Las medidas que la presión ciudadana revirtió

Para algunos, demuestra cierta improvisación, para otros, se comporta como un verdadero demócrata que escucha a la sociedad. Para bien o para mal, el presidente Luis Abinader ha estrenado un estilo de gobernar no acostumbrado en la historia reciente, en el que se anulan decisiones debido al rechazo que generan en la sociedad.

Algunas de las veces en las que la administración de Abinader se ha retractado, ha reculado o echado para atrás alguna medida, ha dejado sin resolver temas que siguen siendo una tarea pendiente para los dos años que le quedan en el gobierno. Tal es el caso de la reforma fiscal.

Impuestos en Navidad y reforma fiscal

El presidente tuvo que dirigirse personalmente a la población en octubre del 2020, luego de dos meses en el cargo, para calmar los ánimos y declinar su intención de incluir un impuesto al salario de Navidad y otro del 3% a las compras en moneda extranjera en su propuesta de ley para el presupuesto del 2021.

Luego de haber afirmado que al llegar al gobierno encontró las arcas públicas completamente vacías y haber hecho énfasis en las dificultades que experimentaban las finanzas públicas, Abinader dijo el 9 de octubre que retiraría dichos impuestos.

Para cubrir la falta de recursos se había llegado a un acuerdo con la empresa minera Barrick Gold “para recibir adelantos de sus compromisos con el Estado que nos permitirá disponer de los recursos equivalentes a las nuevas medidas impositivas propuestas en el proyecto de presupuesto”.

Pero el presidente Abinader llegó al poder con la convicción de que el Estado tenía que buscar más ingresos para responder a todos sus compromisos y aseguraba que la República Dominicana “estaba quebrada”, por lo que insistía en la necesidad de una reforma tributaria.

Su antecesor, el expresidente Danilo Medina, había inaugurado su mandato en el 2012 con un aumento el ITEBIS del 16% al 18%, que se mantiene hasta el presente, con el que se gravaron productos como aceite comestible, el azúcar, el cacao y el café, hasta entonces exentos.

Las muchas explicaciones del mandatario de que no se trataría sólo de aumentar impuestos, sino de ampliar la base tributaria y hacer que los que tienen más paguen más, no bastaban para revertir la natural impopularidad de este tipo de medida.

Este escenario provocó que en octubre del año siguiente Abinader decidiera decirle al país que la reforma fiscal que se venía gestando se aplazaba, quedando pendiente indefinidamente.

El Gobierno, empezando por el actual ministro de Economía, Pavel Isa, siguen convencidos de que la República Dominicana necesita una reforma tributaria íntegra para poder llevar a cabo los proyectos de desarrollo.

Fideicomiso de Punta Catalina

Aunque el presidente Abinader ha creado fideicomisos para manejar una serie de asuntos públicos, el uso de este mecanismo para administrar la controversial Central Termoeléctrica de Punta Catalina creó suspicacias y un debate en la opinión pública.

Funcionarios como Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, salieron a explicar las implicaciones del fideicomiso. Almonte señalaba que la intención era despolitizar el manejo de la planta, que funcione como una empresa propiedad del Estado cuyos beneficios le pertenezcan, con un comité técnico presidido por una persona designada por el Poder Ejecutivo. La pieza había sido aprobada ya por la Cámara de Diputados.

Motivado por las presiones sociales, el Gobierno decidió retirar el contrato de fideicomiso de Punta Catalina del Congreso y enviarlo al Consejo Económico y Social (CES) para que la sociedad pudiera participar en el debate sobre la mejor manera de administrar la termoeléctrica, donde está hasta ahora.

El CES publicó en su portal en la Internet cinco propuestas que recibió de parte de ciudadanos y realizó un conversatorio sobre el tema el 10 de mayo.

Pacto Eléctrico

Uno de los logros del Gobierno fue firmar en febrero de 2021 el Pacto Eléctrico, cuya aprobación había estado pendiente desde que la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo la ordenó en el año 2012 para resolver los problemas de ese sector. Sin embargo, la aplicación de este histórico acuerdo nacional estaba provocando unos aumentos en la tarifa eléctrica de los consumidores que se extenderían hasta el 2026.

