Menos del 10% de denuncias de abuso sexual llega a los tribunales

Las condenas representan el 4% de las denuncias.

“Será que soy yo la que estoy fallando, será que estoy provocando”, se llegó a cuestionar Evelina, nombre ficticio de una joven que a los 12 años de edad fue víctima de un intento de violación sexual por parte de un vecino pero que ya en edad adulta vivió la horrible experiencia de ser abusada por un amigo.

Evelina, es una muestra de los más de 19 mil casos de denuncias de delitos sexuales de los que han sido víctimas menores de edad entre 2014 y 2018, estadística desproporcional a la cantidad de casos que llegan a los tribunales por los cuales el Ministerio Público obtiene sentencias ejemplificadoras.

Los casos de delitos sexuales puesto en conocimiento de las autoridades, revelan que la niñez dominicana está en serio peligro y al parecer los responsables de resguardar el interés superior del niño no lo están tomando muy en serio. Los números hablan por sí solos: el Estado, no cuenta con la suficiente capacidad institucional, profesional y social para hacer frente a los miles de denuncias de abuso, violación, agresión y otros delitos sexuales que se cometen contra los niños, niñas y adolescentes.

Es frecuente escuchar a padres o tutores de adolescentes abusadas por un adulto: ¡que me le pague lo que ella merece! Pero eso no es lo más alarmante. Datos ofrecidos por la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial reflejan una disparidad entre la cantidad de denuncias que recibe el Ministerio Público y el número de condenas obtenidas una vez se judicializan los casos.

Por agresión sexual, violación, acoso, incesto, seducción y exhibicionismo, las fiscalías del Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santiago, recibieron 19,057 denuncias en tanto que, para ese mismo período de tiempo, los tribunales de las referidas demarcaciones dictaron 700 sentencias condenatorias a personas sometidas por esos delitos.


En un análisis de las estadísticas que maneja la Procuraduría General de la República de las Fiscalías del Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santiago, así como los reportes de sentencias condenatorias emitidas por los tribunales por delitos sexuales, se ha evidenciado que el número de denuncias es relativamente alto para la cantidad de sometimientos a la justicia. Demuestra, además, que de los casos judicializados en menos de la mitad se obtienen los resultados esperados.

Las razones o cuestiones que influyen en la poca judicialización de las denuncias y un mal desempeño en los tribunales, tiene que ver entre otras cosas, con el temor que sienten las víctimas y sus familiares, el acceso a la justicia, la mala calidad de la investigación, poca disponibilidad del personal del Ministerio Público, así como la falta de recursos humanos y económicos con los que cuentan las fiscalías, explican varias entidades y personas consultadas al respecto.

Evelina, quien explicó a Diario Libre que apenas hace muy poco tiempo fue que le contó a su madre lo ocurrido y que no ha tenido ni tiene el valor para contarlo a su padre y hermanos, describió que las razones por las cuales no denunció ante las autoridades que su amigo y compañero de movimiento político la violó, fue por temor a la familia y la presión social.

“No lo hice porque como él trabajaba para esa institución (un organismo del Estado), rodeado de personas influyentes, sus familiares tengo entendido que son dueños de un canal, un canal local de mi provincia, yo entendía que eso era como una razón de sobra para que nadie, como que, me prestara atención a mí, sino que lo pudieran defender a él”, comentó la joven quien producto de esa violación adquirió una Infección de Transmisión Sexual (ITS). Esa situación provocó que una amiga de ella, que también es amiga de la persona que la violó, a la fecha, sea su enemiga.

Otro aspecto destacado por la Coalición de ONGs por la Infancia, tiene que ver con la calidad de las investigaciones y las pruebas que realizan los fiscales cuando reciben una denuncia de que un menor de edad habría sido abusado.

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El análisis de los resultados obtenidos por las fiscalías de Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional muestran la disparidad entre casos judicializados y sentencias condenatorias. Previo a la presentación del desempeño de las fiscalías, es preciso destacar que solo el Distrito Nacional remitió a Diario Libre el desglose de casos denunciados y judicializados. Santiago y Santo Domingo Este no lo remitieron pese a varias solicitudes y semanas de espera.

