Vertido de desechos, tala y extracción de materiales matan al río Baní
Autoridades se declaran incompetentes para enfrentar a los agresores
Tania Molina
La sangre casi llega al río Baní. Sus aguas corren lentas bordeando montículos de desechos de construcción que invaden su cauce, mientras algunos comunitarios tratan de mediar entre un padre y su hijo amenazados por un camionero con un machete.
Uno de los hombres, que se autodenomina cuidador del río, acusa al conductor de un camión que pasa por el lugar de ser uno de los que descargan desechos sólidos en el río.
Entre el “yo no tiro (desperdicios)” y el “sí, tú sí tiras” se calentaron los ánimos. El conductor blande su machete y el hijo del cuidador se aprovisiona de piedras en ambas manos para enfrentarlo. Se alza el vocerío de mujeres y hombres que piden dejar la trifulca.
El conflicto tiene lugar en El Paso de los Hierros, entre los barrios Pueblo Nuevo y Fundación, dos comunidades de la provincia Peravia, separadas por el río Baní.
Mientras los comunitarios buscan aplacar la acalorada disputa, el afluente es testigo silente del recorrido de otro camión que cargado de desperdicios pasa al lado del grupo, intenta descargar en el lugar, pero decide ir a otra parte. Lentamente, el vehículo se va por la orilla hacia norte y en poco tiempo se pierde con su carga entre las malezas.
“Van a hacer que uno coja la cárcel aquí, porque por más que uno les hable y les pelee para que no tiren desperdicios, con los camioneros no se puede”, comenta a los reporteros José Altagracia Arias, minutos antes de que iniciara la trifulca.
Las disputas son frecuentes, afirma Arias, quien critica enérgico el daño que están haciendo al río, en cuya orilla tiene su vivienda y teme que tantos desperdicios puedan provocar, en épocas de lluvias, obstrucciones a las aguas y, por consiguiente, inundaciones que derriben su pequeña casita de hojalata.
Ya en 2007, durante la tormenta Noel que azotó el país y dejó pérdidas millonarias, unas 20 personas del sector Santa Rosa murieron arrastradas por un desbordamiento que, además, afectó unas 100 familias.
Los desechos de construcción y basura doméstica son solo parte de las agresiones que sufre el río Baní. De su lecho también se extraen ilegalmente materiales de construcción; en las zonas altas, como las comunidades de Paso la Palma o el Recodo, salen tuberías de diferentes tamaños para regar montañas en donde el bosque cede a la siembra, casi siempre de café y aguacate.
En los últimos años el río ha visto el desmonte acelerado de parte de su cuenca, sobre todo en la zona de su nacimiento en Las Yayitas, también afectada por los cultivos.
El Baní recorre unos 20 kilómetros desde su nacimiento hasta su desembocadura en la playa Paya, en el mar Caribe. Es una importante fuente de agua para el municipio. Autoridades ambientales y municipales insisten en que se cumpla una vieja promesa gubernamental de construir una presa en La Gina, que aprovecharía el agua para alimentar el acueducto de la zona.
“Hasta ahora el acueducto se alimenta de la presa Valdesia que también alimenta a los acueductos de Santo Domingo y San Cristóbal, pero con las sequías que estamos teniendo, esa presa no da abasto y tendremos que aprovechar el agua del Baní para asegurar el suministro de la provincia”, comenta el encargado ambiental provincial, Joaquín Bautista.
La deforestación en Las Yayitas también amenaza el paraíso turístico entorno al río Baní, apreciado por quienes se aventuran al senderismo con opción de un fresco chapuzón en diversos charcos y cascadas.
Las familias que viven en Las Yayitas combinan sus actividades agrícolas con servicios de guías turísticos y pequeños paquetes de comida y mulos para los visitantes que, en ocasiones, pueden superar las 300 personas.
La cuenta mental de las visitas la llevan Arsenio González, presidente de la Junta de Vecinos Las Yayitas en Acción, y Francisco Elías Tejada Villar, uno de los guías que conducen a los decididos en caminar durante 18 horas (chapuzones incluidos) para llegar al parque Jigüey, acampando previamente en la Reserva Científica Loma Barbacoa y en los campos de café de Los Jobos.
