Presidente Abinader crea fuerza de tarea para el combate del comercio ilícito y fiscalizar negocios
El organismo coordinará inspecciones tributarias, laborales, migratorias y sanitarias, con participación de 14 representantes institucionales

El presidente Luis Abinader creó, mediante el Decreto 818-26, una fuerza de tarea interinstitucional para combatir el comercio ilícito, la evasión tributaria, las irregularidades laborales y migratorias y otras prácticas que afectan la competencia entre los establecimientos comerciales de la República Dominicana.
La disposición, firmada el 16 de noviembre, establece un mecanismo de coordinación de las instituciones responsables de fiscalizar las actividades de importación, distribución y comercialización de mercancías, así como de investigar posibles operaciones vinculadas al lavado de activos.
Medidas anunciadas
La medida se produce en medio de los operativos que distintas autoridades desarrollan contra establecimientos comerciales, incluidos numerosos negocios de propietarios chinos, donde se han detectado presuntas violaciones de normas fiscales, laborales, migratorias y sanitarias.
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La nueva fuerza de tarea dependerá funcionalmente del presidente de la República, estará coordinada por el Ministerio de la Presidencia y recibirá financiamiento del Ministerio de Hacienda y Economía.
Entre sus integrantes figuran los ministerios de Trabajo, Salud Pública, Industria y Comercio y Vivienda, además de las direcciones generales de Aduanas, Impuestos Internos y Migración.
También participarán Pro Consumidor, ProCompetencia, la Unidad de Análisis Financiero y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios.
Próximos pasos
El decreto dispone que, en un plazo de 30 días desde su entrada en vigencia, se elabore un Plan Nacional para la Integridad Comercial y el Combate al Comercio Ilícito.
Ese programa establecerá mecanismos de fiscalización conjunta, intercambio de información y seguimiento de las operaciones comerciales, especialmente en sectores donde se identifiquen mayores riesgos de incumplimiento.
La disposición precisa que las inspecciones deberán responder a criterios técnicos y objetivos, sin discriminación por nacionalidad ni por el origen del capital de las empresas.
El organismo contará con un director ejecutivo designado mediante decreto presidencial y deberá presentar informes trimestrales al mandatario sobre los resultados de sus actuaciones.
La fuerza de tarea tendrá carácter temporal y quedará disuelta una vez cumplida la misión para la cual fue constituida.

