Los Gadala-María: industria, estigma y una deuda pendiente del Estado dominicano
Un emporio confiscado: el apellido arrastra una historia que inicia mucho antes del Parque Jaragua y de las sentencias del TSA
Diario Libre
En la República Dominicana de mediados del siglo XX, cuando la palabra "industria" todavía sonaba a promesa y no a estadística, un empresario salvadoreño desembarcó con capital, contactos y una intuición adelantada a su tiempo. Se llamaba Elías Gadala-María Dada. Su apellido, hoy envuelto en litigios, acusaciones y controversias ambientales, arrastra una historia que comienza mucho antes del Parque Nacional Jaragua y de las sentencias del Tribunal Superior Administrativo.
Comienza en la dictadura
Entre 1957 y 1960, Gadala-María fungió como agregado comercial de Costa Rica en el país. Pero su verdadera apuesta no era diplomática, sino empresarial. Compró acciones en Industria Nacional del Vidrio y Fasaco; impulsó proyectos textiles; invirtió en sal, yeso y sisal. En una economía donde casi todo pasaba por el cedazo del poder trujillista, él intentó abrir espacio a una industria moderna que, según su familia, no dependiera exclusivamente del monopolio político.
El país vivía bajo la sombra de Rafael Leónidas Trujillo. Prosperar sin tocar el régimen era difícil; hacerlo sin sospecha, casi imposible. Tras el ajusticiamiento del dictador en 1961, la nueva atmósfera política no significó necesariamente justicia automática. A veces, significó revancha, confusión o ajustes de cuentas.
Cantidad de documentos que la familia sostiene que probarían que el capital del patriarca no nació al calor del trujillismo.
El estigma
En 1962, la Ley 5816 ordenó la confiscación de bienes de personas vinculadas al régimen. El nombre de Gadala-María apareció en esa lista, señalado como supuesto testaferro, acusado de enriquecimiento ilícito y de prácticas que incluían la utilización de presos políticos como mano de obra. Meses antes, ya le habían sido expropiadas dos industrias: Sal y Yeso Dominicanos y Sisal Dominicano.
La familia sostiene que aquella acusación fue una mancha sin pruebas suficientes. Que el empresario había llegado con fortuna propia. Que su capital no nació a la sombra del trujillismo. Pero en los años convulsos que siguieron a la dictadura, la presunción pública solía inclinarse hacia la culpa.
El relato familiar insiste en que Gadala-María acudió al Tribunal de Confiscaciones para defenderse. El expediente judicial, largo y espeso, culminó el 9 de julio de 1969 cuando la Corte de Apelación de Santiago lo declaró "no culpable de enriquecimiento ilícito" y ordenó la devolución de sus industrias.
Ese día, en el papel, el estigma quedó limpiado.
Pero la historia no terminó ahí.
Absolución sin restitución
Aunque recuperó algunos bienes y títulos, la devolución completa nunca se ejecutó. En 1966, con la creación de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, muchos activos confiscados —incluidos los suyos— fueron transferidos a esa estructura pública. El Estado se convirtió en administrador y luego en sepulturero de varias de aquellas empresas.
Según el relato de sus descendientes, lo que no destruyó la sospecha lo terminó por quebrar la burocracia.
Décadas más tarde, Joaquín Balaguer lo designó asesor honorífico de la Presidencia. Un gesto político que, visto en retrospectiva, parece un reconocimiento tácito de que el empresario no era el caricaturizado testaferro del régimen. Sin embargo, la restitución plena nunca llegó.
Los Gadala-María sostienen que el Estado se apropió y quebró industrias que pudieron formar parte del despegue productivo dominicano. Y que, 64 años después, la deuda patrimonial sigue abierta.
Geografía de un despojo
Las huellas de aquel emporio disperso aún pueden rastrearse en el mapa.
En Santo Domingo Este, la parcela 81 —donde hoy se levantan instalaciones de AES Dominicana y el Palacio de Justicia— fue parte de ese entramado empresarial. En la avenida Máximo Gómez, frente al Cementerio Nacional, operaban Fasaco y la refinería de Sal y Yeso; hoy funcionan allí oficinas públicas y edificios de apartamentos.
En el sur profundo, plantaciones en Azua, Oviedo y Pedernales —incluida la zona donde se encuentra el Parque Eólico Los Cocos— formaban parte de su patrimonio. También en el norte del país.
El relato adquiere, entonces, un tono casi simbólico: el Estado que heredó la transición democrática terminó administrando —y transformando— espacios que antes pertenecieron a un extranjero que apostó por industrializar el país.
El caso Gadala-María es, en el fondo, una ventana a la transición dominicana. Muestra cómo el proceso de desmontaje del régimen trujillista produjo, junto con justicia necesaria, zonas grises donde la confiscación y la política se mezclaron. Y cómo, décadas después, esos vacíos reaparecen en tribunales administrativos y debates ambientales.
La pregunta que flota es incómoda: si un tribunal absolvió y ordenó devolver, ¿por qué la restitución nunca fue plena? Y si el Estado se apropió y quebró empresas, entonces existe una responsabilidad patrimonial pendiente.
Más allá de simpatías o reservas, el caso interpela al Estado dominicano sobre su propia memoria institucional. No solo sobre lo que confiscó, sino sobre lo que hizo después con aquello que confiscó.
Los apellidos, al final, no son solo linaje. Son archivo. El de los Gadala-María parece todavía abierto.
Jaragua y el presente
La historia volvió al centro del debate con la reciente sentencia de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo sobre el Parque Nacional Jaragua. El nieto, Ricardo Gadala-María, sostiene que su abuelo compró terrenos en disputa a la familia Mota y que el reclamo actual no busca apropiarse de áreas protegidas, sino exigir la aplicación de la Ley 266-04 que crea el Polo Turístico de la Región Suroeste. Las tierras son legítimamente de la familia, aduce, desde hace largo tiempo.
El conflicto ya no es solo patrimonial; es ambiental, jurídico y político. De un lado, grupos ecologistas alertan sobre el precedente que podría sentar la reducción de áreas protegidas. Del otro, los herederos argumentan que existen derechos adquiridos previos a la declaratoria ambiental y que la ley permite la coexistencia de propiedad privada con restricciones de uso.
La controversia reaviva un viejo dilema dominicano: ¿cómo equilibrar desarrollo y conservación? ¿Cómo reparar injusticias históricas sin abrir puertas peligrosas para el patrimonio natural?
Una familia bajo sospecha
Ricardo Gadala-María denuncia una campaña de descrédito contra su apellido. Niega que pertenezcan a una "mafia" de apropiación de tierras y anuncia acciones legales por difamación. Asegura que antes de acudir a los tribunales enviaron cartas al presidente Luis Abinader y al ministro de Medio Ambiente sin obtener respuesta.
La familia habla de 20,000 documentos que probarían que el capital del patriarca no nació al calor del trujillismo, sino que fue traído desde el extranjero. Sus detractores, en cambio, sostienen que nadie prosperaba en aquel sistema sin alguna forma de connivencia.
En ese cruce de memorias y sospechas, la verdad histórica se vuelve más compleja que un expediente judicial.
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