Para una mejor comprensión de los datos, es preciso señalar que el Ministerio Público tiene el Departamento Judicial de Santo Domingo dividido en tres: Este, Norte y Oeste, en tanto que el Poder Judicial maneja la estadística de ese departamento como Santo Domingo, es decir que el número de sentencias condenatorias obtenidas en esa demarcación está distribuido entre los tres municipios.

La Fiscalía del municipio Santo Domingo Este recibió 11,429 denuncias por delitos sexuales entre 2014-2018. Ese dato comparado con las 316 condenas dictadas por los tribunales de Santo Domingo representaría el 0.027% del número de denuncias, pero ese porcentaje en realidad es menor debido que SDE es un segmento del Departamento Judicial de Santo Domingo.

Santiago recibió 4,939 denuncias y solo ha tenido ganancia de causa en 249 expedientes acusatorios, para un 5% del total de casos recibidos.

De los 2689 casos reportados al Distrito Nacional en igual período, 465 fueron judicializados. El desempeño fue de la manera siguiente; 2014 un 26%; en año 2015 el desempeño positivo fue de 29%; en el 2016 de 25%; para 2017 subió a 59% y en 2018 solo ganaron el 18% de los casos sometidos.

“El acceso a la justicia, la presión a amenaza, la vergüenza porque muchas veces esos casos no quieren ventilarse, los familiares sienten vergüenza y muchas veces el desgaste que implica para las familias en proceso. El desgaste en el proceso con las citaciones: que tienen que venir hoy, que tiene que volver, son cosas que complican el seguimiento que tiene que dar la víctima al proceso”, explicó Catalina Encarnación coordinadora de la Coalición.

“También hay otra parte fundamental que tiene que ver en cómo se sustentan los procesos en el tribunal, tienen que ver con evidencias. Si en un proceso, no se aportan las evidencias, que comprometen la responsabilidad del agresor, ese proceso va a caer y ese proceso no va a llegar quizás a una etapa final”, enfatizó.


El interés mueve la acción

Esas estadísticas del Ministerio Público podrían ser un reflejo de que en las fiscalías se materializa el argot popular: “el interés mueve la acción”. Pese a que por ley están obligadas a continuar con un proceso penal aunque las víctimas desistan, en realidad esto ocurre en muy pocos casos.

La Coalición de ONGs explica que, aunque las pruebas las tiene que aportar el Ministerio Público, muchas veces esos investigadores no cuentan con los recursos para ir a un lugar a hacer un levantamiento o enviar una citación y la familia muchas veces tiene que hacerse responsable.

“Cuando tenemos un MP eficiente, ágil, que quiere resolver, se va a movilizar”, dijo Encarnación previo a citar como ejemplo el caso de una persona detenida en el municipio de Neyba por abuso sexual contra una menor de edad en Santo Domingo en la que tuvieron que hacer gran presión tanto a las fiscalías de Neyba como de la Capital para poder lograr el traslado del imputado a la jurisdicción correspondiente.

Los números plantean varias interrogantes las cuales no han podido ser contestadas por la Procuraduría Especializada para asuntos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Tomando como referencia el caso del Distrito Nacional en donde se presentaron 2689 denuncias en cuatro años, se hace necesario cuestionar ¿Cómo es posible que solo el 17% fue judicializado? ¿Cómo es posible que se hayan obtenido sentencias condenatorias en menos de la mitad de los casos sometidos a la justicia? ¿Las evidencias se aportaron como manda el Código Procesal Penal? ¿Se hicieron las investigaciones correctas para sustentar esos procesos?

Si bien es cierto que los resultados de las entrevistas realizadas en cámara Gesell son altamente efectivas y contundentes en un proceso penal, jueces consultados por Diario Libre, explicaron que muchas veces el Ministerio Público sustenta su acusación en la entrevista y no se esfuerza por aportar otros elementos para sustentar su teoría de caso.

Destacaron que los temas de delito sexual y sobre todo cuando involucra a adolescentes, son difíciles de probar porque el menor de edad puede estar bajo presión y, por consiguiente, para demostrar que es víctima de chantaje o presión de su agresor el órgano investigador debe aportar evidencias de que ocurre.

