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La Fiscalía pidió 30 años para seis involucrados en el caso Jordi

El Tribunal se reserva fallo para martes 17

SANTIAGO. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago se reservó el fallo para el martes 17 de junio en el juicio que se sigue a los implicados en la tentativa de asesinato contra el abogado y comunicador Jordi Veras, ocurrido en junio del 2010.

En la audiencia que se inició a las 10:00 a.m. de ayer, el Ministerio Público solicitó 30 años de prisión contra Adriano Román y otros cinco de los implicados en el atentado criminal.

Los representantes del Ministerio Público también solicitaron al Primer Tribunal la pena máxima contra Engels Carela Castro, Candy Caminero Rodríguez, Roberto Zabala Espinosa, Franklin Reynoso y Arturo Ferreras del Castillo.

Mientras que para Francisco Carela pidieron una condena de 10 años.

Los jueces del Primer Tribunal, que preside Anneli Torres, emitirán su veredicto contra los acusados de orquestar la trama criminal para el martes 17 a las 9:00 a.m.

Durante la audiencia, los abogados de los imputados denunciaron que los medios de comunicación están parcializados a favor de la familia Veras.

"El Ministerio Público y la parte civil han utilizado los medios de comunicación y la presencia de funcionarios del poder judicial para presionar al tribunal, ya que carecen de pruebas vinculantes", sostuvo Rodolfo Valentín, abogado de Adriano Román.

En tanto, el reconocido jurista Ramón Antonio (Negro) Veras restó importancia a las acusaciones realizadas por los defensores públicos. "Yo vine preparado para escuchar toda la basura que podía salir de los defensores de la organización de asesinos que quiso eliminar a mi hijo Jordi", afirmó.

Todo el proceso, en su fase de instrucción y de fondo, se vio permanentemente incidentado por los abogados de Adriano Román, y por los frecuentes cambios de abogados.

Cuatro años después

"Negro" Veras, padre de Jordi, había dicho al cumplirse el pasado 2 de junio cuatro años del atentado, que aunque no guarda rencor, espera la decisión del tribunal a la luz de las pruebas aportadas, para que la sociedad reciba con satisfacción y sentido de justicia, la sentencia condenatoria contra el que pagó y los demás implicados en el intento de asesinato del que fue víctima su hijo.

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