Los partidos de oposición, que firmaron el pacto, criticaban las alzas, uniéndose así a la queja social. De nuevo, el propio presidente de la República se dirigió al país a través de los periodistas que le seguían en una actividad celebrada en el auditorio de la Policía Nacional.

El mandatario aseguró que lo pactado no se iba a continuar aplicando y pidió al CES que convocara a los sectores allí representados para evaluarlo y adaptarlo a la nueva realidad. No sólo no se aplicarían los incrementos programados para el futuro, sino que se devolvería el exceso cobrado en julio.

Los ajustes se realizaron tres veces: en noviembre de 2021, y en enero y abril de 2022. Con el incremento de junio, la tarifa residencial subió un 9%. El objetivo era desmontar un subsidio que ronda los mil millones de dólares anualmente y hacer que los clientes paguen el costo real de la electricidad.

El CES se reunión el 25 de julio y decidió que “procederá a establecer la metodología correspondiente para presentar al Poder Ejecutivo las recomendaciones que mejor respondan a los reclamos y necesidades de la ciudadanía”, según una nota difundida por ese organismo.

Recorte de fondos a los partidos

Como una medida de austeridad ante una crisis de proporciones globales y bajo el entendido de que el año 2021 no iba a ser electoral, el presidente Abinader propuso a los partidos políticos recortar la asignación presupuestaria de 1,260 millones de pesos para dedicar el 50% a la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Santo Domingo Este.

Los políticos rechazaron la proposición, asegurando que otorgarles menos dinero sería un peligro para la democracia y el sistema de partidos.

Pero Abinader estaba firme en su decisión e insistió en que el recorte iba de todas maneras. “Reiteramos la posición del Gobierno de otorgar a los partidos políticos el 50% de los recursos asignados por la JCE. Todos debemos sacrificarnos en estos momentos”, escribió el mandatario en Twitter en noviembre del 2020.

Los legisladores de la oposición aprobaron el proyecto de presupuesto que había enviado el Poder Ejecutivo con una carta que explicaba que la mitad de los fondos asignados a los partidos sería redirigida al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), hoy Ministerio de la Vivienda, para construir una sucursal de la UASD. Luego, se negaron a aceptar el recorte y dijeron que eso no había sido lo que se aprobó.

Posteriormente, el ministro Administrativo de la Presidencia y presidente del gobernante Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, informó que el Gobierno repartiría a los partidos políticos el 100% de los recursos asignados.

La UASD todavía busca en Santo Domingo Este los terrenos para un nuevo recinto, pero todavía no ha podido encontrar alguno que pueda costear. Su exrectora, Emma Polanco, informó que los que habían encontrado eran demasiado costosos. Mientras tanto, la Academia utiliza las aulas prestadas de un colegio para celebrar las clases en ese municipio.

Carnés en la frontera

La administración Abinader ha puesto especial interés en el control de la inmigración proveniente de Haití, país para el cual ha pedido en vano apoyo de la comunidad internacional. El Ejecutivo gestionó la construcción de un muro fronterizo, dio un ultimátum a las empresas que tienen inmigrantes haitianos de manera irregular, ordenó evitar el ingreso al territorio dominicano de haitianas con más de seis meses de embarazo y diseñó un plan para identificar con carnés a los habitantes fronterizos.

Esta última medida se anunció, pero antes de que empezara un plan piloto, el director General de Migración, Enrique García, dio a conocer se suspendería debido a la inestabilidad en Haití y situaciones técnicas que faltaba estudiar.

El presidente Abinader incluso quitó a García de la Dirección General de Migración y nombró en su lugar a Venancio Alcántara el día 3 de agosto, con el decreto 414-22.

Balbiery Rosario

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Periodista y escritor egresado de la UASD con una trayectoria en prensa televisiva y varios medios impresos.