Más de 400 empleados fueron desvinculados de Migración por faltas administrativas
Las desvinculaciones se produjeron entre octubre de 2024 y junio de 2026
La institución afirmó que mantienen controles administrativos y disciplinarios para prevenir faltas en aeropuertos, puertos y puntos fronterizos
Luis Silva
En un año y medio, la Dirección General de Migración (DGM) desvinculó a 423 empleados por distintas faltas administrativas, lo que representa aproximadamente el 12 % de su nómina de trabajadores fijos, que al mes de mayo estaba compuesta por 3,585 colaboradores.
La institución sostiene que mantiene una política de cero tolerancia frente a las irregularidades, pero los casos registrados plantean interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos internos de supervisión y prevención.
Según explicó a Diario Libre el director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, las desvinculaciones se produjeron entre octubre de 2024 y junio de 2026. De ese total, 117 correspondieron a la aplicación de los artículos 84 y 94 de la Ley 41-08 de Función Pública, que contemplan sanciones por faltas graves cometidas por servidores públicos.
Uno de los casos más recientes concluyó con el apresamiento de un inspector migratorio acusado de solicitar 100 mil pesos a una mujer en la provincia La Altagracia, a cambio de facilitar su salida a España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El hecho puso en tela de juicio los controles éticos de una institución que debe velar por la correcta implementación de la política migratoria del país para garantizar la seguridad y soberanía nacional.
Además del incumplimiento de normas y procedimientos institucionales, entre las principales faltas disciplinarias identificadas en miembros de la Dirección General de Migración figuran los incumplimientos del horario de trabajo, las inasistencias y ausencias injustificadas.
También se incluyen el trato inadecuado al usuario, el uso indebido de herramientas institucionales, malas prácticas en el manejo de inmigrantes irregulares detenidos y la desobediencia a instrucciones superiores.
El director de Migración afirmó que la institución mantiene controles administrativos, operativos y disciplinarios para prevenir irregularidades en aeropuertos, puertos y puntos fronterizos, mediante supervisión jerárquica, investigaciones internas, labores de inteligencia y aplicación del régimen disciplinario previsto en la Ley de Función Pública.
Además, manifestó que, como complemento de estas acciones, la institución desarrolla programas permanentes de capacitación orientados al fortalecimiento de la ética pública, la integridad institucional y la prevención de riesgos de corrupción.
Disposiciones legales
El vicealmirante Lee Ballester reiteró que la institución mantiene una política de cero tolerancia frente a actuaciones contrarias a la ley por parte de sus miembros.
Por ello, subrayó que la DGM aplica lo dispuesto en la Ley 41-08 de Función Pública, la cual establece que la comisión de faltas de tercer grado puede dar lugar a la destitución del cargo dentro de la administración pública mediante una decisión administrativa.
El artículo 84 de la normativa establece las causas por las cuales un empleado público puede ser desvinculado, entre ellas; el manejo fraudulento de fondos o bienes del Estado, beneficiarse económicamente, favorecer a terceros, asociarse con contratistas del órgano donde se trabaja, recibir dádivas, comisiones o gratificaciones indebidas, prestar asesorías pagadas a entidades públicas, contraer obligaciones con personas vinculadas al cargo o cobrar compensaciones por servicios no realizados.
Otros supuestos incluyen emitir certificaciones falsas, ser condenado penalmente, aceptar cargos o distinciones extranjeras sin autorización, acosar sexualmente usando la jerarquía o el cargo, retrasar pagos de indemnizaciones, incumplir decisiones administrativas o judiciales, afectar la prestación normal del servicio, interrumpir labores institucionales, negarse a colaborar en calamidades públicas, reincidir en faltas de segundo grado o cometer hechos similares por gravedad.
Lee Ballester declaró que, antes de procesar una desvinculación, la institución investiga toda denuncia o información que contenga indicios de actuaciones contrarias a las normas internas, por lo que los procesos se activan cuando existen elementos que justifican la apertura de una investigación.
Indicó que las indagaciones pueden arrojar resultados que demandan la adopción de medidas contras las personas involucradas, como la suspensión preventiva del servidor mientras concluyen las pesquisas.
No obstante, destacó que, cuando se determina la responsabilidad administrativa o penal, se aplican las sanciones previstas en la normativa vigente o se remiten los casos a las autoridades competentes, según corresponda.
Cuando las investigaciones administrativas identifican posibles infracciones penales, los expedientes son remitidos al Ministerio Público (MP) para los fines correspondientes.
La Dirección General de Migración indicó que durante el período enero-junio de 2026, la Dirección Jurídica emitió opinión en 88 expedientes relacionados con procesos de desvinculación por faltas graves, como parte del trámite previo a la decisión administrativa.
Asimismo, informó que, durante el período señalado, se remitieron siete casos al órgano persecutor al identificarse indicios de posibles infracciones penales durante las investigaciones administrativas.
De acuerdo con la institución, de esos expedientes, uno concluyó con una sentencia condenatoria de dos años de prisión por el delito de falsificación de documentos, mientras que los demás permanecen bajo conocimiento de las autoridades competentes.
Manejo de las denuncias
El director de Migración informó que, entre enero de 2025 y el 30 de junio de 2026, el Departamento de Atención al Usuario registró 182 denuncias recibidas a través de los diferentes canales institucionales.
No obstante, Lee Ballester aclaró que ese total no corresponde exclusivamente a denuncias por presuntos sobornos, extorsión o cobros irregulares, sino que incluye diferentes inconformidades relacionadas con actuaciones del personal y la prestación de servicios migratorios.
En cuanto a las denuncias vinculadas a los presuntos cobros indebidos, sobornos o extorsiones, indicó que fueron remitidas a la Dirección de Asuntos Internos, donde, según afirmó, el 100 % de los casos recibidos fue investigado.
Con relación al caso ocurrido en La Altagracia, el vicealmirante Lee Ballestar sostuvo que los procesos que han llegado a los tribunales se han originado a partir de informaciones recopiladas por las direcciones de Inteligencia Migratoria, Contrainteligencia, Investigaciones y Control Migratorio, así como por denuncias de personas que alegan haber sido víctimas de engaños o extorsiones por parte de miembros de la institución.
Explicó que, luego de analizar las informaciones y determinar la existencia de elementos probatorios, los expedientes son compartidos con el Ministerio Público para proceder con las acciones judiciales correspondientes.
Entre las autoridades con las que la DGM coordina estos procesos mencionó a la procuradora general, Yeni Berenice; el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho; así como la magistrada Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y Yohana Bejarán, de la Procuraduría Especializada contra la Trata y Tráfico de Personas.
Luis SilvaLicenciado en Comunicación Social, mención Periodismo, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con trayectoria en periódicos de la República Dominicana.