Gobierno anuncia plan de desarrollo turístico en Bahía de las Águilas Un histórico de la litis judicial

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció ayer la llegada del “anhelado desarrollo turístico sostenible” a Pedernales a partir de la entrada de la industria turística en la provincia con la recuperación de los 362 millones de metros cuadrados de Bahía de las Águilas, dentro del Parque Nacional Jaragua, que fueron vendidos de manera fraudulenta por funcionarios públicos a inicios de los años noventa.

En una sorpresiva rueda de prensa que tuvo lugar en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, el funcionario dijo sentir “satisfacción porque se ha hecho justicia” con la sentencia definitiva sobre los terrenos por parte de la Suprema Corte de Justicia que puso fin a un pleito legal de más de veinte años.

Industria sin chimenea

Montalvo señaló que a partir de ahora se abrirían las puertas para impulsar la industria sin chimenea en la zona sur, con la explotación comercial de los ocho kilómetros de playa de Bahía de las Águilas, un santuario natural donde conviven especies de distintos tipos que hasta el momento se han conservado como un espacio virgen.

“Estos años hemos trabajado en sentar las bases para este desarrollo, a fin de que sea un proceso ordenado y planificado. Y a partir de hoy, con esta sentencia favorable, podremos acelerar la implementación de los planes en marcha, contando con la necesaria seguridad jurídica”, pronunció Montalvo en su discurso, en el que estuvo acompañado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal y el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena.

El ministro de la Presidencia afirmó confiar en que con la decisión judicial se mejorarían las condiciones de vida de las personas de la región suroeste, una de las más empobrecidas del país, y que además “es una muestra de lo que se puede lograr con voluntad política”.

Montalvo destacó el papel de la fallecida abogada Carmen “Piky” Lora, quien asumió la defensa de estos terrenos como abogada del Estado en 1997 y que a partir del 2013 el caso fue retomado por su hija, la también abogada Laura Acosta, como parte del equipo legal que defendió el carácter público de estos terrenos.

“El presidente Danilo Medina, en el año 2013, decidió continuar con la demanda e impulsarla de manera definitiva y prioritaria, dedicando los recursos humanos y económicos necesarios para darle seguimiento y llegar hasta el final”, afirmó Montalvo.

Las últimas nueve

Con la lectura de las últimas nueve sentencias ayer, “se cierra un ciclo del caso más grande en la historia inmobiliaria de la República Dominicana”, según justificó el juez Manuel Herrera Carbuccia, presidente de la Tercera Sala en Materia de Tierras de la Suprema Corte de Justicia, tribunal que rechazó todos los recursos de casación interpuestos por particulares que decían ser dueños de la tierra en disputa.

El procurador general de la República, Jean Rodríguez, expresó que de inmediato se ordenó al Registrador Nacional de Títulos pasar todos los títulos a nombre del Estado Dominicano.

“Con este caso se demostró que el Estado tenía razón y que las transacciones hechas hace unos 20 años eran ilegales”, consideró el procurador.

Un triunfo

Con las sentencias dando ganancia de causa al Estado sobre la parcela 2015-A, del distrito catastral número 3 de Enriquillo, Barahona, el caso adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, o sea, que son sentencias judiciales firmes y no caben contra ellas medios para impugnarlas.

La abogada del Estado Laura Acosta, quien es hija de Carmen “Piky” Lora, una también reconocida jurista que inició en el 1997 el proceso legal que procuró devolver al Estado estos terrenos, calificó el hecho como un triunfo.

“Esto es un triunfo. En cinco años se hizo lo que no se había hecho en 17 años y se logró sentencia favorable en primer grado, segundo grado y ahora ante la Suprema Corte de Justicia”, exclamó Laura.

El fraude de Bahía de las Águilas se produjo entre 1992 y 1995 cuando varios funcionarios del Gobierno de Joaquín Balaguer y del registro de títulos de Barahona, “en contubernio con allegados”, crearon títulos irregulares a favor de particulares, que incluye terrenos del Parque Nacional Jaragua, en violación a las leyes inmobiliarias y medioambientales. En 1997 comenzó la litis en los tribunales, luego de que se presentó la denuncia contra el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán y su esposa Reyna Martínez, a quienes se les acusó de otorgar los terrenos del Estado a particulares. Ese mismo año por la acción de la abogada del Estado Carmen “Piky”Lora se inició el proceso legal. Uno de los mayores terratenientes en Bahía de las Águilas fue el empresario Puro Pichardo Fernández, quien había elevado uno de los recursos rechazados por la Suprema. Decía que compró 10 mil tareas en 1996. En 2001 el expresidente Hipólito Mejía emitió el decreto que declara de utilidad pública los terrenos y pagar a los ocupantes, pero no se ejecutó. El caso quedó cerrado ayer luego de cinco años de que fuera reactivado por la Procuraduría General.

Fueron las sentencias emitidas por la Suprema en favor del Estado en Bahía de las Águilas.

Carlos Reyes-Wander Santana