La conexión dominicana del 'Caso Marbella'
Diario Libre
Marbella. Muchas han sido las especulaciones que se han hecho sobre una posible "conexión dominicana" del famoso 'Caso Malaya' o 'Caso Marbella'. Actualmente, recién iniciado el juicio oral del 'Caso Malaya' y a punto de fijarse fecha para otra secuela de ese proceso (el 'Caso Lavado' o 'Pantoja'), podemos concluir que no existe tal conexión. Al menos, si nos fiamos de los escritos de acusación formulados por el fiscal, el juez de instrucción y las distintas acusaciones particulares que intervienen en ambos procesos. Por ejemplo, en relación a Miguel Vargas Maldonado, hoy puede concluirse que ese capítulo principal de la ceremonia de la confusión que ha rodeado esa investigación fue un completo bulo o falacia. El candidato a la Presidencia a la República en 2008 ni está, ni ha estado, ni se le espera en el 'Caso Malaya'.
¿Qué dio pie a su "implicación" en el mayor escándalo de corrupción de la historia de España? Sin duda, el espíritu abiertamente sensacionalista que ha rodeado las pesquisas, cuyas riendas ha llevado directamente la policía y el fiscal gubernamental españoles, con un juez instructor elegido irregularmente y que se ha demostrado una mera comparsa. Pero, también, ganas de enredarlo por parte de la Procuraduría General de la República Dominicana en vísperas de los comicios presidenciales.
Los primeros rumores que hablaban de la República Dominicana fueron lanzados temprano por "fuentes de la investigación" sin identificar. Cuando echa a andar la macroinvestigación prospectiva, se da por hecho que la trama delictiva ha generado un botín superior a los dos mil cuatrocientos millones de euros. Una cifra de vértigo: diez veces el presupuesto íntegro anual del ayuntamiento marbellí (238 millones de euros); el doble de lo que, según Roberto Saviano, recauda la mafia napolitana al año por tráfico de armas internacional. Hasta el juez instructor de 'Malaya' acabó reconociendo un tiempo después como "desorbitada y evidentemente errónea" tal cantidad. Pero el caso es que como no aparecía tanto dinero, se especuló con que probablemente los cacos tenían escondido el dinero en "paraísos fiscales". Al darse la casualidad de que cuatro empresarios de los 98 imputados en el caso tenían inversiones en la República Dominicana, se lanzaron las campanas al vuelo con la posibilidad de que parte del cofre del tesoro estuviera en esos predios. Incluso, hubo algún medio que, mostrando un desconocimiento supino, llegó a hablar de la República Dominicana como "paraíso fiscal".
Los inversionistas imputados en el 'Caso Malaya' con inversiones en Quisqueya son Tomás Olivo, Carlos Sánchez, Andrés Liétor y José Ávila. Se trata de exitosos empresarios, hechos a sí mismos, a los que se acusa de haber accedido a los pagos ilícitos que supuestamente les exigía el "cerebro" de la trama de Marbella, Juan Antonio Roca, algo que ellos niegan categóricamente. En el caso de los tres últimos, se les añade un posible delito de "blanqueo de capitales" al haber desarrollado en algún momento transacciones económicas con empresas privadas de Roca que habían venido funcionando en los últimos quince años sin que las autoridades detectasen oficialmente ninguna anomalía.
Olivo, Sánchez y Liétor participan en distintos proyectos turísticos e inmobiliarios en la República Dominicana, como el Guavaberry Golf and Country Club. Sánchez y Liétor han invertido, además, en hoteles como el Hispaniola. Los tres tienen amistad con relevantes funcionarios de la administración de Leonel Fernández, además de considerarse amigos del dirigente perredeísta Miguel Vargas Maldonado, por quien no ocultan sus simpatías en público.
