Depositan denuncia por defraudación de RD$19,000 millones contra Gonzalo Castillo
La organización Sed de Justicia depositó la documentación en la Procuraduría General
Diario Libre
La organización cívica no partidista, Sed de Justicia, depositó una denuncia-querella en la Procuraduría General de la República en contra de Gonzalo Castillo y Ramón Pepín, ex ministros de Obras Públicas, por el manejo irregular de más de 19,000 millones de pesos en la compra de Hormigón Asfáltico Caliente.
La denuncia- querella fue depositada por una comisión de la junta directiva de Sed de Justicia, encabezada por el empresario financista Franc Rosario y el abogado Luis Aybar.
Los querellantes aseguran que las irregularidades se evidencian en las documentaciones oficiales del propio Ministerio, y ante las conclusiones de la Dirección General de Contrataciones Públicas que, supuestamente encontró graves violaciones a la Ley, y el posible contubernio de Castillo y Pepín para beneficiarse directa o indirectamente de los fondos envueltos en estas operaciones ilegales.
La organización asegura que las supuestas actuaciones de los exfuncionarios constituyen una falta grave por las implicaciones de defraudación del erario y los daños y perjuicios causados al Estado Dominicano.
El documento establece que el 19 de diciembre del 2019 en el programa de televisión El Informe, se reveló que en el Ministerio de Obras Publicas bajo la gestión de Castillo había otorgado 39 contratos grado a grado a compañías previamente elegidas por él, a las que compró más de RD$11,500 millones de pesos el hormigón asfaltico caliente, sólo en el periodo abril-septiembre de 2019, en un esquema de coalición para delinquir de los funcionarios responsables de ese ministerio, encabezados por Castillo y Pepín.
La organización cívica no partidista dijo, también, que a la fecha se desconoce el destino dado por Castillo y Pepín a las compras del asfalto. “Prevaleciendo serias dudas sobre la certeza de que los materiales asfálticos pagados de manera fraudulenta llegaran efectivamente a manos del Ministerio y de que se les diera el uso institucional objeto de la supuesta necesidad”, establecen.
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