Carlos Pimentel advierte sobre un "cartel" de proveedores alrededor de instituciones públicas
Pimentel llama a funcionarios a reportar incumplimiento de proveedores
Con débil ley de Compras 50 proveedores han sido sancionados
Diario Libre
Al hablar sobre la importancia de una nueva ley de Compras y Contrataciones que persiga a los infractores y garantice mayores niveles de transparencia, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, denunció la existencia de un cartel de proveedores en alrededor de muchas instituciones del Estado.
Advirtió que algunos proveedores están presentando registro mercantil y de proveedores falsos, entre otros, por lo que llamó a revisar minuciosamente cada documento.
"A veces llegan mensajeros con los mismos modelos de comunicación. Eso debe llamar la atención. Le estamos pidiendo también a las instituciones que cuando tengan casos de incumplimiento de proveedores lo notifiquen al órgano rector para sancionarlos”, expresó.
Pimentel participó en el “Ciclo de conferencias sobre transparencia, ética, integridad y buen gobierno” organizado por la empresa Edesur Dominicana. Allí recalcó la importancia de una reforma a la ley 340-06: “Necesitamos una ley que permita el equilibrio: la transparencia, pero también la eficiencia”.
Sin embargo, dijo que su gestión viene dando pasos firmes para devolver la confianza al Sistema de Compras y Contrataciones, y se ha avanzado, independientemente de las limitaciones de la normativa, al punto de que unos 50 proveedores han sido sancionados.
Entrega de reconocimiento
Durante la conferencia, Pimentel recibió del gerente de Edesur, Milton Morrison y del encargado de la Oficina de Libre Acceso a la Información, un reconocimiento “por sus aportes al desarrollo de la ética y transparencia en el ejercicio público”.
Al saludar el desempeño de Carlos Pimentel frente a la DGCP, Morrison dijo: “Si hay algo que el presidente Abinader ha hecho, es nombrar a personas que representan el discurso que él ha estado fomentando”.
Proyecto de ley
El pasado 28 de febrero de este año, el presidente Luis Abinader, por medio de su consultor jurídico Antoliano Peralta, depositó el proyecto de ley de Contrataciones Públicas.
Esta propuesta tiene por objeto establecer el régimen jurídico general de la contratación pública, mediante la determinación de los órganos, principios, procedimientos y reglas que aplican a esta, con la finalidad de garantizar una eficiente utilización de los fondos públicos y una mayor satisfacción de las necesidades de interés general y de los derechos fundamentales de las personas, aplicando de manera transversal criterios que aseguren el desarrollo sostenible y fomenten el uso de la tecnología.
Entre las novedades que incluye la pieza figuran los convenios marco, que son los acuerdos resultantes del procedimiento de selección de proveedores, gestionado y ejecutado por la Dirección General de Contrataciones Públicas para la adquisición de bienes y servicios comunes y estandarizados de uso frecuente por las instituciones públicas, en los cuales se establecerán precios y condiciones de entrega durante un tiempo definido.
De igual modo, se fortalecen los principios del sistema de contratación pública, incluyendo juridicidad, inclusión, debido proceso, objetividad, imparcialidad, idoneidad, planificación, sostenibilidad, favorabilidad de la producción nacional y favorabilidad del desarrollo local.
Se establece prohibición absoluta para la contratación con el Estado para el presidente, vicepresidente y sus parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado (hijos, cónyuge, padres, suegros, yernos y nueras, abuelos, hermanos, nietos y cuñados).
Entre otros temas innovadores, este proyecto de ley establece modalidades o procedimientos de contratación atendiendo a la cuantía y al objeto y las características de la prestación.
Los tipos de procedimiento serán, licitación pública, licitación pública abreviada, contratación simplificada, sorteo de obras, subasta inversa, contratación menor y contratación sujeta a umbral. De estos, la principal novedad es la licitación pública abreviada, que establece un plazo reducido para la contratación de bienes y servicios comunes y estandarizados.
En lo referente a las mipymes, la ley incrementaría de un 20 a un 30% el porcentaje del presupuesto reservado a contrataciones dirigidas a este sector empresarial y, dentro de este, de un 5 a un 10 % para las mipymes mujeres.
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