Plantean extranjeros no puedan adquirir bienes en zonas seguridad frontera

Un proyecto de ley busca que extranjeros o personas jurídicas extranjeras no puedan adquirir bienes inmuebles en lo que se denominaría la “zona de seguridad fronteriza” y establece que si esas empresas nacionales tienen socios dominicanos, éstos tampoco puedan transferir o endosar sus acciones a extranjeros.

Se trata del proyecto de ley que establecería el Régimen Jurídico de la Propiedad de las Tierras Fronterizas, el cual fue sometido el pasado 18 de agosto por el senador peledeísta por Elías Piña, Yván Lorenzo. Perimió en la anterior legislatura ordinaria.

La propuesta de ley consigna, en el artículo 39, que son transmisibles, a título oneroso o gratuito, los bienes inmuebles del dominio privado, ubicados en la zona de seguridad fronteriza, únicamente a favor de dominicanos y dominicanas, según los títulos legalmente adquiridos, siempre y cuando estén inscritas o reinscritas en el registro público correspondiente.

En tanto que, el párrafo 1, del mismo artículo, establece que “las personas naturales y las personas jurídicas extranjeras no pueden, de hecho o de derecho, adquirir bienes inmuebles en la Zona de Seguridad Fronteriza a ningún título, con las excepciones relativas a las concesiones o autorizaciones de arrendamiento otorgadas por el Poder Ejecutivo por medio de Acuerdo Presidencial, cuando existe interés público o social, de conformidad con esta ley (de ser aprobada) o leyes especiales”.

Añade, en el párrafo II, que las personas jurídicas nacionales con acciones nominativas con socios dominicanos, cuyas acciones no puedan ser transferidas o endosas a extranjeros, podrán adquirir bienes inmuebles en la zona de seguridad fronteriza para inversiones productivas de desarrollo sostenible.

Mientras que, el artículo 40 establece que la propiedad de un inmueble que se encuentre ubicado en ambos lados de la frontera y “que afecte la soberanía nacional”, está prohibida y que debe inscribirse, amojonarse o deslindarse en el Estado dominicano, lo que por soberanía le corresponde en cuanto al territorio”.

Clasificación fronteriza

La iniciativa propone que el territorio fronterizo sea clasificado en zonas de desarrollo e integración fronteriza y protección fronteriza, que estarían comprendidas desde el límite fronterizo convencional y los 25 kilómetros hacia el interior del territorio nacional. Dichas zonas deberán ser aprobadas por el presidente de la República, según el párrafo III, del inciso 3 del artículo 11. Otra tercera zona estaría en la clasificación, la de seguridad fronteriza, que abarcaría desde el límite fronterizo convencional hasta los 5 kilómetros hacia el interior del territorio nacional.

Titulación de tierras

El proponente del proyecto de ley, senador Yván Lorenzo, afirmó que más del 80 % de los terrenos fronterizos no están titulados y que se hace necesario que el Estado inicie un plan de titulación en toda la franja fronteriza hasta unos 25 kilómetros hacia dentro del territorio dominicano. Considera hay que fortalecer los mecanismos legales para que los haitianos no se adueñen con facilidad de los bienes inmuebles dominicanos. “El interés nacional y la soberanía tienen que estar por encima de cualquier cosa”, al cuestionársele sobre si esa ley no pudiera afectar la inversión extranjera.

Afirmó que muchos haitianos “se apoderan” de las propiedades de los dominicanos con facilidad aprovechando la falta de poder adquisitivo de los criollos. “Si eso se permite los haitianos desplazaran a los dominicanos en toda la franja fronteriza. Entonces la soberanía se va a ver comprometida”, reflexionó. El congresista Lorenzo sugiere tener mucha cautela con las actividades comerciales y en la adquisición de bienes inmuebles.

Yamalie Rosario

Periodista dominicana, uasdiana y con máster internacional. Ha trabajado en los periódicos Diario Libre y Listín Diario cubriendo noticias y reportajes de las áreas política, economía, educación y de revista. Ha ejercido la comunicación en radio, televisión, proyectos digitales y en Relaciones Públicas.