Irregularidades en Senasa: claves del caso que mantiene al asegurador en crisis
Incluye auditorías y denuncias de fraude en el sistema de salud
Diario Libre
El Seguro Nacional de Salud (Senasa) atraviesa su crisis institucional más profunda, luego de que, a mediados del mes de septiembre, salieran a la luz denuncias sobre irregularidades administrativas, presuntas autorizaciones fraudulentas y fallos sistemáticos en los controles internos de la institución.
Las revelaciones han desencadenado una serie de medidas del Gobierno y el inicio de auditorías especiales para determinar el alcance del daño.
De acuerdo con los reportes, Senasa habría autorizado miles de procedimientos médicos que nunca se realizaron y que, sin embargo, fueron facturados y cobrados por prestadores privados. Parte de estas gestiones se habría efectuado mediante un "call center paralelo" operado por exempleados, que manejaba autorizaciones utilizando datos reales de afiliados sin su conocimiento.
Las anomalías también incluyen el aumento desproporcionado de la nómina, decisiones administrativas sin sustento normativo y retrasos extendidos en los pagos a prestadores, lo que derivó en sanciones por mora.
Crisis
Frente a las crecientes denuncias, el Gobierno informó que desde noviembre de 2024 había remitido a la Procuraduría General de la República una solicitud formal para investigar posibles irregularidades.
En medio de la crisis, el presidente Luis Abinader destituyó al entonces director de Senasa, Santiago Hazim, quien acudió este sábado a la PGR junto a su abogado, Miguel Valera.
En sustitución de Hazim, Abinader designó a Edward Guzmán para encabezar un proceso de reestructuración interna.
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Esta semana, la Cámara de Cuentas confirmó que tiene en curso tres auditorías vinculadas a Senasa: una financiera, una forense solicitada por el Ministerio Público y otra ordinaria. La ya publicada, correspondiente al periodo 2017-2019, arrojó observaciones por más de RD$4,200 millones en compras irregulares, violaciones de procedimientos y registros contables inconsistentes.
Sectores políticos y sociales han cuestionado que esa auditoría no abarque los años más recientes, precisamente los señalados en las denuncias.
Como parte de las medidas de saneamiento, Senasa suspendió contratos con 10 centros privados del régimen subsidiado que operaban bajo tarifa fija, migrándolos al esquema de pago por servicios. La institución también anuló acuerdos con proveedores mientras revisa los mecanismos de expendio de medicamentos y autorizaciones.
Las revelaciones han provocado preocupación en el sector salud y entre los millones de afiliados al régimen público, ante el riesgo de afectaciones en la prestación de servicios. Mientras tanto, el Ministerio Público avanza en el análisis de las evidencias recibidas, incluido el material solicitado a programas periodísticos que investigaron el caso.
El proceso continúa abierto y se espera que las auditorías y las investigaciones judiciales definan el alcance exacto del presunto fraude y las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.
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