La ley de incentivos perimió en el Congreso
Diario Libre
En el sector energético nacional coinciden en que sin la ley no avanzarán las iniciativas en fuentes de energía renovable. En la comisión bicameral de energía que estudia el proyecto dicen que conflictos entre Industria y Comercio y la CNE retrasaron el proceso.
Perimió en el Congreso Nacional, luego de dos legislaturas, el "Proyecto de Ley de Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energías y de sus Regímenes Especiales" que constituye, según la mayoría de las voces del sector energético nacional, la pieza que pondrá en marcha en el país la industria de las energías limpias.
Sometido por el Poder Ejecutivo, el proyecto de ley, que se encuentra en consonancia con los objetivos de desarrollo del milenio, desglosa de manera general las virtudes de las energías renovables. Entre las más importantes, señala su potencial para contribuir a impulsar "el desarrollo económico regional, rural y agroindustrial del país".
El tranque: quién manejará los fondos
Aparte de la resistencia de los sectores tradicionales del energía, el punto de conflicto fue el fondo de 5% del diferencial de los combustibles de origen fósil que, según la ley 112-00 de hidrocarburos instituye un "incentivo al desarrollo de fuentes de energía renovables y al ahorro de energía. En la actualidad esos fondos son manejados por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio.
"Una de las divergencias dentro del proyecto, que hizo que se dilatara un poco más, se manifestó en el propio gobierno, entre la Secretaría de Industria y Comercio y la Comisión Nacional de Energía, en función precisamente del uso que se le daría, no sólo al diferencial, sino a los recursos que manejaría la ley y el tratamiento que se le daría a los proyectos. Finalmente, ellos lograron ponerse de acuerdo y aceptaron la propuesta de que se manejara a través de la CNE", dijo el presidente de la comisión bicameral que estudia la propuesta, el diputado perredeísta Rafael Librado Castillo, quien insistió en que la propuesta no ha estado engavetada ni dormida.
La diputada Minou Tavares Mirabal (PLD) dice que el proyecto ha sido consensuado por todos los sectores y que es injustificable que no haya sido aprobado. "Eso está listo. Hemos hecho seminarios e innumerables talleres. Ese es un proyecto que está siendo demorado en perjuicio del país", dijo la legisladora que pertenece a la comisión bicameral que revisa el proyecto. Tavares dijo que pretende reintroducir el mismo ya que lo considera vital para el desarrollo del país.
Por su parte, el senador de Pedernales, Ángel Pérez Pérez (PRD), dijo que el congreso dará una sorpresa al país con la pronta aprobación de la ley. "El proyecto perimió pero va a ser reintroducido. La comisión bicameral lo ha puesto en agenda, lo hemos declarado de prioridad". Sin embargo, el senador —recién llegado de Estados Unidos— anunció que irá a España a "buscar experiencias" con el fin de insertar al proyecto "de lo mejor que ellos hayan aprovechado".
Mientras, el presidente de la comisión que estudia el proyecto dijo esperar que el proyecto sea aprobado antes de 25 días.
¿Por qué una ley?
Entre las motivaciones de la pieza están la posibilidad de disminuir el gasto nacional en compra de divisas y el interés de ponernos a la par con Centroamérica a la hora de la entrada en vigencia del CAFTA-RD/TLC.
Según Rafael Díaz, productor independiente de biodiesel "estamos operando en un área gris en este momento. No nos pueden aplicar impuestos como hidrocarburos porque no somos productores de hidrocarburos. No tenemos la exención de impuestos que se le va a dar a los productores de energías renovables. Las reglas de juego no están muy definidas". Para la producción del biodiesel y sus controles de calidad, se está operando con el reglamento norteamericano de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, el ASTM D-6751. Para Díaz, la aprobación de la ley es indispensable. "Ese marco definiría qué es el biodiesel, cómo se usa, si paga impuestos o no paga impuestos, qué exención se le da, qué tratamiento se le da, qué estándar internacional se utiliza".
Pero el riesgo de no aprobar la legislación puede ser mayor. Según Carlos Janáriz, representante del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), ninguna empresa de prestigio se lanzará a invertir en el mercado de las energías renovables sin garantías legales. CENER asesoró al gobierno en la redacción del proyecto de ley y actualmente sigue haciéndolo, junto al Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), en el diseño de los reglamentos que pautarán la aplicación de cada energía renovable.
Doroteo Rodríguez, de la CNE, coincide con Janáriz. "El sector eólico por ejemplo, está muy avanzado, pero todas esas empresas que están solicitando concesión están a la espera de que se apruebe la ley de incentivo. No existe marco regulatorio para las energías renovables en gran escala. Ninguna de las iniciativas se puede materializar sin la ley".