El sociólogo Celedonio Jiménez considera que la inefectividad de instituciones judiciales, las fiscalías en términos de procesar casos de personas que han incurrido en violación de menores, no es algo casual sino la expresión de cierta tolerancia frente a ciertas personas y frente a ciertas instituciones.

Describe que “vivimos en un contexto en que la justicia dominicana no actúa adecuadamente frente a acusados, dependiendo sobretodo de su incidencia tanto social, económica como política”.

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Para las psicólogas forenses y especialistas en atención a NNA víctimas de abuso, agresión o violación sexual, Natasha Ramírez y María Fabián, algunos familiares, actores del sistema y entorno social por lo regular, de manera inconsciente, revictimizan a un o una menor de edad.

Un ejemplo de ello, es cuando un menor de edad le cuenta la acción a un pariente y este a su vez llama a otro para que este vuelva a repetir la historia. Luego sigue el mismo ciclo cuando acuden a las autoridades: al oficial o fiscal que toma la denuncia y así sucesivamente hasta concluir con una entrevista en Cámara Gesell.

“Algo que tengo claro es que, si ese niño no acude a terapia psicológica, orientación psicológica, dependiendo la magnitud del abuso, pues eso se va a volver a dar”, destacó Ramírez.

Producto de la violación sexual, Evelina cayó en tal estado de depresión que tomó la decisión de cambiarse de carrera porque no podía lidiar con la situación. Si bien comenzó a recibir tratamiento psicológico por lo ocurrido, ella lo abandonó.

Es abuso no una relación

El Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes no reconoce, más bien castiga, el hecho de que una persona cinco años mayor que una adolescente tenga relaciones sexuales con ella o la seduzca.

Si bien es cierto que muchas veces las propias autoridades califican como una “relación” el hecho de que un adulto se involucre con una menor de edad, como lo hizo fiscalía del Distrito Nacional en el caso del general José Acosta Castellanos, la ley 136-06 no lo define así.

“Abuso sexual: es la práctica sexual con un niño, niña o adolescente por un adulto, o persona cinco (5) años mayor, para su propia gratificación sexual, sin consideración del desarrollo sicosexual del niño, niña o adolescente y que puede ocurrir aún sin contacto físico”, dice el numeral C del artículo 396 del Código.

Las psicólogas Ramírez y Fabián califican de preocupante el hecho de que en la sociedad dominicana se juzgue a una menor de edad que está siendo abusada por un adulto mucho mayor que ella cuando a quien se debe culpar es a ése adulto por incurrir en un ilícito penal.

Consideran que a la sociedad le falta mucho por aprender y concientizarse respecto a no justificar un vínculo desproporcional entre un adulto y una menor de edad, aludiendo a que “las muchachitas son calientes” o que son “puticas”, ya que por más inteligente y audaz que sea una menor de edad, nunca lo será más que el adulto.



“Sí, es cierto que sobre todo en las adolescentes se da mucho, pero tenemos que estar consiente que esa adolescente que, por ejemplo, inicia una relación con una persona mayor, ésa persona mayor se supone que sabe que está entrando en una relación con una adolescente que por más que sea, está en posición menor a la de él. Él tiene un cierto nivel de poder ante esa situación y se supone que una relación sana de pareja es en donde ambas personas están en un mismo nivel”, argumentó Natasha Ramírez.

María Fabián explicó que las secuelas que deja el abuso o delito sexual son amplias si no son abordadas de manera oportuna e indicó que los o las adolescentes no tratados por un profesional de la conducta, tienden a desarrollar una vida promiscua.

Pueden “caer en maras, en alcoholismo, bandas, si no son tratadas oportunamente (...) Si no son tratados de manera adecuada son futuros violadores, futuros perpetradores”, destacó.

La organización Visión Mundial República Dominicana realizó en el 2018 un informe de Línea Base Nacional con el objetivo de medir la vulnerabilidad de los NNA en los municipios de las provincias Dajabón, Independencia, Barahona, Bahoruco, El Seibo, Santo Domingo y Elías Piña. La “Encuesta de Comportamiento Sano de Jóvenes” realizada en 3,200 hogares, revela 29.5% de la población encuestada padece de algún tipo de relación abusiva.

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