La tala ilegal es el origen del 40 % de caoba y cedro que Perú envía a EE.UU.
Diario Libre
LIMA. La tala ilegal es el origen de más del 40 % de la caoba y cedro que Perú exporta a Estados Unidos y la causa de la muerte de los opositores a esta actividad, como los cuatro líderes indígenas asesinados a principios de septiembre por presuntos madereros ilegales, aseguraron hoy expertos ambientales.
En declaraciones a la prensa extranjera, la directora de programas en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), Julia Urrunaga, y el abogado del programa forestal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Jean Pierre Araujo, denunciaron la inacción del Gobierno peruano para detener la tala ilegal.
Según Urrunaga, el Estado tiene la capacidad de constatar la madera robada que sale del país si revisa la documentación de los embarques y la compara con el lugar de la concesión, "donde a veces los árboles no se corresponden con los declarados, o directamente todavía siguen en pie".
"Eso significa que son extraídos de otros lugares, cercanos a ríos, para facilitar su transporte, de territorios indígenas, o de reservas naturales protegidas, y para ello es necesario la corrupción de los funcionarios que firman los documentos y dejan desprotegida a la población local", añadió.
Así sucedió con la muerte de Edwin Chota y otros tres líderes de la comunidad nativa de asháninkas del Alto Tamaya-Saweto, en la región de Ucayali, quienes fueron asesinados el 1 de septiembre por presuntos madereros ilegales, y que previamente habían denunciado amenazas sin que se actuara al respecto, según la Defensoría del Pueblo.
Para Julia Urrunaga, la muerte de Chota, un reconocido activista contra la tala ilegal, supone "un mensaje terrible a nivel nacional: si te plantas delante, terminas muerto", y recordó que ya ha habido otros asesinatos similares que no han trascendido tanto.
Urrunaga también repasó las conclusiones del estudio sobre la tala ilegal en Perú publicado por su agencia en 2010, y aseguró que sus datos "siguen vigentes" junto a la corrupción y la violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas que reclaman la titularidad de los territorios explotados.
La prueba más reciente fue la "operación Amazonas", realizada este año por la Interpol y la Organización Mundial de Aduanas (WCO), que sirvió para incautar en solo tres meses 15.000 metros cúbicos de madera ilegal, "equivalentes a seis piscinas olímpicas", y cuyo valor era de 20,6 millones de dólares.
En el informe de la EIA se revisaron más de 300 envíos de caoba y cedro, las dos únicas especies que se declaran en Perú, realizados en su mayoría por la Maderera Bozovich al mercado estadounidense entre 2008 y 2010, y se constató que el 40 por ciento de los cargamentos contenía madera de origen ilegal.
El abogado Jean Pierre Araujo alertó que las cifras son más alarmantes en otras maderas que no se declaran, especialmente el Shihuahuaco, "destinado para pisos en el mercado de China".
Araujo comentó que el volumen de negocio no alcanza el 1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país y, "aparentemente, no justifica tanta corrupción" a no ser que la tala ilegal esté "acompañada, en ocasiones, de otras actividades ilícitas como el narcotráfico".
Los especialistas ambientales agregaron que todavía hay una gran cantidad de bosques, cuya titularidad aún no está definida "y donde la ley es que el primero que llegue se lo queda", por lo que reclamaron educación y formación del Estado hacia los pueblos nativos para que reclamen sus áreas y así evitar la tala ilegal.
En declaraciones a la prensa extranjera, la directora de programas en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), Julia Urrunaga, y el abogado del programa forestal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Jean Pierre Araujo, denunciaron la inacción del Gobierno peruano para detener la tala ilegal.
Según Urrunaga, el Estado tiene la capacidad de constatar la madera robada que sale del país si revisa la documentación de los embarques y la compara con el lugar de la concesión, "donde a veces los árboles no se corresponden con los declarados, o directamente todavía siguen en pie".
"Eso significa que son extraídos de otros lugares, cercanos a ríos, para facilitar su transporte, de territorios indígenas, o de reservas naturales protegidas, y para ello es necesario la corrupción de los funcionarios que firman los documentos y dejan desprotegida a la población local", añadió.
Así sucedió con la muerte de Edwin Chota y otros tres líderes de la comunidad nativa de asháninkas del Alto Tamaya-Saweto, en la región de Ucayali, quienes fueron asesinados el 1 de septiembre por presuntos madereros ilegales, y que previamente habían denunciado amenazas sin que se actuara al respecto, según la Defensoría del Pueblo.
Para Julia Urrunaga, la muerte de Chota, un reconocido activista contra la tala ilegal, supone "un mensaje terrible a nivel nacional: si te plantas delante, terminas muerto", y recordó que ya ha habido otros asesinatos similares que no han trascendido tanto.
Urrunaga también repasó las conclusiones del estudio sobre la tala ilegal en Perú publicado por su agencia en 2010, y aseguró que sus datos "siguen vigentes" junto a la corrupción y la violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas que reclaman la titularidad de los territorios explotados.
La prueba más reciente fue la "operación Amazonas", realizada este año por la Interpol y la Organización Mundial de Aduanas (WCO), que sirvió para incautar en solo tres meses 15.000 metros cúbicos de madera ilegal, "equivalentes a seis piscinas olímpicas", y cuyo valor era de 20,6 millones de dólares.
En el informe de la EIA se revisaron más de 300 envíos de caoba y cedro, las dos únicas especies que se declaran en Perú, realizados en su mayoría por la Maderera Bozovich al mercado estadounidense entre 2008 y 2010, y se constató que el 40 por ciento de los cargamentos contenía madera de origen ilegal.
El abogado Jean Pierre Araujo alertó que las cifras son más alarmantes en otras maderas que no se declaran, especialmente el Shihuahuaco, "destinado para pisos en el mercado de China".
Araujo comentó que el volumen de negocio no alcanza el 1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país y, "aparentemente, no justifica tanta corrupción" a no ser que la tala ilegal esté "acompañada, en ocasiones, de otras actividades ilícitas como el narcotráfico".
Los especialistas ambientales agregaron que todavía hay una gran cantidad de bosques, cuya titularidad aún no está definida "y donde la ley es que el primero que llegue se lo queda", por lo que reclamaron educación y formación del Estado hacia los pueblos nativos para que reclamen sus áreas y así evitar la tala ilegal.
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