La Victoria, condenada a la explosión constante que genera su hacinamiento
En los últimos años se cuentan unos 21 muertos en riñas, incendios y brotes de enfermedades
Tania Molina
Como si fuera un volcán, la cárcel de La Victoria hace erupción constante, aflorando siempre las iniquidades, el hacinamiento y la vulnerabilidad en que se encuentran los que allí purgan sus penas.
La última emisión de sus males ocurrió el lunes, cuando el fuego generado por un cortocircuito, según el informe oficial preliminar, causó la muerte de unas 11 personas.
Pero en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria, cuyo traslado de lugar lleva años en espera, las desgracias son cíclicas. Solo en los últimos años se cuentan al menos 10 muertes ocurridas en incendios, riñas, motines y hasta brotes de enfermedades que se han reseñando en la prensa nacional. Los heridos o afectados suman decenas.
A las desgracias se suman las denuncias constantes de corrupción en el penal. En mayo de 2022, Roberto Santana, entonces asesor del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria, fijó en 7 millones de pesos a la semana el monto que recibía el jefe de seguridad del penal por permitir actividades prohibidas.
Las armas, de fuego y blancas, drogas, celulares y negocios de todo tipo, son "descubiertos" en grandes cantidades en los operativos que las autoridades hacen en el recinto carcelario.
"El incendio del día del lunes en la Penitenciaría Nacional de la Victoria es un reflejo de la falta de control, supervisión, gerencia, administración y, sobre todo, de prevención", dice Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de Defensoría Pública.
Para el abogado, lo que ocurre en ésta, como en muchas otras cárceles de República Dominicana, debe activar a la sociedad para que vea el tema de prisiones como una prioridad, pues, de lo contrario, seguirán pasando desgracias que lamentar.
Hacinamiento
La cárcel de La Victoria, que arrastra el nombre de la localidad de Santo Domingo Norte donde está ubicada, fue construida en 1952, en lo que algunos historiadores dicen que fue un intento de la dictadura de Rafael Trujillo Molina por aparentar respeto a los derechos humanos.
Su capacidad inicial era para 1,200 reclusos, pero en la actualidad alberga a 6,816, una cantidad que la convierte, además de la más grande, la más hacinada del país. Los datos que hasta enero de este 2024 publica la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Procuraduría General de la República indican que, del total, 3,669 (el 53.8 %) tienen condena, mientras los restantes 3,147 (46.1 %) están preventivos.
En el informe sobre las Condiciones de Detención y de Prisión 2022, que hizo la Defensa Pública, encontró que ante las condiciones de hacinamiento que tiene el penal, muchos de los reclusos carecen de camas y tienen que dormir en el piso.
"La mayoría duerme en el suelo, muchos sin el soporte siquiera de una colchoneta. Muchos internos duermen en los pasillos, en los baños, algunos de estos son letrinas; también duermen en las áreas comunes como el comedor, en las iglesias, etc", se lee en el documento.
A mayor estrechez, aumentan las vulnerabilidades. En 2018 un recluso identificado como Yohairo Henríquez murió y otros dos resultaron heridos, cuando intentaron conectar un abanico y eso provocó una descarga eléctrica que generó un conato de incendio.
Dos años antes, en marzo de 2016, un brote de cólera provocó la muerte de cuatro reclusos en La Victoria, y otras 46 personas resultaron afectadas. Salud Pública informó entonces que el brote se originó en un área ocupada por 900 personas que combinaban en el mismo lugar sus actividades de baño, cocina y sanitario.
En el penal se suceden también las riñas, con estelas de muertes y heridos. La prensa nacional registra la muerte de tres personas y heridas a diez en medio de una riña, ocurrida en enero de 2022, entre dos grupos que se disputan control dentro del penal.
También se publicó el caso de un hombre que murió y otros dos que resultaron heridos durante una pelea entre ellos, ocurrido en enero de 2020. En abril de ese año se produjo un motín en el que cinco presos y un policía resultaron heridos. La revuelta se justificó en las quejas de los internos por los afectados de Covid-19 que, según decían, eran más que los que se informaban oficialmente.
El sueño de una nueva Victoria
En marzo de 2017, el entonces presidente Danilo Medina anunció la construcción de dos cárceles para trasladar a los presos de La Victoria. Los detalles de la obra los dio después el entonces procurador general de la República Jean Alain Rodríguez cuando presentó su Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, que tendría una inversión superior a los 170 millones de dólares, según anunció en 2018.
La Victoria se mudaría a Las Parras, en San Antonio de Guerra y tendría 12 recintos con capacidad para unas 9,000 personas. A principios de agosto de 2020 fue inaugurada la primera fase de la cárcel, pero desde el cambio de gobierno, que se dio el 16 agosto de ese año, la obra fue cuestionada. Primero, Roberto Santana, en su condición de presidente de la Academia Regional Penitenciaria, dijo que la cárcel no cumplía con los estándares internacionales y que había duplicado su costo.
Ante las quejas de algunos sectores para que se produjera el cierre de La Victoria y se trasladaran los reclusos a Las Parras, la actual procuradora Miriam Germán Brito cuestionó públicamente que la obra se inauguró cuando había "no pocas cosas por hacer todavía".
Un informe de la Cámara de Cuentas, dado a conocer en junio de 2022, encontró irregularidades en el uso de los recursos destinados al Plan de Humanización, incluido La Parras.
A mediados de 2021, la propia Procuraduría General de la República hizo acusación formal contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, alegando malversación de recursos en el Plan de Humanización, el que se habría utilizado, según la nota oficial, en un esquema de desfalco y sobornos. La acusación llevó a la paralización de los trabajos de construcción de las instalaciones pendientes de construir en Las Parras, pues la obra en pleno pasó a ser parte del objeto de investigación denominada Operación Medusa, que encaminaron la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución.El caso, todavía en fase de instrucción, abarca al exprocurador, empleados y suplidores de la Procuraduría. A la fecha, el lugar que terminaría con el hacinamiento de La Victoria luce en total abandono, donde la maleza es la única interna en sus múltiples edificios.Aunque se mantiene la esperanza del traslado, su materialización está lejos, dijo el presidente Luis Abinader el lunes. "Las Parras está muy lejos de terminarse. Alegó la falta del presupuesto de terminación, que lo estiman en unos 1,600 millones, y de la construcción de un drenaje que se prevé como solución al "pantano" donde la obra fue levantada.
Tania MolinaEs periodista en Diario Libre.
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