Los asesinos en Colombia que recurren a la pandemia como pretexto para sus crímenes
Guerrilla, disidencias de las FARC, narcos y bandas criminales de origen paramilitar, quieren “ganar legitimidad” en las mismas zonas donde antes han afectado a civiles
AFP
Apretados en una motocicleta, Armando Muñoz, su esposa y dos hijas pequeñas avanzaban por una aldea polvorienta del suroeste de Colombia cuando cayeron baleados. El hombre y su bebé de nueve meses murieron al momento y la niña de cinco años falleció dos días después.
La familia fue atacada el 9 de mayo presuntamente por un grupo armado que hizo circular panfletos donde amenazaban de muerte a quien violara el confinamiento dispuesto por el gobierno para contener la pandemia, según la fiscalía. Solo la esposa de Armando sobrevivió.
En regiones alejadas, guerrilla, disidencias de las FARC, narcos y bandas criminales de origen paramilitar encontraron en la emergencia sanitaria un pretexto para imponer sus reglas de acero y extender el dominio territorial, coinciden expertos entrevistados por AFP.
Estos grupos quieren “ganar legitimidad” en las mismas zonas donde antes han afectado a civiles, explica Mateo Gómez, director del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo (Ombudsman).
Además de proteger a sus combatientes del contagio, el confinamiento les ofrece “una oportunidad clara” de erigirse como supuestos protectores ante el avance del nuevo coronavirus.
“No es un fenómeno nuevo, es la manera como los actores armados están adecuando su forma de operación al contexto y a la realidad de la emergencia sanitaria”, añade.
Hasta mediados de mayo la Defensoría había registrado 42 eventos violentos, entre homicidios y amenazas, desde la detección del primero caso de covid-19 en Colombia el 6 de marzo.
La mayoría ocurrió en regiones disputadas por los grupos armados: Cauca y Nariño (suroeste), Arauca y Catatumbo (noreste), Meta y Guaviare (centro).
Desobediencia
La masacre de los Muñoz sucedió en el municipio de Suárez, en Cauca, un departamento con un 24,8% de población indígena que devino teatro de guerra con un botín en disputa: el control de narcocultivos y salida de cocaína hacia Estados Unidos por el Pacífico.
En la lucha están implicados rebeldes que se apartaron del acuerdo de paz que disolvió a la FARC en 2016, guerrilleros del ELN y bandas ligadas a carteles mexicanos.
El ejército también ha reforzado su contingente para tratar de frenar una violencia de décadas que el acuerdo de paz no logró extinguir.
Asesinan en el suroeste de Colombia a un hombre y a su hija de nueves meses
Apenas a 15 kilómetros de Suárez, en el municipio de Buenos Aires, tres hombres que departían en un billar habían sido asesinados el 25 de abril.
Los disidentes de las FARC se atribuyeron el ataque con fusiles de asalto y granadas a través de un panfleto que advertía: “Se establecieron unas medidas de control a fin de evitar la propagación de este COVID-19, unos cumplieron pero otros pensaron que era un juego y llegó la hora de empezar a ajustar con quienes desobedecieron”.
Los volantes han sido una forma de intimidación contra políticos, activistas, prostitutas, homosexuales o supuestos ladrones, que incluso han circulado en Bogotá.
De vieja data
Cuando ocurrió el asesinato de la familia Muñoz, ninguna autoridad lo relacionó con el control de la pandemia.
Los grupos armados no imponen el confinamiento “por altruistas y porque estén preocupados por la salud pública, ellos lo hacen es por generar temor en la población. Y generar mensajes (...) de que ellos sí pueden controlar” la expansión de la enfermedad, sostiene el general Marco Mayorga, jefe del comando del ejército para el Cauca.
Desde antes que estallara la emergencia sanitaria, las organizaciones armadas aplicaban el confinamiento como estrategia de guerra.
En lo que va de 2020, al menos 43.500 colombianos han sido forzados al encierro en sus comunidades, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.
Esta práctica viola el derecho internacional humanitario e “invisibiliza la guerra” por su bajo nivel de denuncia, afirma por su parte el responsable del sistema de alertas de la Defensoría del Pueblo.
A lo largo de más de medio siglo de conflicto, los grupos armados han controlado el movimiento de personas con fines militares o, más recientemente, para asegurar el tráfico de armas y drogas.
En pueblos y aldeas remotas guerrillas y paramilitares reemplazaron la autoridad del Estado y llegaron incluso a imponer manuales de comportamiento, según investigaciones independientes.
Hoy, grupos armados financiados en su mayoría por el narcotráfico operan en 257 de los 1.100 municipios de este país de 48 millones de habitantes, de acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación.
Si “para muchos de nosotros puede ser difícil estar en aislamiento obligatorio por la pandemia (...) imagínense cuál es la situación para esas comunidades que pasan meses sin poder movilizarse y en un estado permanente de zozobra y de miedo”, señala Alexia Van Der Gracht, coordinadora del departamento de Protección del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia.
Y con la extensión del confinamiento hasta el 31 de mayo aumenta la amenaza.
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