El fondo de desempleo revive el debate sobre la cesantía
Con su propuesta sometida al CES, el Gobierno se acerca a la postura empresarial sobre modificación al código laboral
Tania Molina
Desde el Consejo Económico y Social (CES) sigue abierto el espacio para la presentación de propuesta sobre cómo modificar la seguridad social dominicana, una de alrededor de una docena de iniciativas de reforma que promueve el presidente de la República, Luis Abinader.
En la mesa de trabajo del CES ya reposa la sugerencia del Gobierno que, en algunos de sus planteamientos, parece coincidir con los grupos empresariales.
Uno de los puntos que resumen su propuesta es la implementación de un fondo de protección al desempleado. Dice que es de su interés “la construcción de consensos a los fines de lograr un mecanismo de implementación del fondo de seguro de desempleo, respetando derechos adquiridos”.
Con ello se acerca al planteamiento de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Adafp) que en un documento presentado al Congreso de la República y a los medios de comunicación, sugiere la “protección al trabajador cesante mediante un fondo de cesantía”.
En los debates sobre la posible reforma al Código de Trabajo que se han escenificado en el país en los últimos años, el seguro de desempleo se plantea como una alternativa a la posible eliminación o revisión de la cesantía que deben pagar los empleadores a los trabajadores que despiden sin razón justificada.
La creación de un seguro de desempleo o un fondo de cesantía ha sido una de las posturas que por años ha mantenido el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), que ha aclarado, sin embargo, que no pretende eliminar la cesantía, sino el que se le establezca un tope.
“En el mensaje gubernamental hay de hecho una visión que puede ser coincidente con los empresarios”, advierte Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), representante de los trabajadores en esas discusiones.
Vence el plazo para presentar propuestas de modificación a la seguridad social ante el CES.
Aunque la actual Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social establece de forma transitoria que entre el Gobierno, empleadores y trabajadores se coordinen para crear el seguro de desempleo, en 21 años de dicha legislación no se ha logrado un consenso.
“No se implementó porque nosotros nos opusimos, y porque los estudios hechos a solicitud de los empresarios en 2001, demostraron que eso podría ser más caro que la propia cesantía”, recuerda Abreu.
Señala que, en sus pronunciamientos, el CNUS no se opone a que exista el seguro de cesantía que entraría en cuestiones de emergencia, como la ocurrida a raíz de la pandemia del COVID-19, pero no como sustituto de la cesantía.
“Nosotros no nos oponemos si no es sustitutivo de la cesantía. Lo que pasa es que se ha planteado como opción sustitutiva de la cesantía”, dice.
En su propuesta ante el CES el Gobierno señala que el tema es propio del Código de Trabajo y que “consecuentemente el mecanismo que se discuta deberá estar vinculado con el mismo”.
Adafp, a su vez, propone que los trabajadores, al final de su vida laboral tengan la opción de sumar el saldo que reste en el fondo de cesantía para mejorar su pensión o retirarlo en un solo pago.
Aunque se gestionó una respuesta con el Gobierno respecto a su postura frente a la cesantía, no respondieron al requerimiento.
En el documento presentado al CES, el Gobierno propone que se establezca “el monto mínimo de los salarios de pensiones de manera que los mismos no sean inferiores al mínimo del sector al que pertenece el trabajador, salvo que no presten servicios a tiempo completo, para lo cual se debe disponer de normas complementarias”. Aclara que todo lo anterior queda al amparo de la verificación de la sostenibilidad financiera del sistema. La propuesta de Adafp incluye “garantizar pensión mínima contributiva complementada del FSS (Fondo de Solidaridad Social), con menos años de requisito para acceder (15 años o 180 cotizaciones)”. También “pensiones mínimas solidarias con evaluación socioeconómica, de 60 % del salario mínimo público”.
Tania MolinaEs periodista en Diario Libre.
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