Apoyan fiscal Franklin Céspedes tras incidente con abogado Babado Torres
El expresidente del Colegio de Abogados fue detenido durante el suceso en SDE
Diario Libre
La Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera (Adofic) defendió la actuación del magistrado Franklin Céspedes, del Departamento de Delitos contra las Personas, de la Fiscalía de Santo Domingo Este (Ghapre) y quien acogió un acuerdo de desistimiento de un querellante, cuyo representante legal, Diego Babado Torres, estuvo “en desacuerdo”, lo que desencadenó en un incidente que terminó con el apresamiento del abogado.
El presidente de Adofic, Joel Baldemiro, explica que el querellante “hizo uso de sus derechos” al depositar un acto de desistimiento en el cual manifestaba su interés de no continuar con la acción judicial, por haber arribado a un acuerdo con la contra parte, razón por la que, afirma, el accionar de Babado Torres “es reprochable” y que constituye un tipo penal, según lo que establece el artículo 122 del Código Penal Dominicano.
En un comunicado de prensa, Adofic dice que el abogado y expresidente de la Asociación de Abogados de República Dominicana “procedió a transgredir la investidura del magistrado Franklin Céspedes, lo cual resulta altamente reprochable y como tal las autoridades del orden actuaron en consecuencia”.
Baldemiro sostuvo que es preocupante que se atente de manera directa contra la dignidad de los miembros del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones.
Recordó que el artículo 169 de la Constitución otorga al Ministerio Público la potestad de ser “el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad”.
El pasado fin de semana, el actual presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, cuestionó el apresamiento de su colega y solicitó a la procuradora general que investigue el suceso.
En su defensa al fiscal Céspedes, Adofic sostiene que “todas las partes que intervienen en un proceso están amparadas de derechos y deberes, sin dar lugar a la existencia de privilegio alguno” y que cada ciudadano debe reconocer y respetar la investidura de la cual están revestidos los miembros del Ministerio Público en su rol de representantes de la sociedad ante el sistema de justicia.
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