Defensa de Jean Alain deplora que Ministerio Público trata al exfuncionario como “el criminal más vil”
Aseguran que tratan de destruir el legado del exprocurador general en materia penitenciaria
Diario Libre
El Consejo de Defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, deploró este miércoles que siendo inocente ante la ley, el Ministerio Público lo ha tratado como el “más vil de los criminales”, y han tratado de destruir “el legado más significativo que construyó en materia penitenciaria”.
Los abogados resaltaron que el exfuncionario del Ministerio Público “con apenas 42 años de edad, decidió intervenir “el deficitario sistema penitenciario nacional” para pagar una deuda social que arrastraba el país durante más de siete décadas.
Afirmaron que Rodríguez construyó y reformó 14 recintos de los 41 centros carcelarios existentes, y que estaban en condiciones deprimidas.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados Gustavo Biaggi Pumarol, Carlos Balcácer y José Martínez Hoepelman precisaron que en un período de dos años, Jean Alain Rodríguez creó 12 mil plazas para internos, duplicando la capacidad carcelaria para terminar con el hacinamiento. Dijeron que paradójicamente, ese es su gran castigo.
Defienden que el proceso relativo al Plan de Humanización fue diáfano y transparente, para lo cual se realizaron los debidos procedimientos, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones (Ley 340-06), bajo una licitación pública a nivel nacional, donde fueron seleccionadas cinco empresas constructoras que cumplían con los requerimientos establecidos para el proceso, todas de alto nivel.
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“Las empresas elegidas constan de alto reconocimiento, confiabilidad, vasta experiencia y aval de cumplimiento en el ramo de la industria de la construcción. No son empresas que surgieron al vapor para estos fines, ni las componen ingenieros o familiares relacionados. Son seis contratistas aprobados bajo el marco de unas licitaciones que fueron aprobadas como regulares”, expresaron los abogados en el comunicado.
También expresaron que las construcciones cuentan con los debidos estudios de suelo, contemplando el desarrollo pluvial, estancamiento de agua y demás requisitos para este tipo de estructuras. Refirieron que “la veracidad de esta afirmación queda demostrada porque la actual Procuraduría ratificó expresamente, mediante adendas, los contratos de las empresas constructoras y les aumento el precio respectivo, por ajuste por devaluación de la moneda”.
“Estas adendas fueron suscritas por la Procuradora Miriam Germán Brito y fueron depositados por la misma PEPCA, que nunca hace alusión a ello. El pasado 2 de diciembre del 2020, la Procuradora General ratifica y refrenda estos contratos, puntualizando que los mismos fueron otorgados bajo condiciones regulares, en procesos de licitación llevados a cabo exitosamente, y a su vez, aumenta, por ajuste de “equilibrio económico” todos y cada uno de los contratos, lo que contradice la acusación de un posible desfalco en la construcción de La Nueva Victoria”, reafirmaron.
La versión del Ministerio Público
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público han reiterado en varias ocasiones que “la imputación del Ministerio Público y sus pruebas han resultado imbatibles para la defensa”.
La Procuraduría establece que el entramado corrupto que supuestamente lideraba Jean Alain Rodríguez estafó al Estado con más de 6,000 millones de pesos y llamó la atención de que en la cárcel construida para alojar privados de libertad de La Victoria, los ingenieros estructuralistas consultados por el Ministerio Público plantean que existen lotes, como el número 4, en los que no se deben alojar internos porque pueden venirse abajo.
En la acusación contra este alegado entramado corrupto, además del exprocurador Rodríguez, Rodríguez Imbert y Solano Augusto, figuran como imputados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
Según el expediente, los implicados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y estafó al Estado con más de RD$6,000 millones.
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