Recurren al Tribunal Constitucional para impugnar exoneración de vehículos a favor de legisladores

  • La acción establece que la ley 57-96 privilegia a los legisladores y discrimina al resto de los dominicanos
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Jueces del Tribunal Constitucional apoderados de acción contra exoneraciones de vehículos a legisladores.

La alta cantidad de dinero que el Estado deja de recibir por las exoneraciones de vehículos a favor de legisladores, motivó a que la ley 57-96, que establece este privilegio, fuera atacada el viernes primero de octubre ante el Tribunal Constitucional.

La acción fue movida por la Fundación Transparencia Total por la Democracia, representada por el abogado Bunel Ramírez, quien acompañado del también abogado Williams Hernández depositó ante la Alta Corte una acción directa de inconstitucionalidad, con la que pretende la nulidad del artículo 1 de la ley 57-96, que otorga exoneraciones a legisladores y que muchas veces son vendidas particulares y concesionarios.

En la instancia se solicita al Tribunal Constitucional que declaren la nulidad de ese texto, por ser contrario a los artículos 39, 93, 138, 243, 244 y 246 de la Constitución, que contemplan el derecho a la igualdad, las atribuciones del Congreso Nacional, los principios de la administración pública, el régimen tributario, las exenciones tributarias y el control y fiscalización de fondos públicos.

Además, que pidieron la nulidad de los actos derivados de su aplicación para que se les quite el privilegio a cada legislador de importar libre de impuestos, un vehículo de motor cada dos años, sin importar el tipo, la marca, el modelo, el año o cilindraje, como establece la ley atacada.

Argumentaron que el artículo 1 de la Ley 57-97, crea un privilegio en favor de los congresistas que viola el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 39 de la Constitución de la República.

“Los legisladores, al servirse del erario mediante una ley exclusiva como la No. 57-96, de Exoneraciones de Miembros del Poder Legislativo, se convierten en dominicanos de excepción y discriminan al resto de la población, menospreciando el derecho fundamental de la igualdad y, en el caso de la especie, usando fondos públicos para su propio y único provecho”, expresa la acción de amparo.

Una carga pesada para el Estado

En dos historias publicadas el pasado lunes por Diario Libre se desglosa y calcula que, debido a las exoneraciones de vehículos a los legisladores permitidas por la Ley 57-96, el Estado dejó de recibir RD$2,649.8 millones en impuestos entre 2010 y el 12 de septiembre de 2021, de acuerdo a una base de datos suministrada por la Dirección General de Aduanas (DGA) a solicitud de este periódico.

Además, las historias recogen las confesiones de legisladores sobre cómo venden estos privilegios por hasta US$20,000 o RD$1 millón.

20211002 https://www.diariolibre.com

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