidieron que no nos dieran las informaciones, y cómo sabe el Ministerio Público esto? Es el propio Girón que lo declara y nos deja sorprendidos cuando declara: “ustedes solicitaron X y Y información y respondimos esto”, y era cierto. Esas son de las complejidades que el Ministerio Público ha tenido que vivir en esta investigación y de las que nos llevan a entender que esa medida de coerción, la única que garantiza los fines procesales, porque la medida de coerción tiene medidas procesales, es la prisión preventiva, prisión preventiva”.

Sandra Guzmán

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Periodista dominicana. Egresada de la UASD. Posee una amplia experiencia en el periodismo digital y de investigación.