Los custodios de la evidencia
Un equipo de unas doce personas se encargan de resguardar las evidencias que llegan a la Fiscalía del Distrito Nacional, y otras 10 hacen lo mismo en la de la provincia Santo Domingo. Por Tania Molina /Redactora Senior
Tania Molina
Una sobria edificación en el Distrito Nacional guarda las evidencias que la Fiscalía usará para probar los delitos que se conocen en los tribunales de esta jurisdicción.
El número exacto de todas las evidencias es difícil de determinar por la variedad de los objetos, pero se calcula que cada mes entra un promedio de 300, según comenta la fiscal Damia Veloz, directora de la Oficina de Control de Evidencia de la Fiscalía del Distrito.
En el lugar se guarda desde un pequeño pedazo de metal filoso utilizado para pinchar neumáticos, como una caja de fósforo en la que alguien distribuía porciones de droga, hasta un plasma de 60 pulgadas o una motocicleta.
El almacén de tres niveles luce casi lleno de cajas, identificadas cada una con un serial.
La actual directora de la Oficina de Control de Evidencias (OCE), Damia Veloz, atribuye la clasificación a la “gran labor” que viene realizando desde que asumió el cargo, y a la disposición de la Procuradora Fiscal, Yeni Berenice Reynoso.
Para las armas de fuego, en la oficina existe una bóveda donde sólo una persona está autorizada a entrar, para evitar extravíos. Los vehículos bajo secuestro cuentan con un parqueo techado en la zona de Hato Nuevo.
Hacia un rincón del almacén aparecen entremezclados varios objetos de metal, colocados en un tanque. Hay puñales, patas de cabras y cuchillos de gran tamaño y otros hierros de formas extrañas que, según Veloz, quedaron sin identificar de la pasada gestión, por lo que no pueden asignarlos a ningún caso. “Pero tampoco podemos votarlos”, aclara.
El tiempo que llevan allí, tampoco se conoce, pero es seguro que llegaron como parte de las evidencias de algún delito, del que ya no se sabe cuál. Sin dudas, es uno de los eslabones perdidos en la cadena de custodia en el país, que según juristas y jueces, afecta a una gran cantidad de casos.
Estandarizado en la calidad
El personal que labora en la OCE es de unas 12 personas, que tienen a su cargo el registro, almacenaje, entrega a los fiscales o devoluciones a los propietarios, de la los objetos. Los libros, junto a un cerrado sistema informático, sirven de plataforma para asegurar que las informaciones de las evidencias que entran sean las mismas de las que salen. A los empleados, se le prohibe entrar con cartera, al almacén.
Cada evidencia se identifica con un número que les permite al archivista ubicarlas por filas y columnas en las estanterías.
Damia defiende la pulcritud con que trabajan, y asegura que todo el proceso está estandarizado.
“Tenemos un sistema creado para garantizar que cada evidencia esté debidamente registrada. Se toma en cuenta el número de caso, pues cada prueba debe estar vinculada a un proceso; el nombre de la víctima y del imputado; el tipo penal del que se acusa; la descripción del objeto, se debe señalar si la evidencia es material o documental, aunque aquí solo llega la de tipo material”.
El registro debe contener además la utilidad probatoria de la evidencia, la forma en cómo se obtuvo y quién la obtuvo, pues como indica la fiscal, en ocasiones deben devolver evidencias porque no fueron levantadas legalmente.
Se necesitan “ajustes” en la Fiscalía de Santo Domingo
La cadena de custodia de la fiscalía de la provincia Santo Domingo tiene muchos eslabones que se tienen que mejorar. Desde la participación de los distintos actores en la custodia que todavía muestran resistencia a las nuevas normas de control en el manejo, hasta la propia edificación donde se resguardan las evidencias.
La fiscal Dalma Díaz, directora de la Oficina de Control de Evidencias, habla de mejoras que se han logrado, pero menciona situaciones de extravíos y mal manejos que se daban. Evidencias que estando bajo el régimen de custodia, vuelven a entrar al sistema por la comisión de otros delitos. Menciona específicamente las armas de fuego.
“Hay que mejorar el asunto del paso de mano a mano de las evidencias, por la entrada y salida de las armas de fuego... Muchas veces el arma de fuego entra y vuelve y sale, y se dan cuenta porque han cometido otros delitos con ellas. Pero eso se da cuando sale de control de Evidencia de la fiscalía”.
Explica que los extravíos se daban por falta de personal, que no daban abasta para registrar debidamente todas las salidas y entradas de los objetos, y, al momento de que eran requeridos, no se encontraban.
Pero la magistrada asegura que eso era más común antes de su llegada a esa entidad, en el 2013, con lo que se incrementó el personal a unas diez personas (antes había solo un auxiliar) y se tomaron más medidas estrictas para el registro y control.
En la aplicación del protocolo que tienen para el registro de las evidencias, también se han encontrado resistencia, dice Díaz, al punto que hay muchas cosas que la oficina se niega a recibir.
“Es común, porque hay que cumplir, y si ellos me faltan, al momento de dar una respuesta a algún usuario o al tribunal, fallamos nosotros, y eso puede traer que se caiga el proceso, que sería fatal para nosotros”.
En muchos casos, se trata de detalles que se pueden corregir, como la numeración de un celular y de un arma de fuego; o documentos que no están relacionados al hecho que se investiga.
La oficina también demanda arreglos, empezando por recursos para adquirir el material de embalaje. Para ello, han solicitado ayuda, pero no han obtenido la necesaria.
La fiscalía de Santo Domingo es por mucho la más grande en términos de jurisdicción y cantidad de casos. Cada año entra un promedio de 3000 evidencias, de las que las armas de fuego y blanca superan los 2000, según dice Díaz.
Para su conservación, se necesita de cajas y material plástico, en lo que se gasta una alta suma que la fiscalía no dispone, se queja. También demandan comprar abanicos, iluminar ciertos espacios y colocar extractores, que les permitan mantener los objetos en mejor estado de conservación. Para esos arreglos se tiene diseñado un plan, con presupuesto definido que la magistrada prefiere no mencionar. Pero mantiene la esperanza de que una o varias entidades puedan ayudarlos.
Tania Molina
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