Plataforma DXD: Ocho de cada 10 afectados por TC 168-13 siguen a espera de solución

La plataforma Dominicanos por Derecho (DXD) informó este miércoles que apenas 26,851 de los más de 117 mil dominicanos afectados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) han tenido solución a sus dificultades de acceso a documentación y nacionalidad.

Destacaron que hoy se cumplen siete años de la medida emitida por el Tribunal Constitucional "que de forma arbitraria desnacionalizó a miles de dominicanos descendientes de migrantes".

La plataforma Dominicanos por Derecho, cuyas organizaciones acompañan a la población dominicana de ascendencia haitiana en sus reclamos de justicia hace más de 30 años, urgió a las nuevas autoridades abrir nuevo capítulo para buscar soluciones efectivas.

Indicó que eso se debe realizar "dejando atrás discriminación institucionalizada para construir puentes de comunicación para avanzar en la búsqueda de soluciones viables, duraderas y efectivas a la desnacionalización de dominicanos descendientes de migrantes".

“En 2020, los dominicanos y dominicanas hemos demostrado en cada plaza que el futuro pertenece al proyecto democrático, a la justicia y a la institucionalidad. A siete años de la sentencia 168-13, seguimos trabajando día a día por una República Dominicana de derechos, un Estado que no marque diferencia entre hermanos, que impulse a sus jóvenes por el camino del progreso, que abrace la dignidad de las familias”, precisó.

Para la plataforma, la emergencia sanitaria por COVID-19 pone el tema sobre la mesa "demostrando nueva vez la insuficiencia" de la Ley 169-14, adoptada por el Congreso Nacional en 2014 "para contrarrestar las múltiples violaciones de derechos y problemáticas de orden social agravadas con la desnacionalización".

Tras seis años de espera, solo a 750 personas del grupo no registrado les otorgaron la nacionalidad por naturalización, por lo que, consideró, es necesario el diseño de políticas públicas que contemple a este segmento.

Aseguró que las vulnerabilidades preexistentes en poblaciones bateyeras y urbanos marginales, en la que viven la mayoría de afectados, hace más dramática la situación.

"El bloqueo al registro civil y negación de la nacionalidad impiden el acceso a servicios públicos y a la asistencia social ya que la cédula de identidad y electoral es requisito para gestionar la incorporación como beneficiarios a los programas oficiales", expresó.

Señaló que el estudio de los dominicanos descendientes de migrantes derivado de la segunda Encuesta Nacional de Migrantes (ENI-2017) revela que la población dominicana descendiente de migrantes haitianos es la que tiene más dificultades para integrarse.

Su ingreso mensual promedio es menor a 15 mil pesos que adquieren en situaciones de desventaja laboral, trabajos informales y riesgosos. En el caso de las mujeres, el monto es menor a 6,500 pesos, en su mayoría provenientes del trabajo doméstico.

"La población dominicana de ascendencia haitiana no permanece inmóvil, este segmento tiene significativos aportes al desarrollo de nuestra nación, sus luchas por mejores condiciones de trabajo nos han beneficiado a todos/as, el resultado de su sudor es medible y cuantificable, fundamental para el sector azucarero, agropecuario, turístico, zona franca, y servicios, entre otros", destacó.

Mostró su preocupación por el anuncio del reinicio de las deportaciones de personas migrantes: “En este contexto tan desafiante para todos, que amerita de otros enfoques en el proceso de recuperación colectiva”.

"Atendiendo a dolorosas experiencias pasadas, es imperante evitar las expulsiones de personas dominicanas en operativos militares, policiales y migratorios discrepantes de las leyes que traen desasosiego, limitan el derecho al libre tránsito de los ciudadanos y exponen a las comunidades afrodescendientes a vivir bajo el peso de la violencia normalizada", expresó.

Diario Libre

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