Negro Veras advierte sobre disposición de Defensa Pública

  • Denuncia defensor público no acató una decisión de los jueces
El jurista de Santiago Ramón Antonio Veras.

SANTO DOMINGO. El reputado jurista de Santiago, Ramón Antonio (Negro) Veras, denunció que una Instrucción General emitida por la Oficina Nacional de Defensa Pública viola los preceptos constitucionales, y contribuye con una especie de eternización del proceso seguido al empresario Adriano Román, quien está acusado de atentar en contra del abogado y comunicador Jordi Veras.

Manifestó que la disposición de la directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Laura Hernández Román, "resulta totalmente inaplicable para el caso de mi hijo Jordi, puesto que mucho antes de ésta haber sido dictada, el 17 de octubre de 2013, ya el tribunal que conoce de este caso le había respondido a Adriano Román que el defensor público que se le reasignó en la última audiencia, por lo que debía quedarse hasta que el nuevo defensor privado que éste escogiera, estuviera preparado para conocer el juicio".

Expuso que en el curso de la última audiencia del pasado 24 de febrero, Adriano Román anunció al tribunal el retiro de la abogada que hasta ese momento le asistía.

Asimismo, indicó la designación de otros dos nuevos, presentes en el tribunal, los cuales, de inmediato, formularon un pedimento que fue rechazado.

También interpusieron recurso de oposición, y porque no le fue acogido, procedieron a abandonar la sala de audiencia. Veras manifestó que, ante esa situación, el tribunal procedió a reasignarle a Román, un defensor público, el mismo que durante varias audiencias en el pasado año le defendió.

"En ocasión de esta decisión del tribunal y, a pesar de estar presente en la sala de audiencia el defensor público reasignado a Adriano Román, no acató la decisión adoptada".

El jurista detalló que en este momento, para de alguna forma pretender justificar lo que califica como desacato asumido, hizo acto de presencia la coordinadora de la Defensoría Pública en Santiago, Ramona Curiel, quien explicó al tribunal que el 31 de enero la Defensoría Pública Nacional, había dictado una "Instrucción General", sobre la imposibilidad de prestar asistencia legal a imputados solventes.

20140301 http://www.diariolibre.com

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