Abogados consideran marco jurídico de RD contra corrupción es suficiente
Una evaluación anticorrupción regional da una puntuación de 5.45 de 10 al diagnosticar la legislación, autoridades e implementación para prevenir, sancionar y combatir la corrupción
Argénida Romero
De acuerdo con la mayoría de la comunidad jurídica consultada por Lawyers Council for Civil and Economic Rights (Consejo de Abogadas y Abogados para los Derechos Civiles y Económicos), el marco jurídico de República Dominicana para enfrentar la corrupción es suficiente, "aunque podría mejorarse".
Esto es una de los señalamientos en el diagnóstico realizado por esta organización en su Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2021, en la que califica con una puntación de 0 a 10 a diecisiete países de América Latina en los criterios legales y esfuerzos institucionales para prevenir, sancionar y combatir la corrupción.
En esta evaluación, República Dominicana obtuvo 5.45 puntos, por debajo de Uruguay (8.36), Chile (7.96), Costa Rica (7.04), Brasil (6.70), Argentina (6.32), Colombia (6.20), Ecuador (6.19), Perú (6.06), México (5.64) y Bolivia (5.50).
Los puntajes más bajos los obtuvieron Panamá (4.61), Paraguay (4.53), El Salvador (4.20), Honduras (4.05), Guatemala (3.54) y Venezuela (2.87).
Es el segundo estudio diagnóstico hecho por esta organización, y el primero que en el que incluye a República Dominicana.
Aciertos, mejoras y desafíos
Los juristas dominicanos consultados para la evaluación señalaron que dentro de las oportunidades de mejoras en los mecanismos de prevención y persecución de la corrupción están "la necesidad de contar con una ley de extinción de dominio y la falta de algunos tipos penales acorde con los tiempos para sancionar los actos de corrupción".
Consideraron que la ley contra el lavado de activos (la 155-17) ha sido un "buen paso para combatir la corrupción".
Se destaca, además, que entre los principales desafíos para la aplicación del marco jurídico incluyen "que la legislación y regulaciones son poco prácticas, insuficiente independencia judicial y/o de los órganos de procuración de justicia, mecanismos de detección y prevención de corrupción insuficientes, recursos económicos y humanos inadecuados para las agencias anticorrupción, capacitación inadecuada de los funcionarios y funcionarias públicas deficiente seguridad y disciplina del personal y falta de coordinación interinstitucional".
También se mencionó "la importancia de fortalecer el sistema de compras públicas para cerrar espacios para la corrupción y mejorar los niveles de control ejercidos a través de la Cámara de Cuentas".
Independencia y capacidad institucional
A juicio de los profesionales del derecho consultados para esta evaluación, "las autoridades anticorrupción en general tienen la independencia necesaria para prevenir, investigar y sancionar la corrupción efectivamente".
En tanto que calificaron de media la capacidad de las autoridades administrativas y penales facultadas para prevenir, investigar, y perseguir actos de corrupción.
En la evaluación se indica que se identificó como la autoridad más eficaz en el combate contra la corrupción a la Procuraduría General de la República. "La comunidad jurídica consultada menciona que es evidente el cambio con la actual titular (Miriam Germán Brito), a diferencia de titulares anteriores. Sin embargo, reconocen que no hay un diseño institucional fuerte para que si cambia el titular, cambie la capacidad y responda más a intereses del poder público".
Por el contrario, la Cámara de Cuentas fue la institución relacionada al combate contra la corrupción señalada como la menos eficaz. "La designación de nuevos miembros en la Cámara de Cuentas a mediados de 2021 ha hecho renacer las esperanzas de mejoría en este órgano de control. La principal amenaza que enfrenta es la división de sus miembros a lo interno", reseña el documento.
Al finalizar el capítulo de República Dominicana, se recomienda, entre otros aspectos:
Impulsar el fortalecimiento de los mecanismos de ética pública e integridad de las autoridades del Estado, con normas particulares y detalladas para desincentivar, detectar y sancionar prácticas de corrupción en el sector público.
Impulsar la implementación de herramientas digitales y tecnología para la prevención de actos de corrupción en el sector público.
Impulsar un marco jurídico para la prevención de la corrupción en las empresas del sector privado, con incentivos para su cumplimiento y verificación conforme a estándares internacionales.
Establecer mecanismos para dar a conocer información relacionada con mecanismos de denuncia disponibles a la población en general y a servidores públicos.
Impulsar legislación y regulaciones en materia de protección a denunciantes y alertadores, así como establecer mecanismos que incentiven la denuncia de actos de corrupción.
Impulsar el fortalecimiento institucional de los organismos encargados de luchar contra la corrupción, incluyendo la asignación de recursos financieros y humanos suficientes, capacitación del personal, uso de tecnología y equipo.
Emprender iniciativas para la promoción de mecanismos para el fortalecimiento de instituciones que permitan blindar en contra de injerencias políticas, incluyendo si fuera necesario, la modificación de los procesos de nombramiento.
Lawyers Council for Civil and Economic Rights (Consejo de Abogadas y Abogados para los Derechos Civiles y Económicos) establece que el reporte se desarrolló con el apoyo de firmas de abogados y un consultor experto, una base de datos de los instrumentos internacionales (tratados internacionales y regionales, informes, leyes modelo y directrices internacionales) aplicables a cada una de las obligaciones en materia anticorrupción de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción.
Basados en esta información, desarrollaron dos cuestionarios para la comunidad jurídica: un cuestionario para ser completado por las firmas de abogados de los integrantes de esta organización y otras firmas aliadas en la región con 35 preguntas (72 variables), y un segundo con 19 preguntas abiertas y de opción múltiple con el objetivo de complementar la información del primer cuestionario.
En el caso de República Dominicana fueron consultados las firmas Headrick Rizik Álvarez & Fernández, Guzmán Ariza, Jiménez Peña y Russin, Vecchi & Heredia Bonetti.
Argénida RomeroPeriodista de amplia experiencia que recibió el Premio Joven de Periodismo, renglón Literatura y Libros, en el 2016. En 2019, ganó el Primer Concurso de Periodistas “Libertad de Expresión e Información”, Periodismo impreso. Es escritora y poeta.
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