Wilfredo González, del Grupo Eólico Dominicano, tiene críticas que hacer al proyecto de ley. "Una de las propuestas era hacer un precio mínimo de la energía y colocarle una prima según las variaciones del mercado marginal". La inquietud del empresario reside en el mercado spot, donde las renovables —según dice— no serán beneficiadas. "Resulta que, cuando tú vas a un banco a buscar un financiamiento para un desarrollo eólico, que es a largo plazo, tú te encuentras con que no tienes un panorama estable. A ti te van a pagar la energía con una variable y tú no sabes qué pasará en cinco ó 10 años y ese es el marginal que le están poniendo como incentivo al renovable".
González pone como ejemplo de amenaza la entrada al sistema de las plantas de carbón. "Si entran en la cuantía en que se está planificando puede bajar exageradamente el costo marginal, entonces la prima será muy pequeña y no da para el financiamiento".
Sin embargo, el proyecto de ley especifica que las energías surgidas de fuentes renovables serán siempre las primeras a ser evacuadas al mercado. Serán los reglamentos conexos a la ley, actualmente en elaboración, los que definirán las ganancias de las compañías generadoras, según factores como el costo de inversión, la instalación de redes de distribución, entre otros.
BENEFICIOS ESPECIALES
Los incentivos propuestos en el proyecto de ley incluyen una exención de la totalidad de los impuestos de importación, ITEBIS y recargo cambiario "a los equipos, maquinarias y accesorios importados por las empresas o personas individuales, necesarios para la producción de energía de fuentes renovables", según el artículo 8 de la propuesta. Además, una liberación del pago del impuesto sobre la renta "sobre los ingresos derivados de la generación y venta de electricidad, agua caliente, vapor, fuerza motriz, biocombustibles o combustibles sintéticos señalados" por un periodo de 10 años a partir de la promulgación de la propuesta.
Como si fuera poco, se les exoneraría el 15% de pago de intereses al financiamiento externo que consigna el código tributario y se otorgaría hasta un 75% del costo de inversión en equipos "como crédito único al impuesto sobre la renta a los propietarios o inquilinos de viviendas familiares, casas comerciales o industriales que cambien o amplíen para sistemas de fuentes renovables en la provisión de su consumo energético privado", según el artículo 12.
Cambios al proyecto
El presidente de la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley explicó que el principal cambio va orientado hacia los incentivos propuestos. "Se plantea en el proyecto un incentivo horizontal, independientemente del tiempo de la inversión. Nosotros hemos entendido que debe ser un incentivo prorrateado".
Según las modificaciones, un inversionista que entre al mercado de las energías renovables a largo plazo, recibirá mejores incentivos. "Hemos planteado que haya una degradación en el incentivo según el tiempo de participación en las inversiones", aclaró el legislador.
Perimió en el Congreso Nacional, luego de dos legislaturas, el "Proyecto de Ley de Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energías y de sus Regímenes Especiales" que constituye, según la mayoría de las voces del sector energético nacional, la pieza que pondrá en marcha en el país la industria de las energías limpias.
Sometido por el Poder Ejecutivo, el proyecto de ley, que se encuentra en consonancia con los objetivos de desarrollo del milenio, desglosa de manera general las virtudes de las energías renovables. Entre las más importantes, señala su potencial para contribuir a impulsar "el desarrollo económico regional, rural y agroindustrial del país".
El tranque: quién manejará los fondos
Aparte de la resistencia de los sectores tradicionales del energía, el punto de conflicto fue el fondo de 5% del diferencial de los combustibles de origen fósil que, según la ley 112-00 de hidrocarburos instituye un "incentivo al desarrollo de fuentes de energía renovables y al ahorro de energía. En la actualidad esos fondos son manejados por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio.
"Una de las divergencias dentro del proyecto, que hizo que se dilatara un poco más, se manifestó en el propio gobierno, entre la Secretaría de Industria y Comercio y la Comisión Nacional de Energía, en función precisamente del uso que se le daría, no sólo al diferencial, sino a los recursos que manejaría la ley y el tratamiento que se le daría a los proyectos. Finalmente, ellos lograron ponerse de acuerdo y aceptaron la propuesta de que se manejara a través de la CNE", dijo el presidente de la comisión bicameral que estudia la propuesta, el diputado perredeísta Rafael Librado Castillo, quien insistió en que la propuesta no ha estado engavetada ni dormida.
La diputada Minou Tavares Mirabal (PLD) dice que el proyecto ha sido consensuado por todos los sectores y que es injustificable que no haya sido aprobado. "Eso está listo. Hemos hecho seminarios e innumerables talleres. Ese es un proyecto que está siendo demorado en perjuicio del país", dijo la legisladora que pertenece a la comisión bicameral que revisa el proyecto. Tavares dijo que pretende reintroducir el mismo ya que lo considera vital para el desarrollo del país.