Esta actividad le genera ingresos a Francisco superiores a los RD$10,000 por cada grupo de 20 que recibe, pero tiene una preocupación que es la misma que atormenta a Arsenio.
El río disminuye su caudal y, aunque saben que el país vive una larga sequía en la actualidad, aseguran que la merma viene desde hace más tiempo y se debe a la intensa deforestación de las montañas para dedicarlas al conuquismo.
“Todo esto va a terminar seco. Aquí había un caudal que casi no se podía pasar. Pero la deforestación que hicieron muchísimos dueños de conucos... es acabando con los montes que están”, anticipa Francisco mientras combate el sofocante calor del mediodía mojando sus pies en las cristalinas aguas del Baní, a pocos metros de donde el Maniel se le une para aumentar su caudal.
Mientras come un pedazo de “la mejor lechosa”, cultivada en sus tierras, Arsenio González insiste en que hay que cuidar el río, porque ya no llueve como antes y si se sigue talando no habrá agua para la población de Baní.
“Nosotros queremos que la gente permanezca en los campos y tenga un medio para vivir... que el campo vuelva a ser lo que era antes cuando por aquí esto era una mina, por aquí pasaban más de 30 mil o 40 mil quintales de café”, dice el hombre de 79 años que además de un colmado, también cultiva café y aguacate en la zona.
Pero Arsenio asegura que el suyo, como el de muchos campesinos de la zona, está en las parcelas que ya existían antes, cuando todavía el café no había sido atacado por una plaga que casi eliminó la producción nacional.
Su preocupación son los nuevos adquirientes que están talando los árboles en la cuenca para dar paso a la siembra. “No es que no se siembre el aguacate, pero hay que tener su lugar dónde se hace, porque tener una siembra o talar un bosque donde salga una vena de agua, eso no lo podemos permitir”.
Manuel (Tito) Guerrero es un activista ambiental de la Fundación Universo Verde que trabaja en la preservación del río.
Afirma que “sectores de acá intentan comprar en las montañas para sembrar aguacates e intentan talar los árboles, incluso, dentro del parque”. Se refiere al Parque Nacional Padre Luis Quin, declarado área protegida en 2009 para salvaguardar y “aprovechar la loma La Tachuela, que se eleva sobre los 1,545 metros sobre el nivel del mar en el extremo oriental de la Cordillera Central, “así como los múltiples cursos y saltos de agua que se originan allí”.
Otro tema que angustia al ambientalista empírico y de oficio es que todo el río esté “entubado” para regar muchas de esas fincas y que todavía se mantiene la práctica irregular de extracción de materiales. Esas situaciones las han denunciado al Ministerio de Medio Ambiente, pero no ha pasado nada.
Las plantaciones y las tuberías se observan a simple vista al recorrer la zona. También camiones cargados o por cargar materiales de construcción, cuya extracción dejan huecos, como lo documentan unas imágenes que Guerrero guarda en su tableta electrónica.
La respuesta de las autoridades
Bautista, el encargado de Medio Ambiente, admite que las denuncias que se han presentado y las que han instrumentado ellos mismos, no logran castigo.
Sin ofrecer un número específico, dice que ha sometido a la justicia a personas que extraen materiales o arrojan desechos en el río, pero que siempre terminan con una sanción y visitación periódica, que nunca ha habido una sentencia.
De la tala del bosque dice no tener mucha información, apenas una denuncia reciente que le presentó un conocido y, asegura, procederá a enviar un equipo a la zona a investigar. Excusa su poca información en la falta de personal y equipos.
“Tengo dos efectivos del Senpa (Servicio Nacional de Protección Ambiental), un capitán y un mayor en una motocicleta y cuando la camioneta está disponible se la facilito a ellos. Pero esos agentes son para la provincia entera, donde tengo que vigilar 150 kilómetros de río, playas, arroyos y dunas. Y, ni siquiera es un motor en buenas condiciones”, expone Bautista.
