Precariedades estancan operación de la justicia en la provincia Santo Domingo

SANTO DOMINGO. Aglomeración de personas en oficinas y pasillos, salas de audiencia estrechas y hacinadas, tribunales en furgones, carencia de una Corte de Apelación para conocer medidas de coerción, son algunos de los inconvenientes y precariedades que presenta el Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo para operar, pese a ser el centro de mayor demanda del país a nivel de justicia.

Los inconvenientes quedaron evidenciados cuando los jueces, fiscales, abogados y testigos coincidieron en las dificultades que representa realizar un trabajo o recibir un servicio allí.

“Esto está de capa caída, siendo sincero, ojalá y cierren esto hoy”, expresó el abogado litigante Toribio López, mientras salía de un furgón que fue habilitado por la corte para conocer medidas de coerción.

Un ciudadano que usa los servicios en ese Palacio de Justicia manifestó que los trámites son muy difíciles, pues dice tener más de una semana y no ha podido conseguir una certificación que solicitó. “Los baños están muy precarios, y en el único que está en funcionamiento hay que hacer fila, y cuando tienes dos minutos te sacan”, añadió.

En el mes de mayo del año 2015, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, dio el primer picazo para dar inicio a los trabajos de construcción de un nuevo Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo. Sin embargo, el solar de 14,696 metros cuadrados, donde supuestamente se construirá la obra, en la avenida Sabana Larga, Santo Domingo Este, se ha convertido en un monte alto.

En este nuevo Palacio de Justicia, cuya construcción lleva más de dos años paralizada, se tenía contemplado alojar los tribunales civiles, penales, laborales y la jurisdicción inmobiliaria, con su registro de títulos, también la Defensa Pública y el Ministerio Público, que hasta el momento funcionan en la vieja corte de la Charles de Gaulle.

Alega falta de recursos

El magistrado Germán Mejía reconoció recientemente que es urgente construir el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, aunque dijo que los trabajos de construcción están paralizados porque ese organismo no tiene dinero.

Sin embargo el Consejo de Ministros aprobó un aumento de más de RD$1,000 millones al presupuesto del Poder Judicial para el año 2018, equivalente a RD$7,422 millones, menos de un 1% del Presupuesto General de la Nación, por lo que el máximo representante de ese poder insistió en que el presupuesto es bajo.

Para el jurista Cándido Simón, quien lleva varios casos en estos tribunales, el problema radica en el poco interés de las autoridades para que la complicación sea resuelta. “El presidente de la Suprema Corte de Justicia debe pedir al Congreso que le apruebe un presupuesto, porque sin presupuesto no hay manera de que aquí se pueda seguir operando”, indicó.

Dijo que esa corte atiende los asuntos de la provincia Santo Domingo, más los asuntos de otras cortes colindantes como Monte Plata, San Pedro de Macorís, Cotuí, Samaná, San Cristóbal, aparte de tener el más alto índice de criminalidad violenta.

“Las condiciones son inhumanas, en el área secretarial hay ciento siete empleados juntos en un cuarto de setenta y siete metros cuadrados aproximadamente, esto está paralizado, es una cosa impresionante e indigna”, sentenció Simón.

Algunos datos

La provincia Santo Domingo, desde la separación del Distrito Nacional el 16 de octubre de 2001, ha experimentado crecimiento tanto en su población como en hechos delictivos, razón que hoy sitúa esa demarcación como la más demandada a nivel judicial. Cuenta con ocho municipios y siete distritos municipales.

Según datos del último censo, suministrado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), esa provincia tenía en ese entonces 2,374,370 habitantes.

En la pasada Cumbre Judicial, las autoridades se plantearon y acordaron garantizar la independencia interna del Poder Judicial e impulsar acciones concretas para lograr la asignación del 2.66% del presupuesto.

Esos planteamientos no se han materializado en esta partida anual, haciendo más incierta la posibilidad de un nuevo Palacio para la provincia Santo Domingo.

“La construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este está paralizada en este momento porque no tenemos dinero. No es que no se va hacer, hay que hacerlo, forzosamente hay que hacerlo, y puede ser que no lo haga yo, y que lo haga quien me sustituya en el cargo, pero tendrá que hacerlo, porque la justicia en el departamento de Santo Domingo no resiste seguir siendo administrada en las condiciones territoriales en que se desenvuelve”, así se expresó recientemente el presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, después de inaugurar el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Santo Domingo Oeste, ubicado en la avenida Las Palmas esquina Calle 3, del referido municipio.

Con la creación de dicho tribunal se busca dar respuesta a las necesidades de una parte de la población de la provincia más demandante en terminos judiciales. El magistrado Germán Mejía dijo: “El problema no es de ayuda. El problema es cumplir la institucionalidad y que a cada poder del Estado se le dé lo que le corresponde”.

La edificación es excluyente

El viejo edificio ubicado en la Charles de Gaulle, próximo a la Avenida Mella (El Nueve), recibe diariamente cientos de abogados, testigos y víctimas, sin embargo, no cuenta con un elevador, al menos para personas con discapacidad física o motora. Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de la provincia han tenido que bajar en varias ocasiones desde el cuarto piso al primer nivel del Palacio de Justicia para conocer una audiencia a esas personas con capacidades distintas, razón que lo hace ser excluyente ante la demanda.

20171016 https://www.diariolibre.com

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