En uno de los grandes apartados del 'Caso Malaya', convertido posteriormente en una pieza separada por su enjundia propia, volvió a surgir el nombre del país caribeño. En la investigación del ex alcalde Julián Muñoz y su amante, la cantante Isabel Pantoja, la policía, el fiscal y el juez sospechan que la pareja ha invertido (lavado) el fruto del saqueo del Ayuntamiento en varias propiedades y que ha podido haber sobornos de empresarios en especie, en forma de un apartamento y una mansión de lujo. La mansión, que el ex regidor bautizó 'Mi Gitana', era propiedad de Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que se habían hecho con ella al haber comprado una empresa que tenía la casa como único patrimonio. Dicha mercantil, Huracán del Oeste, estaba constituida en Gibraltar (colonia británica al sur de España). En palabras del fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero, "lo que hicieron los Sres. Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor Martínez fue adquirir las participaciones de la sociedad gibraltareña por medio de una sociedad de la República Dominicana llamada GRECO DEVELOPMENT CORPORATION". Esta operación se hizo mediante una transferencia bancaria a Suiza.
En un caso mediático necesitado de empaque, era suficiente oír hablar de tres lugares exóticos para que desde el seno de la investigación se exageraran las posibles ramificaciones del caso: quedaba resultona la historia de un grupo de facinerosos con intereses en un alejado país, con resonancias de bananería, tan amigos de prebostes como para tener la capacidad de influir, corromper o asociarse con quien estaba a punto de ser un todopoderoso Presidente de República. En ese sentido, otra historia peregrina que se filtró trataba de relacionar con la Casa Real española a una empresa involucrada en el escándalo, por llamarse Aifos, Sofía al revés.
En el caso de Miguel Vargas, no faltó quien diese un paso más allá en el malvado sofisma, al caer en la cuenta de que es líder de un partido socialdemócrata, con estupendos vínculos con un ex presidente de Gobierno español que visita con frecuencia la nación dominicana. Así se manifestaba un reportaje aparecido en el semanario Interviú (30/10/2006), "Operación Malaya: la conexión dominicana", que describe el país como "un lugar con kilómetros de costa virgen, políticos ávidos de dinero y escaso control policial. Y a tiro de piedra de los principales paraísos fiscales del Caribe. ¿Se puede pedir más? Sí, un socio con influencias que garantice las inversiones", y ahí es donde menciona al político dominicano, además de asegurar que se benefician de "la red de influencias" esgrimida en muchas ocasiones anteriores para relacionar, sin fundamento, al ex presidente Felipe González y su entorno con inversiones turísticas.
La historia era tan atractiva que hasta el 'juez estrella' por antonomasia de España, Baltasar Garzón, aprovechó algunas de sus visitas académicas a Santo Domingo para preguntar discretamente a sus contactos en la Presidencia por las inversiones de los empresarios 'malayos'. Oficialmente, el fiscal y el juez del 'Caso Malaya' solicitaron información a la República Dominicana sobre esos súbditos españoles.
Así, a las autoridades españolas le llegan distintos informes del DEPRECO y el procurador general de la República. Concretamente, en enero de 2007 llega uno sobre un hermano de Carlos Sánchez, residente en Santo Domingo desde hace años, sobre todas las transacciones bancarias que ha efectuado superiores a los 10,000 dólares. También en mayo del mismo año, sobre Tomás Olivo, y a esas alturas el procurador general de la República habla de una investigación abierta por la Procuraduría sobre el "Caso del ayuntamiento de Marbella". Por aquellas fechas, llega a la fiscalía española un reporte no solicitado sobre "el ciudadano español Miguel Vargas Maldonado". Suficiente para que al mismo tiempo se filtrase en Santo Domingo que España estaba investigando al político perredeísta. Empezó a rodar la bola de nieve.
Sin embargo, tras un exhaustivo análisis por parte de los técnicos tributarios y policiales asignados a la investigación se desechó cualquier indicio de anomalía. Todos y cada uno de los movimientos bancarios, todas las inversiones, eran totalmente legales y correctas, incluido el megaproyecto de Punta Perla, también escrutado y cuya propiedad está actualmente bajo litigio en los tribunales dominicanos.