Los extractores conocen bien esas limitaciones y, según Bautista, se informan entre ellos para decir en qué lugar están los agentes ambientales para poder extraer en otro. Lo que sí niega de forma rotunda es que esté dando permisos para extraer. Recuerda que hace unos cinco años, debido al proceso de canalización inconcluso en la zona, entregó permisos a unos camioneros que le presentó la actual Gobernadora de Baní, Nelly Melo de Guerrero, pero que esa licencias no duraron más de un año, y desde entonces no se ha la entregado a más nadie.
Nelson Camilo Landestoy, alcalde de Baní por los últimos 17 años, también admite que la extracción de materiales es un problema que no pueden controlar. “Imagínese que a la Marina (la Armada) y a Medio Ambiente no los respetan, menos van a respetar a los policías municipales”. Tampoco tiene personal para vigilar o evitar que esa práctica siga, pues los 13 millones de pesos mensuales que recibe el cabildo no les alcanzan –dice– para resolver los problemas de un municipio de 150,000 habitantes que genera alrededor de 200 toneladas de desechos diarios.
De la basura de construcción que se tira en el río, ni siquiera está enterado, dijo.
Su esperanza de resolver la situación es que se cumplan dos viejas promesas; la construcción de una circunvalación en el municipio, y que se termine el proyecto de canalización y protección del río.
En 2009, luego de los sucesos de la tormenta Noel, el entonces presidente Leonel Fernández ordenó de emergencia, mediante el decreto 530-09, la canalización y adecuación de varios ríos, incluido el Baní.
El 21 de abril de 2010, una nota del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) informaba del inicio de los trabajos que, con una inversión de RD$175.0 millones, abarcarían unos seis kilómetros a la largo del río.
“Adecuaremos el cauce del río en los tramos donde ha perdido la capacidad de conducción y descarga, situación ocasionada por la deposición de sedimentos que obstruyen el flujo y provocan su desbordamiento cuando ocurren crecidas”, dijo el entonces director del Indrhi, Frank Rodríguez.
A la fecha, el alcalde Landestoy estima que a esa obra todavía le falta alrededor del 70% de ejecución, y se queja de que al cabildo no se le dio participación en el proyecto.
En diciembre de 2015, un informe de gestión contenido en las Memorias del Indrhi, indicaba que la Adecuación, Canalización y Protección del Río Baní se extendió por sólo 2 kilómetros de los proyectado, con un costo cubicado a esa fecha de RD$92,101,383.57. No se ha obtenido una respuesta de la entidad que ahora dirige Olgo Fernández sobre el nivel de ejecución actual del proyecto.
Puente y peaje improvisado
Atraído por la discusión entre José Altagracia Arias y el camionero que, por la intervención de algunas personas, no pasó a mayor, Manuel Enrique Valdez se acercó a los reporteros para decir que toda esas situaciones que se presentan se deben a que no construyen el puente que le prometieron a la comunidad desde el último gobierno de Joaquín Balaguer (1986-1996), y que lo han vuelto a prometer otros candidatos presidenciales y municipales durante sus campañas electorales.
El alcalde Landestoy asegura que el puente en ese lugar se descartó porque el proyecto de la Circunvalación contempla uno muy cerca del Paso de Los Hierros.
El proyecto de Circunvalación de Baní abarcaría 19 kilómetros de una vía que empieza y termina en la Carretera Sánchez, bordeado el municipio. Entre otras obras, conlleva la construcción de cuatro puentes sobre ríos, arroyos y canales, conforme la descripción de la obra que hizo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en 2018 (el proyecto elaborado en 2016 solo contemplaba tres puentes).
En una ficha de la licitación para el “Diseño y Construcción Circunvalación de Baní” que publicó el MOPC en febrero pasado y con el 29 de marzo de 2019 como fecha límite de entrega, se indica que la aprobación presupuestaria de la obra es de RD$267,500,000.
Mientras los comunitarios de la zona esperan su realización, Yeliza, una joven madre de Pueblo Nuevo, se busca parte de su sustento con un peaje improvisado a un extremo de un puente de madera rústica que levantó su padre en el lugar.
“Yo cobro entre 5 y 10 pesos.., al que me lo quiera dar, porque muchos no lo pagan. Tú los ves que pasan como si eso fuera suyo”, se queja.
Tania MolinaEs periodista en Diario Libre.
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