Presidente de la SCJ pide a jueces hacer “su aporte” para frenar violencia de género

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Poder Judicial, Luis Henry Molina, hizo este martes un llamado a los jueces del sistema de justicia dominicano a que contribuyan a garantizar los derechos fundamentales de las partes involucradas en los casos de violencia de género.

Hizo el planteamiento haciendo hincapié en que los magistrados “hagamos nuestros aportes para frenar” los episodios de violencia contra la mujer, los cuales entiende, que están “lacerando a las familias y a la sociedad”.

Dijo también que los actos de violencia contra las mujeres, en todas sus manifestaciones y a nivel mundial, obligan a reenfocar el abordaje de la problemática.

“Los episodios de violencia doméstica e intrafamiliar y de género, en los últimos años a nivel global, son una hemorragia que obligan a definir un reenfoque de la problemática, haciendo efectiva la respuesta de todos los entes estatales que intervienen a lo largo de todo el proceso penal”, acotó.

En lo que va de año al menos 70 mujeres han sido asesinadas por sus parejas y/o exparejas, lo que sitúa a la República Dominicana como uno de los países de América Latina y el Caribe con más casos.

El presidente de la Suprema hizo el llamado al presentar en sus redes sociales la puesta en circulación de la “Guía de buenas prácticas para el manejo de casos de violencia doméstica e intrafamiliar y de género para jueces, juezas y servidores judiciales”, lo cual hizo con el escrito “Por un proceso penal con garantías para víctimas de violencia”.

Cuestionamientos a los jueces

La exhortación del presidente de la SCJ a los jueces se da en momento en que el rol desempeñado por magistrados en los casos que envuelven violencia de género ha sido cuestionado y censurado por algunos sectores del país, en el entendido de que son ellos los que tienen la última palabra en los acuerdos en que arriban víctimas y victimarios, al homologarlos.

Las críticas se han manifestado, específicamente, a los acuerdos que los jueces han avalados para acortar el tiempo en prisión o dejar libre a hombres presos o en procesos judiciales por violencia de género. Dos de esos casos concluyeron con el asesinato de las mujeres involucradas. Sus nombres son Anibel González y Juana Domínguez.

Los cuestionamientos llegaron del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (Pacam), del Ministerio Público y de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

Soraya Lara, directora del Pacam, planteó que entendía que en la problemática “faltaba seguir concienciando a los jueces para que comprendan la complejidad de la violencia en la situación de pareja, sobre todo esa que ejerce el hombre contra la mujer”.

Otro punto negativo que señaló fueron los acuerdos firmados y señaló que no podían darse en casos en que se haya evidenciado violencia y daño psicológico.

“Que no se validen acuerdos en hechos que son verdaderamente dramáticos y que se ha evidenciado que hay violencia, que hay daño psicológico, si hay un informe que evidencie eso, entonces no puede haber una exención de la pena. O sea, si ya se estableció que iba a ver una sanción penal de cinco años, cómo le van a dar garantía económica a una persona”, subrayó.

“Recuerda que los acuerdos, tras llevarse a cabo y tener carácter de sentencia, tienen que estar homologados por el juez. Entonces, también el juez tiene ahí una participación, digamos, o una responsabilidad compartida, porque el juez de ejecución de la pena es quien lo homologa y si ha habido un desempeño cuestionable, supónte tú, por parte de la fiscal, todavía cuando se lleva eso al juez, pues el juez tiene en sus manos la potestad para enderezar el asunto, por qué, porque el juez lo puede rechazar”, dijo Julieta Tejada, encargada de prensa del Ministerio Público cuando fue contactada sobre el particular.

Sandra Guzmán

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Periodista dominicana. Egresada de la UASD. Posee una amplia experiencia en el periodismo digital y de investigación.