Migración y Conani revisan protocolos para el manejo de menores en condición migratoria irregular
Las instituciones coordinan acciones para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad migratoria
Diario Libre
La Dirección General de Migración (DGM) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) revisaron este viernes los protocolos de actuación y manejo de menores de edad en contexto de movilidad migratoria.
El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la coordinación entre ambas instituciones y garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes involucrados en procesos de control migratorio, bajo un enfoque de protección integral y respeto a su dignidad.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, destacó la importancia del diálogo institucional para identificar desafíos y buscar soluciones, al tiempo que señaló que los procedimientos deben ajustarse a las leyes que rigen estas actuaciones.
Durante la reunión celebrada en el Centro de Procesamiento Migratorio de Haina, también fueron revisados los mecanismos de coordinación y los protocolos aplicables a estos casos, y se adoptaron decisiones orientadas a fortalecer la respuesta de las instituciones, informó Migración en un documento de prensa.
Reunificación familiar
Lee Ballester afirmó que la reunificación familiar debe analizarse dentro del marco legal migratorio.
"La reunificación familiar no puede justificar en ningún momento la permanencia irregular de extranjeros en condición migratoria irregular en territorio dominicano", advirtió.
Por parte del Conani participó su presidenta ejecutiva, Ligia Pérez Peña, acompañada de la directora ejecutiva, Alexandra Santelises, asesores legales y una delegación de trabajo.
Pérez Peña valoró la coordinación y el cumplimiento de los roles entre ambas instituciones, dentro de las normativas vigentes, para fortalecer la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en movilidad, tanto acompañados como no acompañados, cuya protección es una prioridad para el órgano rector, en el marco de las reunificaciones familiares, los retornos asistidos y las deportaciones.
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