Luisiana cumple 10 años sin ejecutar a un preso

Luisiana ya lleva 10 años sin ejecutar a un preso a pesar de que la pena de muerte es legal allí, debido a un enredo de leyes y normas legales que dificultan implementar el castigo capital.

Sesenta y ocho presos en Luisiana están en el pabellón de la muerte, pero ninguno tiene fecha de ejecución. Si bien el estado cuenta con duras leyes contra la delincuencia y posee la dudosa distinción de tener la mayor proporción de personas tras las rejas, no ha tomado paso alguno para realizar ejecuciones.

En enero se cumplieron 10 años desde la última ejecución en Luisiana con lo que el estado se suma a una tendencia en todo Estados Unidos, de una disminución en las ejecuciones. En 12 de los 29 estados donde es legal la pena de muerte, las cámaras de ejecución llevan más de una década en desuso, declaró Robert Dunham, director ejecutivo de Death Penalty Information Center, una organización experta en el tema situada en Washington. Utah pasará a ser parte de esa lista en junio.

Las normas para aplicar ejecuciones en Luisiana están en suspenso debido a una demanda judicial, y las autoridades penitenciarias afirman que no han podido conseguir los fármacos necesarios para las inyecciones letales debido a la negativa de las compañías farmacéuticas. No sorprende que entre los que están a favor y en contra de la pena de muerte difieren diametralmente sobre las causas del declive.

Los que se oponen a ese castigo aseguran que la incomodidad de la ciudadanía y de los fiscales sobre el costo de esos procedimientos, además de la disparidad racial en la aplicación del castigo y las numerosas cosas de exoneraciones de personas que habían sido condenadas, han hecho disminuir el apoyo a la pena capital.

“Consideramos que en los últimos 10 años ha habido un drástico descenso en el apoyo del público de Luisiana a la pena capital”, aseveró Mercedes Montagnes, directora ejecutiva de Promise of Justice Initiative, una organización con sede en Nueva Orleáns que se opone a la pena de muerte.

Sin embargo, una encuesta realizada en 2018 por la Universidad Estatal de Luisiana halló que la mayoría de los habitantes del estado están a favor del castigo. Los que están descontentos por la pausa en las ejecuciones aseveran que se debe a los engorrosos litigios judiciales y a la falta de voluntad política por parte de los gobernantes locales.

“La razón por la cual no se han realizado ejecuciones es por pura política”, expresó Michael Rushford, presidente de Criminal Justice Legal Foundation, una organización basada en California partidario de la aplicación de la pena de muerte.

AP

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