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Caso Odebrecht
Caso Odebrecht

Chu Vásquez busca nulidad en acusación del caso Odebrecht

Argumenta violación de derecho de defensa, desigualdad y prescripción caso

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Chu Vásquez busca nulidad en acusación del caso Odebrecht
Jesús -Chú- Vásquez (ARCHIVO)

SANTO DOMINGO. El exsenador Jesús -Chú- Antonio Vásquez Martínez, busca contra viento y marea que sea declarada nula la acusación que le hace el Ministerio Público por los sobornos pagados por Odebrecht, argumentando la violación de derechos fundamentales como el de defensa e igualdad entre las partes.

En el escrito de respuesta a la imputación de soborno, enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada de patrimonio y lavado de activos, la barra de la defensa de Vásquez Martínez cita jurisprudencias y textos del Código Procesal Penal para hacer valer sus derechos.

Otro argumento de la defensa es que los hechos imputados, de haber recibido soborno para favorecer a Odebrecht con el proyecto Hidroeléctrica de Pinalito, prescribieron, basado en que dicha obra fue contratada en 2004.

De igual manera depositan varias pruebas, incluido el testimonio de un productor y ganadero con el que pretenden corroborar que el imputado vendió ganado al empresario Ángel Rondón Rijo y sus empresas relacionadas, y que no se enriqueció ilícitamente.

Piden al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, absolverlo, ya que según afirman, el procurador Jean Alain Rodríguez, cuando solicitó medida de coerción contra 14 personas, dijo que en el expediente “están todos los que son y son todos los que están” pero que de manera sorpresiva presentó acto conclusivo contra Vásquez Martínez, quien supuestamente desconocía que fue investigado durante todo un año.

Toman como referencia lo establecido en el artículo 12 del Código Procesal Penal, sobre igualdad entre las partes, también resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y la sentencia TC/71/15 del Tribunal Constitucional.

“Este derecho a ser informado de la imputación se manifiesta como una evidencia de que el ciudadano es parte de un estado democrático de derecho, en vista de que no se admiten las sorpresas procesales”, argumentan los abogados del excongresista.

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