Centro para adolescentes en conflicto con la ley en Barahona está terminado, pero aún no funciona
Las estadísticas indican que entre 2021 y 2025 solo 38 adolescentes fueron privados de libertad en Barahona, lo que plantea interrogantes sobre la población que atenderá el nuevo centro

El Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, iniciado en 2019 y construido en el trayecto Barahona-La Guázara, está prácticamente terminado, pero todavía no entra en funcionamiento porque las autoridades evalúan su uso ante la baja cantidad de menores privados de libertad en esta provincia.
Praede Olivero Féliz, coordinador de las diez provincias del sur de la Oficina de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep) y asesor de la Dirección General de Prisiones y Servicios Penitenciarios (DGPSP), informó que el centro tiene capacidad para 170 internos y puede ser ampliado hasta 180.
Explicó que cuando las actuales autoridades asumieron el proyecto, la obra tenía un avance de aproximadamente 65 %, mientras que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mivhed) ha destinado alrededor de RD$70 millones adicionales, incluido el equipamiento, para su terminación.
El proyecto fue iniciado el 1 de enero de 2019 durante la gestión del entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, con una inversión prevista de RD$113,784,814.96 y una fecha de entrega programada para el tercer trimestre de ese mismo año.
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Una obra pendiente de definición
Olivero Féliz explicó que la terminación del centro se retrasó, entre otras razones, por el colapso de una pared durante las fuertes lluvias del 2 de noviembre de 2025. La estructura fue sometida a estudios para determinar las causas del desplome y reconstruirla bajo condiciones que eviten que vuelva a ocurrir.
Sin embargo, la principal interrogante ahora es qué población será atendida en las instalaciones.
El funcionario señaló que se analiza la posibilidad de que el centro reciba adolescentes de las provincias de Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, debido a que las estadísticas muestran una baja cantidad de menores en conflicto con la ley penal en Barahona.
También se han planteado otras alternativas, como destinar parte de las instalaciones a personas de 18 años en adelante o adultos envejecientes, aunque Olivero Féliz aclaró que no existe todavía una decisión definitiva.
"Estamos estudiando otras opciones", manifestó.
Agregó que sostuvo una reunión con representantes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y su comisión de justicia, organismo que se comprometió a documentar la cantidad de menores en conflicto con la ley penal existentes en Barahona.
38 adolescentes privados de libertad entre 2021 y 2025
Teresa Luperón, secretaria del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes y del Juzgado de la Instrucción de ese distrito judicial, explicó que actualmente los adolescentes a quienes se les impone prisión preventiva son trasladados al centro de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.
Indicó que las estadísticas del tribunal registran 38 adolescentes privados de libertad entre 2021 y 2025 por diferentes delitos.
Los casos que con mayor frecuencia generan privación de libertad están relacionados con violación sexual, homicidio, drogas y robo agravado, aunque también se conocen expedientes por porte de armas ilegales y riñas.
Luperón señaló que, dependiendo de los casos, entre 15 y 20 adolescentes pueden ser enviados anualmente a Manoguayabo, aunque destacó que la incidencia ha disminuido en comparación con años anteriores.
35 casos en lo que va de 2026
La funcionaria reveló que entre enero y agosto de 2026 ya suman 35 los adolescentes en conflicto con la ley penal presentados en ese tribunal por diferentes delitos. Unos han sido enviados a Manoguayabo con medidas de privación, mientras a otros les imponen presentación periódica dependiendo la gravedad del delito.
Explicó que, aunque permanecen recluidos en Santo Domingo, son trasladados a Barahona cuando deben comparecer ante los tribunales y posteriormente regresan al centro de Manoguayabo.
Una vez dictada una condena, cumplen la sanción en ese recinto y, cuando alcanzan la mayoría de edad, se realizan las diligencias procesales para su traslado al sistema penitenciario de adultos.
La pena máxima impuesta a un adolescente en ese tribunal ha sido de cinco años, dependiendo de la gravedad del delito.
Luperón consideró que la puesta en funcionamiento del centro de Barahona permitirá que los adolescentes de Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales cumplan las medidas de privación de libertad más cerca de sus comunidades, evitando los constantes traslados hacia Manoguayabo.
No obstante, las autoridades deberán definir primero el alcance definitivo de las instalaciones y su población penitenciaria antes de proceder con su inauguración.

Omar Medina