Ley de Notarios crearía un “cartel”, denuncia FINJUS

SANTO DOMINGO. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, denunció que la ley que regula el Notariado e instituye el Colegio Dominicano de Notarios crea un “cartel” al contemplar atribuciones que no serían las que originalmente competen a estos funcionarios públicos.

Al participar en un debate convocado por el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana este miércoles y en el que estuvieron presentes representantes de diferentes instituciones del sector público y privado, Castaños Guzmán dijo estar de acuerdo en que los notarios reciban el pago justo por un trabajo realizado pero insistió en que el cobro proporcional a la cantidad que envuelve la operación “de una u otra forma está creando una especie de cartel en la República Dominicana”.

El jurista se refirió al artículo 66 de la ley 140-15, promulgada por el presidente Danilo Medina, que tiene que ver con las tarifas para el cobro de honorarios el cual dispone en uno de sus acápites el cobro por inventario de bienes e inmuebles en caso de divorcio del 1% del total inventariado o el que en caso de contratos de ventas, hipotecas, transacciones, permutas, donaciones o cualquier contrato exige el pago de RD$ 25, 000 en operaciones de RD$ 1, 500, 000 a 3, 000, 000 y que incrementa según la suma de la transacción.

Basado en estas disposiciones es que Castaños, contrario a la posición del Colegio Dominicano de Notarios, ha señalado que la ley 140-15 “desnaturaliza la función del notario”.

Negó que la FINJUS responda a los intereses de los grupos bancarios locales e instó a los diputados, encabezados por Elpidio Báez, a que le indicaran el momento en el que esa institución ha ido al Congreso a representar a los bancos. “Todos estos mitos nosotros tenemos que desmontarlos”, enfatizó.

Similar a la posición de FINJUS, la representante de la Cámara Americana de Comercio, María Esther Fernández,

calificó la ley del Notariado de ser un “atentado a la autonomía de la voluntad” de las instituciones públicas y privadas.

Resaltó que la norma “limita la actuación del estado dominicano”, al disponer -en su artículo 12- que los actos notariales provenientes del Estado y las entidades de carácter comercial en las que éste tenga participación mayoritaria deberán ser legalizados a través del Colegio Dominicano de Notarios, quien proporcionará a los servidores según la jurisdicción.

“Si estamos negociando diez inmuebles, en diez municipios diferentes significa que vamos a tener que hacer diez contratos diferentes... con el tiempo y el costo que eso implica”, manifestó Fernández, quien puntualizó en que esto no se le “hace lógico”.

En respuesta, el presidente del Colegio Dominicano de Notarios, Pedro Rodríguez Montero, rechazó las posiciones de FINJUS, la que dijo “levanta los intereses de la banca del país”, así como los pedidos de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República.

En un tono enérgico, Montero pidió que sean identificados de manera puntual los problemas que presenta la ley del Notariado dominicano.

Ante el señalamiento de que el Colegio crearía una especie de monopolio, Montero reconoció que “sí hay un monopolio” y agregó que “la propia Suprema Corte de Justicia es un monopolio”, debido a que es la institución la única con autoridad para otorgar los permisos de operación a los notarios.

Dijo que es a las entidades bancarias que les conviene la normativa, porque les “evitaría problemas de litis judiciales” en los tribunales de la República.

Carlos Reyes