Cuatro años después del inicio de las investigaciones, el propio fiscal en su escrito de acusación considera probado que la controversial mansión 'Mi gitana' fue adquirida por Isabel Pantoja y Julián Muñoz gracias a un préstamo bancario perfectamente legal y tan claro está que no existe ningún indicio de irregularidad en la venta que el fiscal y el juez no han tenido a bien acusar de ningún delito relacionado con ese capítulo a Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Si hubiera habido algún indicio, hoy estarían acusados por lavado de capitales o cohecho en esta secuela del 'Caso Malaya' que algunos programas televisivos han llamado 'Caso Blanqueo' o 'Pantoja'. Lógicamente, en esa línea no hay en los escritos de acusación ni una sola referencia, ni remota, al perredeísta Miguel Vargas Maldonado.
¿Qué dio pie a su "implicación" en el mayor escándalo de corrupción de la historia de España? Sin duda, el espíritu abiertamente sensacionalista que ha rodeado las pesquisas, cuyas riendas ha llevado directamente la policía y el fiscal gubernamental españoles, con un juez instructor elegido irregularmente y que se ha demostrado una mera comparsa. Pero, también, ganas de enredarlo por parte de la Procuraduría General de la República Dominicana en vísperas de los comicios presidenciales.
Los primeros rumores que hablaban de la República Dominicana fueron lanzados temprano por "fuentes de la investigación" sin identificar. Cuando echa a andar la macroinvestigación prospectiva, se da por hecho que la trama delictiva ha generado un botín superior a los dos mil cuatrocientos millones de euros. Una cifra de vértigo: diez veces el presupuesto íntegro anual del ayuntamiento marbellí (238 millones de euros); el doble de lo que, según Roberto Saviano, recauda la mafia napolitana al año por tráfico de armas internacional. Hasta el juez instructor de 'Malaya' acabó reconociendo un tiempo después como "desorbitada y evidentemente errónea" tal cantidad. Pero el caso es que como no aparecía tanto dinero, se especuló con que probablemente los cacos tenían escondido el dinero en "paraísos fiscales". Al darse la casualidad de que cuatro empresarios de los 98 imputados en el caso tenían inversiones en la República Dominicana, se lanzaron las campanas al vuelo con la posibilidad de que parte del cofre del tesoro estuviera en esos predios. Incluso, hubo algún medio que, mostrando un desconocimiento supino, llegó a hablar de la República Dominicana como "paraíso fiscal".
Los inversionistas imputados en el 'Caso Malaya' con inversiones en Quisqueya son Tomás Olivo, Carlos Sánchez, Andrés Liétor y José Ávila. Se trata de exitosos empresarios, hechos a sí mismos, a los que se acusa de haber accedido a los pagos ilícitos que supuestamente les exigía el "cerebro" de la trama de Marbella, Juan Antonio Roca, algo que ellos niegan categóricamente. En el caso de los tres últimos, se les añade un posible delito de "blanqueo de capitales" al haber desarrollado en algún momento transacciones económicas con empresas privadas de Roca que habían venido funcionando en los últimos quince años sin que las autoridades detectasen oficialmente ninguna anomalía.
Olivo, Sánchez y Liétor participan en distintos proyectos turísticos e inmobiliarios en la República Dominicana, como el Guavaberry Golf and Country Club. Sánchez y Liétor han invertido, además, en hoteles como el Hispaniola. Los tres tienen amistad con relevantes funcionarios de la administración de Leonel Fernández, además de considerarse amigos del dirigente perredeísta Miguel Vargas Maldonado, por quien no ocultan sus simpatías en público.
En uno de los grandes apartados del 'Caso Malaya', convertido posteriormente en una pieza separada por su enjundia propia, volvió a surgir el nombre del país caribeño. En la investigación del ex alcalde Julián Muñoz y su amante, la cantante Isabel Pantoja, la policía, el fiscal y el juez sospechan que la pareja ha invertido (lavado) el fruto del saqueo del Ayuntamiento en varias propiedades y que ha podido haber sobornos de empresarios en especie, en forma de un apartamento y una mansión de lujo. La mansión, que el ex regidor bautizó 'Mi Gitana', era propiedad de Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que se habían hecho con ella al haber comprado una empresa que tenía la casa como único patrimonio. Dicha mercantil, Huracán del Oeste, estaba constituida en Gibraltar (colonia británica al sur de España). En palabras del fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero, "lo que hicieron los Sres. Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor Martínez fue adquirir las participaciones de la sociedad gibraltareña por medio de una sociedad de la República Dominicana llamada GRECO DEVELOPMENT CORPORATION". Esta operación se hizo mediante una transferencia bancaria a Suiza.
