Ministerio Público no descarta inclusión de más personas en Operación Coral
Esto, según se amplíen las investigaciones y se encuentren pruebas para solicitarles medidas de coerción
Diario Libre
El Ministerio Público no descarta que más personas sean implicadas en la Operación Coral, por la cual somete a cinco por corrupción, estafa, asociación de malhechores, entre otros delitos contra el Estado.
La fiscal Mirna Ortiz dijo que no se duda de que en el transcurso de las investigaciones, que ahora se amplían, haya más personas sometidas según se encuentren pruebas para solicitarles medidas de coerción.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habló con la prensa este miércoles tras depositar la solicitud de medida de coerción contra el mayor general Adams Cáceres Silvestre y la pastora Rossy Guzmán Sánchez
El Ministerio Público también solicitó medida de coerción, consistente en prisión preventiva, contra Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez.
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Ortiz indicó que esta medida de coerción, depositada ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, es la "idónea" para salvaguardar el desarrollo y ampliación de las investigaciones y garantizar que los implicados respondan ante la justicia.
La Pepca, que coordina la Operación Coral junto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, solicitó también que el tribunal declare el caso de tramitación compleja, ante la cantidad de imputados y a la gravedad de los hechos que les atribuyen.
El conocimiento de la medida de coerción fue fijado para el próximo miércoles a las 11:00 de la mañana.
El general Cáceres Silvestre administró 3,000 millones de pesos injustificado durante los años en que sirvió como jefe de seguridad en la gestión del expresidente Danilo Medina Sánchez (2012-2020), según el Ministerio Público.
Agregó que fruto de los 27 allanamientos realizados durante el fin de semana en el Gran Santo Domingo y otras demarcaciones del país, las autoridades ocuparon bienes inmuebles y otras posesiones que fueron adquiridas con el erario.
El órgano de la acusación detalló que sobre el grupo pesan acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
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