Varios escándalos han empañado el rol de la Jurisdicción Inmobiliaria

La suspensión de 19 servidores de la Jurisdicción Inmobiliaria por presunta falsificación de documentos y tramitación ilícita, viene a sumarse a una larga lista de irregularidades a lo interno de esa institución que empañan los esfuerzos hechos por el Poder Judicial para transparentar y eficientizar los servicios que ofrece a la ciudadanía.

Las irregularidades que se han destapado en esa entidad han salpicado desde empleados de nivel bajo hasta funcionarios de la dirección, como el caso de la registradora nacional de títulos, Rosabel Castillo, quien se encuentra suspendida por su presunta participación en una red que participó en la venta ilícita de los terrenos del barrio Los Tres Brazos.

Por ese caso, están bajo investigación del Ministerio Público no solo la registradora de título, sino que también figura un grupo de 10 personas acusadas de desconocer documentos para materializar operaciones de transferencia de derecho a la propiedad, con los que perjudicaron al Estado dominicano, y ejecutar operaciones de transferencias irregulares.

En 2014 varios funcionarios de la institución, entre ellos dos abogados y un agrimensor, fueron sometidos por supuestamente haber falsificado planos con los que habrían adjudicado una gran porción de terrenos al Central Romana.

En el año 2009 fue sometido a la Justicia el abogado Edwin Banquero, quien junto al exempleado de la Unidad de Apoyo Registral, Henry Luther Melenciano, y otros colaboradores de la entidad, supuestamente se constituyeron en asociación de malhechores y falsificaron documentos de propiedad en Samaná.

Otras supuestas bandas dedicadas a la misma práctica, han sido desmanteladas por las autoridades. Con la suspensión de 19 empleados esta semana, se evidencia que las prácticas ilícitas a lo interno de la institución continúan.

Consecuencias

Ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, advirtió que se llegará hasta las últimas consecuencias. La Suprema Corte aseguró que actuará sin contemplaciones contra los que crucen la frontera de los principios del Código de Comportamiento Ético.

Además de la investigación de la inspectoría, el expediente fue enviado al Ministerio Público para que amplíe las investigaciones sobre las posibles ramificaciones de los hechos que involucren a personas externas al Poder Judicial.

Sobre el tema, el abogado Amadeo Peralta consideró que las irregularidades en la jurisdicción inmobiliaria ponen en peligro la inversión extranjera, la seguridad jurídica del país y también colocan en entredicho a los sistemas administrativos de la República Dominicana.

Aseguró: “Esas mafias no solo operan en el Distrito Nacional, sino que también están en los registros de títulos de Higüey, de Samaná, y hasta en Pedernales con el caso Bahía de las Águilas”.

Propuso que para erradicar esas prácticas se necesita una profilaxis y reforzar los sistemas de control de emisión de los certificados de títulos.

“Sería recomendable que se implemente un sistema automatizado para que se sepa la hora y el empleado que tuvo acceso a un expediente, para poder determinar responsabilidades cuando realicen alguna transacción irregular”, sugirió el jurista.

Pedro Rodríguez, presidente del Colegio Dominicano de Notarios, calificó como “un desorden lo que ocurre en la institución” y dijo que hay que enfrentarlo para que no se repita.

Wander Santana