En un caso mediático necesitado de empaque, era suficiente oír hablar de tres lugares exóticos para que desde el seno de la investigación se exageraran las posibles ramificaciones del caso: quedaba resultona la historia de un grupo de facinerosos con intereses en un alejado país, con resonancias de bananería, tan amigos de prebostes como para tener la capacidad de influir, corromper o asociarse con quien estaba a punto de ser un todopoderoso Presidente de República. En ese sentido, otra historia peregrina que se filtró trataba de relacionar con la Casa Real española a una empresa involucrada en el escándalo, por llamarse Aifos, Sofía al revés.
En el caso de Miguel Vargas, no faltó quien diese un paso más allá en el malvado sofisma, al caer en la cuenta de que es líder de un partido socialdemócrata, con estupendos vínculos con un ex presidente de Gobierno español que visita con frecuencia la nación dominicana. Así se manifestaba un reportaje aparecido en el semanario Interviú (30/10/2006), "Operación Malaya: la conexión dominicana", que describe el país como "un lugar con kilómetros de costa virgen, políticos ávidos de dinero y escaso control policial. Y a tiro de piedra de los principales paraísos fiscales del Caribe. ¿Se puede pedir más? Sí, un socio con influencias que garantice las inversiones", y ahí es donde menciona al político dominicano, además de asegurar que se benefician de "la red de influencias" esgrimida en muchas ocasiones anteriores para relacionar, sin fundamento, al ex presidente Felipe González y su entorno con inversiones turísticas.
La historia era tan atractiva que hasta el 'juez estrella' por antonomasia de España, Baltasar Garzón, aprovechó algunas de sus visitas académicas a Santo Domingo para preguntar discretamente a sus contactos en la Presidencia por las inversiones de los empresarios 'malayos'. Oficialmente, el fiscal y el juez del 'Caso Malaya' solicitaron información a la República Dominicana sobre esos súbditos españoles.
Así, a las autoridades españolas le llegan distintos informes del DEPRECO y el procurador general de la República. Concretamente, en enero de 2007 llega uno sobre un hermano de Carlos Sánchez, residente en Santo Domingo desde hace años, sobre todas las transacciones bancarias que ha efectuado superiores a los 10,000 dólares. También en mayo del mismo año, sobre Tomás Olivo, y a esas alturas el procurador general de la República habla de una investigación abierta por la Procuraduría sobre el "Caso del ayuntamiento de Marbella". Por aquellas fechas, llega a la fiscalía española un reporte no solicitado sobre "el ciudadano español Miguel Vargas Maldonado". Suficiente para que al mismo tiempo se filtrase en Santo Domingo que España estaba investigando al político perredeísta. Empezó a rodar la bola de nieve.
Sin embargo, tras un exhaustivo análisis por parte de los técnicos tributarios y policiales asignados a la investigación se desechó cualquier indicio de anomalía. Todos y cada uno de los movimientos bancarios, todas las inversiones, eran totalmente legales y correctas, incluido el megaproyecto de Punta Perla, también escrutado y cuya propiedad está actualmente bajo litigio en los tribunales dominicanos.
Cuatro años después del inicio de las investigaciones, el propio fiscal en su escrito de acusación considera probado que la controversial mansión 'Mi gitana' fue adquirida por Isabel Pantoja y Julián Muñoz gracias a un préstamo bancario perfectamente legal y tan claro está que no existe ningún indicio de irregularidad en la venta que el fiscal y el juez no han tenido a bien acusar de ningún delito relacionado con ese capítulo a Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Si hubiera habido algún indicio, hoy estarían acusados por lavado de capitales o cohecho en esta secuela del 'Caso Malaya' que algunos programas televisivos han llamado 'Caso Blanqueo' o 'Pantoja'. Lógicamente, en esa línea no hay en los escritos de acusación ni una sola referencia, ni remota, al perredeísta Miguel Vargas Maldonado.
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