Por su parte, el senador de Pedernales, Ángel Pérez Pérez (PRD), dijo que el congreso dará una sorpresa al país con la pronta aprobación de la ley. "El proyecto perimió pero va a ser reintroducido. La comisión bicameral lo ha puesto en agenda, lo hemos declarado de prioridad". Sin embargo, el senador —recién llegado de Estados Unidos— anunció que irá a España a "buscar experiencias" con el fin de insertar al proyecto "de lo mejor que ellos hayan aprovechado".
Mientras, el presidente de la comisión que estudia el proyecto dijo esperar que el proyecto sea aprobado antes de 25 días.
¿Por qué una ley?
Entre las motivaciones de la pieza están la posibilidad de disminuir el gasto nacional en compra de divisas y el interés de ponernos a la par con Centroamérica a la hora de la entrada en vigencia del CAFTA-RD/TLC.
Según Rafael Díaz, productor independiente de biodiesel "estamos operando en un área gris en este momento. No nos pueden aplicar impuestos como hidrocarburos porque no somos productores de hidrocarburos. No tenemos la exención de impuestos que se le va a dar a los productores de energías renovables. Las reglas de juego no están muy definidas". Para la producción del biodiesel y sus controles de calidad, se está operando con el reglamento norteamericano de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, el ASTM D-6751. Para Díaz, la aprobación de la ley es indispensable. "Ese marco definiría qué es el biodiesel, cómo se usa, si paga impuestos o no paga impuestos, qué exención se le da, qué tratamiento se le da, qué estándar internacional se utiliza".
Pero el riesgo de no aprobar la legislación puede ser mayor. Según Carlos Janáriz, representante del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), ninguna empresa de prestigio se lanzará a invertir en el mercado de las energías renovables sin garantías legales. CENER asesoró al gobierno en la redacción del proyecto de ley y actualmente sigue haciéndolo, junto al Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), en el diseño de los reglamentos que pautarán la aplicación de cada energía renovable.
Doroteo Rodríguez, de la CNE, coincide con Janáriz. "El sector eólico por ejemplo, está muy avanzado, pero todas esas empresas que están solicitando concesión están a la espera de que se apruebe la ley de incentivo. No existe marco regulatorio para las energías renovables en gran escala. Ninguna de las iniciativas se puede materializar sin la ley".
Wilfredo González, del Grupo Eólico Dominicano, tiene críticas que hacer al proyecto de ley. "Una de las propuestas era hacer un precio mínimo de la energía y colocarle una prima según las variaciones del mercado marginal". La inquietud del empresario reside en el mercado spot, donde las renovables —según dice— no serán beneficiadas. "Resulta que, cuando tú vas a un banco a buscar un financiamiento para un desarrollo eólico, que es a largo plazo, tú te encuentras con que no tienes un panorama estable. A ti te van a pagar la energía con una variable y tú no sabes qué pasará en cinco ó 10 años y ese es el marginal que le están poniendo como incentivo al renovable".
González pone como ejemplo de amenaza la entrada al sistema de las plantas de carbón. "Si entran en la cuantía en que se está planificando puede bajar exageradamente el costo marginal, entonces la prima será muy pequeña y no da para el financiamiento".
Sin embargo, el proyecto de ley especifica que las energías surgidas de fuentes renovables serán siempre las primeras a ser evacuadas al mercado. Serán los reglamentos conexos a la ley, actualmente en elaboración, los que definirán las ganancias de las compañías generadoras, según factores como el costo de inversión, la instalación de redes de distribución, entre otros.
BENEFICIOS ESPECIALES
Los incentivos propuestos en el proyecto de ley incluyen una exención de la totalidad de los impuestos de importación, ITEBIS y recargo cambiario "a los equipos, maquinarias y accesorios importados por las empresas o personas individuales, necesarios para la producción de energía de fuentes renovables", según el artículo 8 de la propuesta. Además, una liberación del pago del impuesto sobre la renta "sobre los ingresos derivados de la generación y venta de electricidad, agua caliente, vapor, fuerza motriz, biocombustibles o combustibles sintéticos señalados" por un periodo de 10 años a partir de la promulgación de la propuesta.
Como si fuera poco, se les exoneraría el 15% de pago de intereses al financiamiento externo que consigna el código tributario y se otorgaría hasta un 75% del costo de inversión en equipos "como crédito único al impuesto sobre la renta a los propietarios o inquilinos de viviendas familiares, casas comerciales o industriales que cambien o amplíen para sistemas de fuentes renovables en la provisión de su consumo energético privado", según el artículo 12.
Cambios al proyecto
El presidente de la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley explicó que el principal cambio va orientado hacia los incentivos propuestos. "Se plantea en el proyecto un incentivo horizontal, independientemente del tiempo de la inversión. Nosotros hemos entendido que debe ser un incentivo prorrateado".
Según las modificaciones, un inversionista que entre al mercado de las energías renovables a largo plazo, recibirá mejores incentivos. "Hemos planteado que haya una degradación en el incentivo según el tiempo de participación en las inversiones", aclaró el legislador.
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