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Dos muertes infantiles estremecen a San Cristóbal y reavivan alertas sobre violencia contra menores

En menos de dos meses, los fallecimientos de Raudiel Steven Martínez, de 10 años, y Milianny Linarez, de 6, reflejan una realidad marcada por entornos vulnerables, conflictos entre menores y fallas en la protección infantil

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Dos muertes infantiles estremecen a San Cristóbal y reavivan alertas sobre violencia contra menores
Ana Mercedes Corporán, madre de Raudiel Martínez. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Con apenas 52 días de diferencia, la provincia de San Cristóbal sufrió la pérdida de dos menores de edad en hechos trágicos y violentos.

El caso más reciente es el de Raudiel Steven Martínez, de 10 años. Al niño lo hallaron muerto el jueves 7 de mayo en una cañada del distrito municipal Hato Damas, con laceraciones en la espalda, luego de que sus familiares reportaran su desaparición desde el miércoles 6.

Caso Raudiel

Por la muerte de Raudiel, las autoridades acusan a un adolescente de 14 años. Según versiones ofrecidas por familiares del niño, el menor condujo a agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) hasta el lugar donde se encontraba el cadáver.

El sábado 9 de mayo, un juez de la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal dictó 60 días de prisión preventiva contra el adolescente, el mayor plazo establecido para menores de edad.

La medida será cumplida en el centro correccional Ciudad del Niño, en el municipio Santo Domingo Oeste.

Además del adolescente imputado, Ana Mercedes Corporán, madre de Raudiel, atribuye el hecho a otros tres menores de edad que, según sus declaraciones, habrían ultimado al niño por un conflicto relacionado con un pez betta.

Sigue la violencia

Este domingo 10 de mayo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió sobre la necesidad de fortalecer los núcleos familiares para enfrentar la violencia y mejorar la convivencia social en el país.

“La violencia no se va a resolver desde la justicia; la violencia se tiene que resolver desde la familia, desde las escuelas y desde la sociedad”, afirmó Reynoso durante una conferencia en Moca.

En República Dominicana, la violencia contra menores permanece como una preocupación estructural. Aunque la tasa general de homicidios mostró reducciones y se situó en 7.47 por cada 100,000 habitantes a inicios de 2026, los casos que involucran a niños, niñas y adolescentes todavía generan alarma.

Entre 2018 y 2022, el país registró 212 homicidios intencionales de menores de edad. Además, distintos reportes, señalan que alrededor del 70% de los niños de entre tres y cuatro años experimenta métodos violentos de disciplina, incluyendo maltrato físico y psicológico.

A principios de 2026, las autoridades policiales también manifestaron preocupación por el incremento de homicidios cometidos por menores de 17 años, tras varios casos registrados durante 2025, entre ellos hechos ocurridos en centros educativos, agresiones familiares, robos y conflictos entre bandas.

Caso Milianny

Los residentes de la comunidad Sabana Toro, en San Cristóbal, todavía recuerdan la muerte de Milianny Linarez, de 6 años, como un hecho que marcó a ese lugar.

Para el Ministerio Público, la madre de la niña, Yoleydi Linarez Araujo, es responsable del homicidio.

El caso generó conmoción desde el inicio. La mañana del miércoles 11 de marzo, los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes acudieron a socorrer a la mujer mientras descendía desde el último piso de un edificio de tres niveles con la niña en brazos.

Trasladaron a la menor al Hospital Juan Pablo Pina, donde luego la declararon como muerta.

En sus primeras declaraciones, la joven aseguró a familiares y vecinos que salió al colmado por unos minutos y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño.

Sin embargo, el 6 de mayo las autoridades ejecutaron la orden de arresto número 01541-2026-AJOR-01432 contra la mujer, señalada por el Ministerio Público como autora material del crimen, tras levantamientos de cámaras, entrevistas, interrogatorios y recopilación de evidencias.

“El fallecimiento ocurrió por muerte violenta, de etiología médico-legal homicida, siendo la causa de muerte asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios”, establece el informe de autopsia judicial emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal aplazó este sábado el conocimiento de la medida de coerción contra la imputada y reprogramó la audiencia para el martes 12 de mayo a las 9:00 de la mañana, informó el abogado de la defensa, Abraham Sims.

Según explicó el jurista, solicitaron el aplazamiento para preparar los presupuestos y reunir elementos para la estrategia de defensa.

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Periodista y docente universitaria, creadora de la columna Negrita Come Coco. Es exbecaria Fulbright y posee una maestría de la Universidad del Sur de la Florida. Entre sus coberturas se destacan historias sobre derechos humanos, migración, género y temas del Caribe.